Bankia: criminalidad sist¨¦mica y l¨ªmites del derecho penal

Por fin ha llegado la sentencia de la madre de todos los casos derivados de la crisis que comenz¨® en 2008: el procedimiento por la salida a bolsa de Bankia. Todos recordamos lo que supuso lo que sucedi¨®. Una entidad de cr¨¦dito en origen p¨²blica, conformada en lo esencial por Caja de Madrid y Bancaja, que cay¨® con un estr¨¦pito formidable, generando un quebranto enorme a lo p¨²blico, a la ciudadan¨ªa. C¨®mo pronostic¨® uno de los inspectores del Banco de Espa?a que intervinieron en una comunicaci¨®n electr¨®nica (que no en sus informes oficiales), se ha producido una ¡°nacionalizaci¨®n de las p¨¦rdidas¡±, esto es, un traslado del da?o a la ciudadan¨ªa, cuando, obviamente, las ganancias nunca se socializaron.

?Fue un accidente? ?Mala fortuna, la irrupci¨®n de una crisis mundial, como un tsunami? La Fiscal¨ªa ¡ªdespu¨¦s de un cambio de criterio¡ª no pens¨® as¨ª. Afirm¨® en el juicio que los gestores, con Rodrigo Rato Figaredo a la cabeza, antiguo posterboy del supuesto milagro econ¨®mico de los Gobiernos Aznar L¨®pez, hab¨ªan ocultado deliberadamente la situaci¨®n contable de la nueva entidad, tapando mediante operaciones de maquillaje los ¡°activos¡± inmobiliarios t¨®xicos que lastraban su situaci¨®n. En eso consisti¨® el milagro Aznar/Rato: en una ya tradicional burbuja inmobiliaria hisp¨¢nica que enriqueci¨® a muchas personas pr¨®ximas al PP, quienes, sin crear riqueza, especulando con suelo con ayuda de cr¨¦ditos muy cuestionables otorgados desde el entonces existente sector bancario p¨²blico, supieron surfear la ola de la burbuja.

Se acus¨® a los gestores de haber alterado la contabilidad (un delito en s¨ª desde hace algunos a?os) y de haber incurrido en estafa de inversores. La tesis est¨¢ clara: no fue un accidente, fue un crimen.

La sentencia de la Audiencia Nacional niega esta tesis por completo: no hubo ocultaci¨®n de lo t¨®xico, no se enga?¨® a nadie en la salida bolsa. El argumento central est¨¢ en que no pod¨ªa haber nada torcido en la oferta de acciones, porque todo el proceso fue seguido muy de cerca por las instituciones que deb¨ªan supervisarlo: singularmente, la CNMV y el Banco de Espa?a. Absoluci¨®n.

Las reacciones a la sentencia eran previsibles: desde la abierta satisfacci¨®n del PP, que ve como se evita una nueva mancha en su reputaci¨®n de gesti¨®n, pasando por la contenida insatisfacci¨®n en el PSOE (que lamenta perder una oportunidad de colocar otro rej¨®n a su adversario) hasta llegar a otras voces, en Podemos, que hablan de justicia de clase, de que los ricos se van siempre de rositas.

La verdad es que esta sentencia y la que se dict¨® sobre las participaciones preferentes emitidas por Bankia contrastan vivamente con la resoluci¨®n en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, condenatoria. De un lado, en el caso de salida bolsa y en el de las preferentes, lo que tiene todo el aspecto de un fraude masivo de proporciones gigantescas; del otro, en las black, conductas individuales que no pueden calificarse m¨¢s que de miserables, reveladoras de una actitud, de una cultura, del pillaje, de reba?ar todo a pesar de tratarse de personas muy bien retribuidas: pero con un efecto econ¨®mico que no puede en absoluto compararse con la cat¨¢strofe de las preferentes o con la de la salida a bolsa de Bankia.

Sin embargo, desde un punto de vista jur¨ªdico-t¨¦cnico, la divergencia en las resoluciones no puede sorprender. En el caso de las tarjetas black, se trataba de conductas individuales de pillaje alentadas por una direcci¨®n que quer¨ªa consejeros mansos (y no todos cayeron). En los casos de las preferentes y de la salida a bolsa, las cosas son mucho m¨¢s complicadas. Primero, porque el delito llamado a enfrentar este tipo de fraudes masivos e inversores, la llamada estafa de inversores, oculta ¡ªcomo se ha dicho por los expertos en muchas ocasiones, y sin que ning¨²n Gobierno haya hecho nada al respecto¡ª una especie de bomba l¨®gica que en la pr¨¢ctica impide su aplicaci¨®n: no es una estafa a inversores, sino un delito que consiste en falsear el folleto de emisi¨®n. Y nadie es tan tonto de hacer eso; el enga?o va normalmente por otro lado, en la comercializaci¨®n, como sucedi¨® en la colocaci¨®n del ¡°producto¡± de las preferentes a miles de peque?os ahorradores, o se produce antes, en la formulaci¨®n de las cuentas previa a la salida a bolsa. Segundo, y esto es lo decisivo, el tribunal afirma que los organismos de supervisi¨®n lo sab¨ªan todo y lo aprobaron todo.

En efecto: se trata de un caso de delincuencia sist¨¦mica. Todos los t¨¦cnicos sab¨ªan que las preferentes eran basura y que el balance de la nueva Bankia estaba sobrevalorado. Lo sab¨ªan los reguladores, lo sab¨ªan en el Gobierno. Cuando lo que falla es el conjunto del sistema, no puede entrar el derecho penal. Est¨¢ para las desviaciones individuales, para establecer el orden normativo. Cuando no hay tal orden, pedir que lo creen los tribunales de lo penal es el delirio ¨²ltimo de la politizaci¨®n de la justicia. No le falta raz¨®n a ??igo de Barr¨®n cuando habla de un crimen perfecto: un crimen sist¨¦mico no puede ser un crimen.

Es cuesti¨®n de pol¨ªtica. ?C¨®mo presid¨ªa una entidad de cr¨¦dito un pol¨ªtico sin cualificaci¨®n t¨¦cnica con una conducta fiscal personal deleznable? ?Qu¨¦ relaciones existen entre el sistema bancario y los agentes pol¨ªticos? ?Qui¨¦nes ¡ªen demasiadas ocasiones¡ª son las personas que integran los organismos de control? ?Profesionales independientes y competentes o pol¨ªticos de segunda y tercera aparcados?

Manuel Cancio Meli¨¢ es catedr¨¢tico de derecho penal en la Universidad Aut¨®noma de Madrid y vocal permanente de la Comisi¨®n General de Codificaci¨®n.