Igualdad en el aborto

El Ministerio de Igualdad ha anunciado que tramitar¨¢ una modificaci¨®n de la ley org¨¢nica que regula la interrupci¨®n voluntaria del embarazo para que las j¨®venes de entre 16 y 18 a?os puedan abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestaci¨®n, igual que el resto de las mujeres. Se pretende as¨ª revertir el cambio que se introdujo en 2015 a instancias del PP que obligaba a las menores embarazadas de esas edades a recabar la autorizaci¨®n paterna para poder hacerlo. La medida afecta a un n¨²mero muy reducido de casos, pero es importante porque permite poner fin a una incoherencia que lastra la capacidad de decisi¨®n de las j¨®venes. Las que con 16 y 17 a?os quieren dar ese paso sin el apoyo de sus padres se estima que representan un 9% de las mujeres que abortan a esas edades. No tiene sentido que puedan decidir casarse, ser madres o rechazar un tratamiento m¨¦dico vital y, en cambio, no puedan poner fin libremente a un embarazo no deseado.

Cuando una menor embarazada no quiere tener el hijo, que los padres puedan obligarla a seguir adelante no es un escenario ¨¦ticamente deseable, ni para la madre, que ve alterado de forma radical su proyecto de vida, ni para el futuro beb¨¦, que vendr¨¢ al mundo sin ser deseado y en un contexto de conflicto emocional que puede resultarle muy da?ino. Si a partir de los 16 a?os se les reconoce legalmente madurez suficiente para tomar decisiones importantes, no tiene sentido una excepci¨®n en esta cuesti¨®n.

El PP introdujo en 2015 esta restricci¨®n para compensar a una parte de su electorado tras haber renunciado a una reforma de la ley del aborto mucho m¨¢s dr¨¢stica y ambiciosa que pretend¨ªa anular la ley de plazos aprobada en 2010 bajo el Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero, que permiti¨® abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestaci¨®n. Hasta entonces, reg¨ªa la ley de 1985, que despenalizaba la interrupci¨®n voluntaria del embarazo solo en tres supuestos: violaci¨®n, riesgo para la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la madre y malformaci¨®n del feto. En la pr¨¢ctica, la inmensa mayor¨ªa de las mujeres que abortaban alegaban riesgo para la salud ps¨ªquica, lo que hizo que durante 25 a?os el aborto estuviera sometido en Espa?a a una gran inseguridad jur¨ªdica, tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios. En 2013, el PP present¨® un proyecto legislativo que volv¨ªa al sistema de supuestos de 1985, pero a¨²n con mayores restricciones. La fuerte contestaci¨®n social y las resistencias internas le hicieron desistir, lo que le cost¨® la carrera pol¨ªtica al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n. Dos a?os despu¨¦s, inst¨® la modificaci¨®n que obligaba a las menores a recabar la autorizaci¨®n paterna, exigencia que ahora se quiere volver a suprimir.