Urge la pol¨ªtica

La imposici¨®n de restricciones para luchar contra la pandemia desde el fin del estado de alarma, el 21 de junio, se ha visto jalonada de reveses judiciales que en ocasiones han anulado medidas impuestas por los Gobiernos aut¨®nomos. Pero ninguno de ellos ha tenido la dimensi¨®n del que asest¨® ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los jueces dejaron en el aire el confinamiento perimetral de Madrid y otros nueve municipios de la regi¨®n, que afectaban a m¨¢s de cuatro millones de personas, al anular las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid en cumplimiento de una orden del Ministerio de Sanidad, fruto de un acuerdo en el Consejo Interterritorial al que el Ejecutivo regional se hab¨ªa opuesto.

El Tribunal Superior, el mismo que antes hab¨ªa autorizado los confinamientos en 45 ¨¢reas de salud de la Comunidad, considera que las nuevas medidas no tienen cobertura legal. La motivaci¨®n es que las anteriores se apoyaron en una ley org¨¢nica de 1986 que s¨ª respaldaba adecuadamente el recorte de libertades, mientras que las ¨²ltimas se basaron en una ley de 2003 que no otorgaba esa competencia. La decisi¨®n ha sembrado el desconcierto en la ciudadan¨ªa al dejar en suspenso el confinamiento del centro neur¨¢lgico de Espa?a. Adem¨¢s, arroja dudas sobre si, en ausencia de consensos pol¨ªticos, el marco legislativo tiene todo el nivel de claridad y eficacia que se requiere en este momento.

La legislaci¨®n espa?ola, como la de todo el mundo, fue escrita en ausencia de una amenaza a la salud tan masiva como la de esta pandemia. Hasta ahora, sin embargo, ha avalado confinamientos selectivos en lugares que han precisado un mayor control, desde Lleida hasta Ourense o Palencia. Despu¨¦s del estado de alarma, los Gobiernos aut¨®nomos han encontrado herramientas legales para imponer confinamientos.

Hasta llegar a Madrid. En el caso de esta comunidad, que rechaz¨® el citado acuerdo con Sanidad pese a haberlo buscado y apalabrado la v¨ªspera, seg¨²n inform¨® su vicepresidente, el enfrentamiento expone las costuras del sistema. El Gobierno har¨¢ bien en abrir el debate para adaptar las leyes, tal y como sugiere el Superior y propone el presidente de Galicia, Alberto N¨²?ez Feij¨®o.

Los tiempos judiciales no son los de la crisis sanitaria. Por eso, es la pol¨ªtica la que debe resolver lo que se ha estancado en los tribunales. No mediante una dimisi¨®n del ministro, como se apresur¨® a pedir el PP en uno de los gestos hiperb¨®licos que caracterizan su forma de hacer oposici¨®n, sino mediante la b¨²squeda de amplios acuerdos que pongan la salud de los ciudadanos antes del inter¨¦s partidista. Urge tender puentes, urge la pol¨ªtica y urgen medidas eficaces. Lo mejor es que sean pactadas. Pero si la Comunidad de Madrid permanece enrocada en el obstruccionismo mostrado en las ¨²ltimas semanas, el Gobierno tiene motivo para considerar la aplicaci¨®n del estado de alarma en el inter¨¦s de la salud de los ciudadanos. No hay tiempo que perder.