Estado fallido y Estado de derecho

Dos renombrados polit¨®logos europeos han hecho p¨²blica su aprensi¨®n respecto a que Espa?a pueda convertirse en un Estado fallido. Este es un t¨¦rmino tan catastr¨®fico como ambiguo, utilizado por los cient¨ªficos sociales, de Max Weber a Noam Chomsky, y que permite al Fondo para la Paz publicar anualmente una clasificaci¨®n de pa¨ªses seg¨²n la sostenibilidad o vulnerabilidad de sus instituciones. Espa?a ocupa habitualmente en ella puestos por encima del n¨²mero 30. No figura entre los mejores, calificados de Estados muy sostenibles, simplemente sostenibles, o muy estables. Pero tampoco se encuentra entre aquellos cuya debilidad encienden las alertas. Forma parte de lo que podr¨ªamos llamar el pelot¨®n de los mediocres, en los que es reconocible la estabilidad de sus instituciones tanto como las amenazas que se yerguen contra ellas.

Un Estado fallido es incapaz de proteger a sus ciudadanos, no ejerce el monopolio del uso leg¨ªtimo de la fuerza para garantizar el imperio de la ley, y no presta regularmente al conjunto de la poblaci¨®n servicios b¨¢sicos como salud y educaci¨®n. De modo que aplicar dicho calificativo a Espa?a constituye una hip¨¦rbole absoluta. Pero no resulta prudente deso¨ªr las alarmas respecto a las dificultades que enfrentamos, ni desconocer que el mencionado ranking sobre la fragilidad de los Estados en 2020 fue publicado en marzo, antes de la eclosi¨®n de la pandemia. Con toda probabilidad nuestras puntuaciones ahora ser¨ªan peores. He aqu¨ª algunas de ellas.

Es casi general el suspenso aplicado a la gesti¨®n sanitaria y econ¨®mica de la crisis del covid por parte del Gobierno S¨¢nchez. Respetados ¨®rganos de opini¨®n de la Uni¨®n Europea, conservadores unos, progresistas otros, coinciden en poner de relieve el escandaloso saldo de fallecidos, la extensi¨®n de los contagios y la abrupta ca¨ªda de nuestra econom¨ªa, renglones todos ellos en los que somos los peores de la clase. Todos inciden en la ausencia de coordinaci¨®n de las administraciones, la falta de transparencia de las autoridades o el aumento de la conflictividad pol¨ªtica. Y se vierten acusaciones, no del todo infundadas, respecto a la disfuncionalidad del Estado de las autonom¨ªas en circunstancias como las actuales. Las amenazas a la cohesi¨®n territorial, la pol¨¦mica sobre la forma de Estado, los ataques al Rey, la opacidad informativa y, para colmo, los intentos de intervenci¨®n en el Poder Judicial, suscitan temores respecto al futuro de nuestras instituciones y la consiguiente viabilidad del Estado democr¨¢tico.

No me alineo con quienes piensan, incluso arrellanados en el banco azul, que est¨¢n contados los d¨ªas de la Constituci¨®n de 1978, por muchas patadas que se den a su articulado. Pero cada d¨ªa que pasa parece m¨¢s evidente que las enfermedades infantiles de la izquierda, la vileza moral de algunos gobernantes y la incompetencia generalizada de la actual clase pol¨ªtica se confabulan de manera objetiva para hacer de Espa?a un pa¨ªs peor de lo que en realidad es, y mucho peor de lo que sus ciudadanos merecen.

No hay que ser muy imaginativo para pensar que ante un terremoto social como el que la pandemia impulsa decaen todos los an¨¢lisis previos y la realidad destroza los deseos. En semejante escenario, en el que ya exist¨ªan disfuncionalidades severas de otro tipo, lo l¨®gico y deseable hubiera sido convocar a un Gobierno de unidad nacional, o cuando menos un acuerdo parlamentario, abandonando inicialmente los sue?os de adolescentes, o aplaz¨¢ndolos al menos a que amainara la tempestad. Ni S¨¢nchez lo quiso ni Casado lo ofreci¨® y entre ellos y sus respectivos secuaces han acabado por convertir el Parlamento, representaci¨®n de la soberan¨ªa nacional, en un patio de verduleras, y verduleros, donde detr¨¢s de cada insulto se escucha una sandez, y luego una mentira.

