?nica alternativa

La declaraci¨®n del estado de alarma en una sola comunidad aut¨®noma es un hecho sin precedentes en la democracia espa?ola, que apenas ha conocido el que decret¨® el Gobierno en 2010 con motivo de la crisis de los controladores y el que estuvo en vigor desde marzo hasta junio en toda Espa?a para luchar contra la pandemia. La excepcionalidad de recurrir a este procedimiento muestra la gravedad del momento y constituye un fracaso de la pol¨ªtica espa?ola, que podr¨ªa haber buscado consensos para afrontar esta situaci¨®n. En la segunda ola del coronavirus que azota Madrid en estas semanas hay m¨²ltiples responsabilidades. El Ejecutivo central no est¨¢ exento de ellas, desde la ineficaz previsi¨®n de ciertos escenarios o el tard¨ªo esbozo de criterios comunes nacionales hasta el retraso en emprender acciones decididas sobre la base de c¨¢lculos poco comprensibles. Pero la responsabilidad primaria del fracaso que representa hoy la activaci¨®n del estado de alarma recae sin duda sobre los hombros de la Comunidad de Madrid, por sus negligencias administrativas y por su injustificado e inaceptable pulso partidista contra el Gobierno de la naci¨®n poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos madrile?os y de las dem¨¢s comunidades de Espa?a.

El Gobierno presidido por Isabel D¨ªaz Ayuso, apuesta personal de Pablo Casado, no solo ha fallado estrepitosamente en la gesti¨®n de la desescalada al no dedicar los recursos necesarios para el rastreo y la atenci¨®n primaria, sino que ha permitido un ascenso sostenido de casos hasta situarse en el vergonzoso podio de ser l¨ªder de contagios en Europa. Sus propuestas de este viernes despu¨¦s de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara el confinamiento perimetral aprobado por orden ministerial tras el Consejo Interterritorial de Salud son la ¨²ltima broma de una aproximaci¨®n absolutamente insuficiente a la pandemia: una restricci¨®n de movimientos en ¨¢reas de salud con m¨¢s de 750 casos por 100.000 habitantes, entre otras cuestiones, mientras los par¨¢metros internacionales son mucho menores (50 en Alemania en siete d¨ªas, por ejemplo). El Gobierno hab¨ªa fijado en 500 ese umbral, entre otros criterios. Las medidas aprobadas por orden ministerial est¨¢n lejos de ser perfectas. Hay aspectos mejorables y contradicciones. Pero son el resultado de una negociaci¨®n y son claramente mejores que las planteadas por Madrid.

El rev¨¦s judicial sufrido el jueves exig¨ªa una reacci¨®n pol¨ªtica urgente. El Tribunal Superior dej¨® en el aire el confinamiento de la capital y otros nueve grandes municipios madrile?os al considerar que restring¨ªa derechos y libertades apoyando esas medidas en una ley de 2003 que, seg¨²n los jueces, no las avala. El mismo tribunal hab¨ªa autorizado las medidas de la Comunidad de Madrid en 45 ¨¢reas de salud al estar basadas en otra ley. Este mismo viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-Le¨®n ha respaldado las mismas medidas de confinamiento que el de Madrid derrib¨® y que el Gobierno de esa regi¨®n hab¨ªa fundamentado en su propia legislaci¨®n. Prueba de que el debate jur¨ªdico est¨¢ abierto y admite matices que un eventual recurso al Supremo podr¨ªa desencallar.

Pero la urgencia sanitaria no puede aguardar el ritmo de los recursos. La coincidencia de un puente vacacional, con la posibilidad de salida de Madrid de un gran n¨²mero de ciudadanos y el consiguiente riesgo de propagaci¨®n del virus desde un ¨¢rea muy afectada hacia el resto de Espa?a, redoblaba la exigencia de rapidez. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, apel¨® el jueves a una reuni¨®n que no se produjo. El presidente S¨¢nchez propuso a la Comunidad reactivar las medidas anuladas por la justicia apoy¨¢ndolas en la ley org¨¢nica que s¨ª las amparaba seg¨²n los jueces o solicitar la activaci¨®n del estado de alarma. La presidenta Ayuso y el alcalde Mart¨ªnez-Almeida solicitaron m¨¢s tiempo y di¨¢logo. Dif¨ªcil aclarar el nivel de sinceridad de la disposici¨®n negociadora de cada parte. Pero obstruccionismo y medidas insuficientes han sido especialmente evidentes en el lado madrile?o de la mesa de debate.

El marco legal otorga al Gobierno la potestad de declarar esa alarma por un periodo de 15 d¨ªas, despu¨¦s de las cuales deber¨¢ solicitar al Congreso una mayor¨ªa para prorrogarlo. La soluci¨®n adoptada no es ideal ¡ªel consenso lo habr¨ªa sido¡ª y augura adem¨¢s nuevas dificultades ante un Partido Popular que bajo el liderazgo de Casado est¨¢ actuando de forma demag¨®gica, irresponsable y partidista, y ante un partido de ultraderecha, Vox, que ya est¨¢ convocando movilizaciones contra el estado de alarma.

Pero la salud es la prioridad y el deber de todos los Gobiernos, protegerla. El Ejecutivo ha tomado una medida dr¨¢stica en la forma, aunque en la sustancia es un marco legal que ampara las mismas medidas que estaban en vigor hasta el jueves y que pueden aplicarse sin estado de alarma en otros territorios. En ausencia de consenso, prima la defensa de los ciudadanos.