Per¨²: pa¨ªs en descomposici¨®n

La turbulenta vida pol¨ªtica del Per¨² volvi¨® a dar un nuevo y dram¨¢tico giro este lunes cuando, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, Mart¨ªn Vizcarra fue vacado de la presidencia de la Rep¨²blica. Su lugar ha sido ocupado por Manuel Merino de Lama (presidente del Congreso y uno de los principales promotores de la destituci¨®n de Vizcarra), que asume un Gobierno precario y rechazado desde la calle.

Para comprender este desenlace tendr¨ªamos que volver en el tiempo al 28 de julio de 2016. Entonces, luego de puntear toda la campa?a electoral, Keiko Fujimori perdi¨® la presidencia [en segunda vuelta] a manos del economista Pedro Pablo Kuczynski (PPK). A pesar de esta derrota, el amplio triunfo en primera vuelta de la hija mayor de Alberto Fujimori ¡ªquien gobern¨® al pa¨ªs entre 1990 y 2000, fue destituido en medio de un esc¨¢ndalo de corrupci¨®n y hoy est¨¢ preso¡ª le confiri¨® el control del Congreso con una mayor¨ªa de 73 parlamentarios sobre 130.

Alegando un fraude electoral que nunca se molest¨® en probar, Fujimori emple¨® su poder para fustigar al Gobierno desde el vamos, empujando dos procesos de vacancia (diciembre de 2017 y marzo de 2018), que desembocaron en la renuncia de Kuczynski. Este fue sucedido por Mart¨ªn Vizcarra, su primer vicepresidente. Nacido en la regi¨®n Moquegua (sur del Per¨²), de la que fue gobernador, el nuevo presidente parec¨ªa condenado a un per¨ªodo fantasmal, sirviendo de comparsa al fujimorismo.

Pero Vizcarra ten¨ªa otros planes y pronto pas¨® a la ofensiva. Lo ayud¨® el descubrimiento del caso Cuellos Blancos del Puerto, una mafia de jueces y fiscales en el puerto del Callao ¡ªel m¨¢s importante del Per¨²¡ª cuyos v¨ªnculos con el partido fujimorista Fuerza Popular terminaron por quedar expuestos. Junto con buena parte de la clase pol¨ªtica peruana, la situaci¨®n de Keiko Fujimori se complic¨® todav¨ªa m¨¢s cuando, investigada por servirse de su partido para disfrazar donaciones de la caja B de Odebrecht, fue ingresada en prisi¨®n preventiva en noviembre de 2018.

Esto no interrumpi¨® las fricciones entre el Ejecutivo y el poder legislativo, que segu¨ªa en control del fujimorismo. Para lidiar con ellas, Vizcarra plante¨® varias iniciativas, como una reforma constitucional del sistema pol¨ªtico que fue aprobada por refer¨¦ndum popular. Esta y otras medidas ¡ªcomo un adelanto de elecciones para romper el punto muerto en que se encontraba el pa¨ªs¡ª fueron rechazas o deformadas por el Congreso. Pero para Fuerza Popular y sus partidos aliados la ¨²nica salida era la destituci¨®n o renuncia de Vizcarra.

Cualquier intento de di¨¢logo se rompi¨® definitivamente a finales de 2019, cuando la oposici¨®n parlamentaria se lanz¨® a la conquista del Tribunal Constitucional que, hasta ese momento, hab¨ªa servido como contrapeso de poderes, frenando algunas de las m¨¢s pol¨¦micas iniciativas del legislativo. Era verdad que los mandatos de varios magistrados estaban vencidos y tocaba una renovaci¨®n, pero el proceso se manej¨® con tanta celeridad y premeditaci¨®n que sus intenciones quedaron en evidencia (entre ellas, declarar la inconstitucionalidad del acuerdo de colaboraci¨®n eficaz firmado por la justicia y Odebrecht, vital para los avances del caso Lava Jato).

