Aprobado justo

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la que ser¨¢ la octava ley de educaci¨®n de la democracia, la Lomloe, y de nuevo hay que lamentar que no se haya logrado el consenso deseable. Si hay un ¨¢mbito que exige una pol¨ªtica de Estado, ese es el de la educaci¨®n. Esta grave carencia de partida no debe empa?ar la relevancia de los objetivos que la ley se propone alcanzar, que en general merecen apoyo. La mayor parte de los cambios est¨¢n orientados a mejorar la calidad reforzando al mismo tiempo la equidad. Ello supone un gran avance con respecto a la Lomce, que tambi¨¦n pretend¨ªa mejorar la calidad, pero a costa de retroceder en la igualdad de oportunidades.

El texto introduce reformas necesarias para reducir las tasas de fracaso escolar y abandono prematuro, muy superiores a la media europea. Que el 25% de los alumnos no obtengan el t¨ªtulo de ESO es inaceptable, y esto est¨¢ relacionado con el hecho de que a los 15 a?os el 31% ha repetido al menos un curso. Adem¨¢s, el 17% de los escolares que podr¨ªan hacerlo no estudian m¨¢s all¨¢ de la etapa obligatoria, con lo que estamos lejos del objetivo de la UE de que el abandono sea inferior al 10%. La mayor parte de los alumnos afectados pertenecen a familias de renta baja, lo que indica el peso que tienen factores socioecon¨®micos sobre los que se puede y debe incidir. La ley refuerza la red p¨²blica como eje vertebral del sistema, promueve la autonom¨ªa de centros y devuelve al Consejo Escolar las competencias que la ley Wert le arrebat¨®. Y, por primera vez, regula, con mecanismos precisos, el reparto de alumnos con necesidades especiales entre la red p¨²blica y la concertada, entre otros cambios relevantes.

Tras el fiasco de la Lomce, que el Gobierno del PP ni siquiera lleg¨® a aplicar en su totalidad por las incongruencias que conten¨ªa, hubiera sido deseable una ley con voluntad de perdurar y sustraer as¨ª al sistema educativo de la polarizaci¨®n partidista. Pero estamos de nuevo ante una ley respaldada con una mayor¨ªa demasiado ajustada. En el reparto de responsabilidades por este disenso cr¨®nico hay que se?alar en primer lugar al PP, que nunca ha querido sustraerse al influjo regresivo de la Iglesia cat¨®lica y a su apego a postulados educativos que no coinciden con los intereses de la mayor¨ªa. Su predominio en la red concertada le ha permitido convertir la educaci¨®n en un campo de batalla ideol¨®gico y ha promovido reformas regresivas, como que religi¨®n sea una asignatura evaluable. La influencia cat¨®lica en el sistema educativo en Espa?a se sit¨²a lejos de los est¨¢ndares europeos y es probablemente superior incluso al que tiene en Italia.

Por su parte, la coalici¨®n gubernamental ha buscado la complicidad de los grupos nacionalistas para que la ley pudiera prosperar, lo que ha exacerbado la polarizaci¨®n y hace prever especiales obst¨¢culos en su aplicaci¨®n. Las concesiones no tienen un impacto de peso en la realidad preexistente, pero s¨ª un alto valor simb¨®lico y pol¨ªtico, especialmente con la eliminaci¨®n de la referencia al castellano como lengua vehicular, introducida en la Lomce en 2013. Aunque en principio tendr¨¢ escaso efecto pr¨¢ctico, habr¨¢ que vigilar con atenci¨®n que no haya un uso distorsionado del nuevo marco legal y que las autoridades persigan con equilibrio, flexibilidad y eficacia el objetivo de consolidar el biling¨¹ismo en las comunidades con dos lenguas oficiales. En todo caso, claro est¨¢, son elementos divisorios que debilitan la ley.