Europa se?ala

La Comisi¨®n Europea se pronunci¨® este mi¨¦rcoles sobre la calidad del Estado de derecho de los distintos Estados miembros y Espa?a no qued¨® bien parada. El informe llama la atenci¨®n sobre la par¨¢lisis en la renovaci¨®n de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, bloqueada por el Partido Popular desde hace casi dos a?os, y muestra sus recelos sobre la relaci¨®n entre el Gobierno y la Fiscal¨ªa, se?alando que ¡°la coincidencia del periodo de mandato¡± de ambos puede ¡°afectar a la percepci¨®n de independencia¡± de la judicatura; la Comisi¨®n apunta tambi¨¦n a la falta de transparencia en las comunicaciones entre ambos ¨®rganos.

El varapalo se produce en un contexto enrarecido por la decisi¨®n del Gobierno de que el Rey no asistiera en Barcelona a la entrega de despachos de los nuevos jueces, y por la innecesaria revelaci¨®n por parte del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, de un protocolario comentario del Monarca en que le dec¨ªa que le hubiera gustado estar all¨ª. El Gobierno no ha sabido explicar con claridad la excepcionalidad de su decisi¨®n, y la alusi¨®n del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al deber del Ejecutivo de velar ¡°por la convivencia¡± en Catalu?a parece aceptar impl¨ªcitamente que no es prudente que el Rey acuda all¨ª donde podr¨ªa ser cuestionado, dobleg¨¢ndose as¨ª a las posiciones de una parte de la ciudadan¨ªa.

Al mismo tiempo que la Comisi¨®n reclamaba la urgente renovaci¨®n del Consejo, este vot¨® el mi¨¦rcoles nombramientos relevantes en el Tribunal Supremo, tres presidencias de sala, cuyo mandato es de cinco a?os, y tres magistrados para la Sala de lo Penal, que intervendr¨¢n, hasta que llegue su jubilaci¨®n, en los juicios que afectan a aforados. El CGPJ llevaba un tiempo paralizado, en parte para presionar y que se acometiera su renovaci¨®n. Hace un par de meses se supo que el PP y el PSOE hab¨ªan llegado a un acuerdo, pero el l¨ªder de la formaci¨®n conservadora, Pablo Casado, volvi¨® a enquistarse en el no. El CGPJ ha optado por seguir tomando decisiones de peso aunque sea en funciones. Lo ha hecho buscando acuerdos amplios para superar los 13 votos necesarios para los nombramientos discrecionales ¡ª19 han aprobado la mayor parte de las propuestas frente a dos que votaron en contra por estar en funciones¡ª y respetando la nueva mayor¨ªa parlamentaria; los progresistas han obtenido cuatro plazas ¡ªdos presidencias de sala, la Social y la Militar, y dos puestos en la de lo Penal¡ª frente a dos de los conservadores, que mantienen la presidencia de la Sala de lo Contencioso, que se ocupa de litigios que afectan al Gobierno. La elecci¨®n de una mujer para presidir una sala del Tribunal Supremo es un salto de enorme relevancia en los m¨¢s de 200 a?os de historia de este ¨®rgano.

El consejo ha actuado pese a tener su mandato caducado. El informe europeo no ha se?alado ninguna carencia en el sistema legislativo espa?ol, lo que subraya los malos usos que hacen de las instituciones los partidos pol¨ªticos en el cumplimiento de sus prerrogativas. Por mucho que se ajustara a los requisitos legales, que el Gobierno nombrara como fiscal general a una ministra de Justicia que formaba parte de su anterior Gabinete no contribuye a fortalecer la separaci¨®n de poderes. La negativa del PP a cumplir con su obligaci¨®n constitucional de renovar el consejo va en la misma direcci¨®n de abuso partidista. Y una vez m¨¢s ha sido Europa la que ha tenido que se?alar una falla que socava el sistema entero.