Como respuesta, Vizcarra present¨® una moci¨®n de confianza contra el proceso de selecci¨®n de magistrados constitucionales. Seg¨²n la Constituci¨®n peruana, el presidente est¨¢ facultado a cerrar el Congreso si dos de estas cuestiones le son negadas (la primera negativa hab¨ªa ocurrido cuando PPK a¨²n gobernaba). Como el proceso de selecci¨®n prosigui¨® e incluso se nombr¨® a un primer magistrado, Vizcarra asumi¨® una ¡°negaci¨®n f¨¢ctica¡± de la confianza y cerr¨® el Parlamento.

Aunque la oposici¨®n intent¨® resistirse, Vizcarra se impuso en este pulso y convoc¨® a elecciones legislativas. El producto de estos comicios ¡ªa los que el presidente no present¨® candidatos, en un error estrat¨¦gico cuyas consecuencias sigue lamentando¡ª fue una representaci¨®n nacional heterog¨¦nea, atomizada, con bancadas que respond¨ªan a intereses particulares, muchas veces cuestionados, y que termin¨® por revolverse contra quien, en la pr¨¢ctica, la hab¨ªa gestado.

Por necesidad o convicci¨®n, durante su paso por el poder Vizcarra hab¨ªa respaldado m¨²ltiples procesos de regeneraci¨®n nacional. Estaban la reforma pol¨ªtica y el cierre del Congreso. La lucha contra la corrupci¨®n del caso Lava Jato, que hab¨ªa conducido a la detenci¨®n de los ¨²ltimos presidentes del pa¨ªs (Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Kukzynski) y al suicidio de Alan Garc¨ªa P¨¦rez, as¨ª como del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, saldado con una enmienda de la administraci¨®n de justicia. Finalmente, el respaldo a la reforma de la educaci¨®n, que chocaba con el boyante negocio de las universidades de mala calidad que proliferaron en Per¨² desde 1998, con algunos empresarios llegando a fundar partidos pol¨ªticos y a auspiciar bancadas parlamentarias.

La concurrencia de estos tres procesos volvieron a Vizcarra un personaje inc¨®modo para buena parte del Congreso. Como es evidente, ni las c¨²pulas de los partidos pol¨ªticos, ni las camarillas corruptas amenazadas por los procesos anticorrupci¨®n ni los mandarines de la educaci¨®n de baja calidad iban a entregarse sin ofrecer pelea. Las tensiones entre el Gobierno y el nuevo Parlamento comenzaron a escalar lentamente, hasta que estallaron el d¨ªa en que Vizcarra inici¨® su ¨²ltimo a?o de mandato: seg¨²n la Constituci¨®n, a partir de entonces el Parlamento ya no pod¨ªa volver a ser cerrado por el presidente.

Pronto la alianza de las distintas bancadas en contra del Vizcarra comenz¨® a resultar evidente. A ella se sum¨® el partido Uni¨®n por el Per¨², dirigido desde la c¨¢rcel por Antauro Humala ¡ªhermano del expresidente Ollanta Humala¡ª preso por una sublevaci¨®n armada que se sald¨® con la muerte de cuatro polic¨ªas, quien aspira a salir por el camino del indulto presidencial. Tambi¨¦n se incorpor¨® el FREPAP, un partido evang¨¦lico confesional y fundamentalista.

El primer embate contra la presidencia ocurri¨® a prop¨®sito del caso ¡°Richard Swing¡±: un exc¨¦ntrico cantante que apoy¨® a Vizcarra en el pasado y, en recompensa, fue contratado por el Ministerio de Cultura, lo que desat¨® una pol¨¦mica exacerbada por la oposici¨®n. La revelaci¨®n de unos audios donde Vizcarra discut¨ªa con su c¨ªrculo interno c¨®mo manejar el caso, que inclu¨ªan un intento de ocultar informaci¨®n, dispar¨® un primer intento de vacancia. Pero este no reuni¨® los votos necesarios y fracas¨®.