El tr¨¢gico sainete representado por el ministro de Sanidad y la presidenta madrile?a puso de relieve la inexistencia de un plan de acci¨®n consensuado entre Moncloa y las autonom¨ªas. Resalta la argucia del presidente para endosar a estas la responsabilidad casi ¨²nica de la gesti¨®n contra la epidemia; algo que engrosaba la flatulenta arrogancia de los nacionalistas catalanes, vascos o espa?oles. Pero en todo el territorio nacional la gesti¨®n contra la epidemia ha sido manifiestamente mejorable. Los adeudos por el fracaso son compartidos, y recaen fundamentalmente en el desorden entre administraciones, la tardanza en reaccionar, la falta de anticipaci¨®n y rapidez en las medidas, y la ausencia de un comit¨¦ de expertos reconocidos, siempre invocado y nunca identificado por quienes toman las decisiones.

La mencionada descoordinaci¨®n, cuando no confrontaci¨®n como en el caso de Madrid, entre autoridades auton¨®micas y Gobierno central no pasa inadvertida en la Comisi¨®n Europea. Sus recomendaciones espec¨ªficas para Espa?a, que ser¨¢n tenidas en cuenta a la hora de calificar los planes que permitan ingresar los fondos de reconstrucci¨®n, incluyen una reforma de nuestro mercado interior para dotarle de mayor unidad, y una rectificaci¨®n respecto a la fragmentaci¨®n administrativa y la acumulaci¨®n de regulaciones dispersas y diversas. La imagen de desconcierto y confusi¨®n escenificada en la lucha contra la pandemia amenaza adem¨¢s a la estabilidad y prestigio del r¨¦gimen de las autonom¨ªas. Este es uno de los mayores ¨¦xitos de la Transici¨®n, pero si quiere perdurar tiene que dotarse de mecanismos federales.

El fracaso sanitario es evidente, aunque no lo quiera reconocer el poder pol¨ªtico ni encargar un estudio de sus causas. Su incidencia econ¨®mica arroja tambi¨¦n las peores cifras imaginables. La falta de transparencia y el exceso de triunfalismo a la hora de presentar los Presupuestos del Estado y anunciar la llegada del man¨¢ europeo acabar¨¢n siendo el umbral de nuevas decepciones y mentises respecto a las exageradas promesas del Gobierno. Sobra propaganda y falta liderazgo. Pero tampoco la econom¨ªa, por malos que sean los augurios, y ni siquiera la crisis social que se avecina como consecuencia de las pobres prestaciones de aquella, justifican en ning¨²n caso aplicar el calificativo de fallido a nuestro Estado.

La gesti¨®n de la pandemia y de la econom¨ªa, por lamentables que puedan ser, o el barullo ocasional del r¨¦gimen auton¨®mico, no justifican las previsiones del fracaso de nuestra Constituci¨®n, que tanto anhelan algunos. Son solo importantes errores y falencias pol¨ªticas, no estructurales. La verdadera agresi¨®n a la sostenibilidad de nuestras instituciones democr¨¢ticas, la ¨²nica que de triunfar podr¨ªa justificar el calificativo de fallido a nuestro Estado, proviene de la iniciativa legislativa de los partidos del Gobierno sobre la elecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial. Ya sabemos que todas las democracias son imperfectas, y todas se encuentran permanentemente amenazadas. Por eso la separaci¨®n de poderes resulta una necesidad imperiosa que debe ser defendida frente al avorazamiento del poder. Ya est¨¢ hoy muy perjudicada la independencia del Legislativo respecto al Ejecutivo por un r¨¦gimen electoral que privilegia a las c¨²pulas de los partidos con la existencia de listas cerradas y bloqueadas y convierte a los diputados en d¨®ciles monaguillos de las decisiones de sus jefes. Como consecuencia de ello, lejos de controlar el Parlamento al Gobierno son en gran medida los Gobiernos los que determinan el comportamiento del Parlamento. De modo que las llamadas sesiones de control se han convertido en realidad en sesiones de insultos y no de debate.

La elecci¨®n por una mayor¨ªa parlamentaria no cualificada del CGPJ convertir¨ªa a este en un nuevo ac¨®lito del poder y destruir¨ªa los fundamentos de la democracia. Tiene raz¨®n S¨¢nchez cuando exige lealtad constitucional al Partido Popular a fin de renovar cuanto antes dicho organismo. Sin embargo, la proposici¨®n de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos solo pone de relieve la ausencia de talante democr¨¢tico en el actual Gobierno de coalici¨®n. De aprobarse esa propuesta, el Estado de derecho y la independencia de los poderes se ver¨ªan tan seriamente vulnerados que tendr¨ªamos que dar la raz¨®n a los comentaristas europeos. Espa?a ser¨ªa un Estado fallido. Y la hasta ahora brillante historia del PSOE, que deslumbr¨® en el consenso de la Transici¨®n, tendr¨ªa que ser borrada de la memoria democr¨¢tica.