El Congreso no esper¨® un mes para emprender un nuevo proceso de vacancia. Esta vez las acusaciones eran m¨¢s graves y proven¨ªan del equipo especial de fiscales encargados del caso Lava Jato, que filtr¨® a la prensa las declaraciones de varios aspirantes a colaboradores eficaces que aseguraban haber sido testigos de la entrega de sobornos a Vizcarra cuando todav¨ªa era gobernador regional de Moquegua por dos obras: Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. Un caso incipiente pero que revest¨ªa mayor gravedad, que dio lugar a un proceso que, en un comienzo, no pareci¨® contar con los apoyos necesarios, pero fue sum¨¢ndolos con el paso de los d¨ªas, hasta desembocar en la salida de Vizcarra.

?Se justificaba la vacancia? Quienes afirman que s¨ª dicen que, para aplicarla, la Constituci¨®n no exige otro requisito m¨¢s que una suma de 87 votos. Pero esta interpretaci¨®n pervierte una instituci¨®n que deber¨ªa ser excepcional, rompe con la presunci¨®n de inocencia, con el principio de equilibrio de poderes y, si est¨¢ en minor¨ªa, puede librar la suerte de un presidente a los humores y caprichos del Congreso. Obvia, adem¨¢s, la dram¨¢tica situaci¨®n de emergencia que vive el Per¨² por la pandemia del coronavirus ¡ªpor semanas, el pa¨ªs fue primero en el porcentaje de muertes por mill¨®n de habitantes del mundo y su PIB cay¨® 40 puntos solo en abril¡ª, a la que se suma la inestabilidad de una sucesi¨®n pol¨¦mica y turbulenta. La alternativa era esperar los escasos meses que restaban para que el per¨ªodo de Vizcarra llegara a su fin (las elecciones est¨¢n convocadas para abril y el cambio de mando deb¨ªa producirse el 28 de julio) y entonces, fuera del cargo, sin la inmunidad presidencial, proceder a investigarlo y, de ser el caso, condenarlo.

El Congreso escogi¨® la opci¨®n m¨¢s dram¨¢tica y repentina para allanar un camino que, se teme, pasar¨¢ por beneficiar a los grupos de inter¨¦s representados en la vacancia, alterar el cronograma electoral, frenar los procesos anticorrupci¨®n y revertir la reforma pol¨ªtica. Ahora mismo, la alianza que sac¨® adelante la vacancia presidencial controla el Ejecutivo, el Legislativo y, muy probablemente, pronto se lanzar¨¢ en pos del Tribunal Constitucional (la renovaci¨®n que condujo a Vizcarra al cierre parlamentario nunca se produjo, y seis de los siete magistrados tienen el mandato vencido). Una concentraci¨®n de poder que no se ve¨ªa desde tiempos de Alberto Fujimori y que, todo indica, ser¨¢ empleado de una manera facciosa e imprudente.

Sin embargo, el flamante presidente Manuel Merino no las tiene todas consigo. Para comenzar, encabeza un Gobierno impopular, de dudosa legitimidad, que naci¨® de un proceso calificado por buena parte de la opini¨®n p¨²blica como ¡°golpe de Estado¡±. Tambi¨¦n est¨¢n los intereses de los bandos que lo integran, cuyo ¨²nico denominador com¨²n eran las resistencias contra Mart¨ªn Vizcarra, a quienes el Ejecutivo deber¨¢ mantener satisfechos, complaciendo sus m¨²ltiples exigencias. Finalmente, est¨¢ pendiente de resolverse una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional que aspira a acotar los supuestos de vacancia presidencial. Como sea, el Per¨² ha entrado en una etapa de franca descomposici¨®n. Por si fuera poco, en lo que parece una broma siniestra del destino, lo hace a punto de entrar al 2021, cuando celebra el bicentenario de su independencia y su nacimiento como rep¨²blica independiente.