No se puede errar con los fondos europeos

Los programas Next Generation EU nacieron para construir la Europa de la nueva generaci¨®n. Hoy, cuando se trata de establecer la reconstrucci¨®n econ¨®mica tras la pandemia, se han convertido en el instrumento excepcional del acuerdo de endeudamiento compartido, fructificado en el Fondo Europeo de Reconstrucci¨®n del que Espa?a recibir¨¢ 140.000 millones de euros en seis a?os, 72.700 en transferen...

Los programas Next Generation EU nacieron para construir la Europa de la nueva generaci¨®n. Hoy, cuando se trata de establecer la reconstrucci¨®n econ¨®mica tras la pandemia, se han convertido en el instrumento excepcional del acuerdo de endeudamiento compartido, fructificado en el Fondo Europeo de Reconstrucci¨®n del que Espa?a recibir¨¢ 140.000 millones de euros en seis a?os, 72.700 en transferencias directas.

De su Mecanismo de Recuperaci¨®n y Resiliencia (MRR) obtendremos 66.300 millones de euros en pr¨¦stamos y 59.000 en ayudas, para impulsar nuestra recuperaci¨®n que deber¨ªa estar basada en una transici¨®n verde, digital y justa. Adem¨¢s, recibiremos 12.400 millones de euros del programa ReactUE para afrontar las consecuencias econ¨®micas y sociales de la crisis desatada por la Covid-19.

En suma, se trata de una oportunidad hist¨®rica para solventar problemas estructurales del modelo productivo espa?ol con criterios socio-ambientales, reforzar su tejido, minimizar sectores o actividades contaminantes, optimizar las sostenibles, y materializar las diversas transiciones que cada sector debe acometer para alcanzar un desarrollo sostenible, que la ONU persigue para 2030. Pero esos cambios potenciales pueden quedar truncados, si esta in¨¦dita inyecci¨®n econ¨®mica no se articula con una mirada ecosocial rigurosa y ambiciosa. ?Qu¨¦ focos se vislumbran como problem¨¢ticos para que la inversi¨®n de estos fondos sea realmente verde y justa?

1) La premura y la tenue claridad pueden causar problemas. Mientras se afinan los textos del MRR y del Plan de Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia ¡ªque el Gobierno debe mostrar a la Comisi¨®n Europea (CE) antes del 30 de abril de 2021¡ª las Comunidades Aut¨®nomas, algunas consultoras y grandes empresas, presentan sus proyectos a contrarreloj, muchos de ellos sin apuntar a una transformaci¨®n socioambiental.

La CE tendr¨¢ dos meses para evaluar el plan nacional que presente Espa?a, y el Comit¨¦ Econ¨®mico Financiero un mes para opinar. A partir de ah¨ª, surgen inc¨®gnitas sobre la eficacia de la estructura y organizaci¨®n dise?ada por el Gobierno para la gesti¨®n, la adecuada elecci¨®n de las inversiones, la ejecuci¨®n de los fondos, o respecto a c¨®mo garantizar el acceso sim¨¦trico de todos los agentes a los mismos, y a la informaci¨®n para obtenerlos.

2) Surgen dudas sobre la capacidad y condicionalidad verde. Si las Administraciones no tienen medios para gestionar bien los fondos, crece el riesgo de externalizarlos expeditivamente al sector privado en proyectos sin criterios sostenibles, por la escasa condicionalidad verde del MRR. As¨ª, aunque la Comisi¨®n de Medio Ambiente del Parlamento Europeo excluy¨® de las inversiones a las energ¨ªas f¨®siles (principal causa del cambio clim¨¢tico), y acept¨® elegirlas aplicando la taxonom¨ªa (metodolog¨ªa t¨¦cnica que clasifica las actividades contaminantes), al final, las Comisiones de Presupuestos y Econom¨ªa, que lideran los fondos, no excluyeron ninguna actividad contaminante, y s¨®lo aceptaron la taxonom¨ªa para el 40% de ¡°inversiones verdes¡±, relajando las exigencias. Para el resto, es suficiente con aplicar el principio de ¡°no causar da?o significativo¡±.

3) Se puede acabar favoreciendo principalmente a grandes actores privados en sectores como la energ¨ªa, construcci¨®n, log¨ªstica, transporte, telecomunicaci¨®n, alimentaci¨®n, etc. en detrimento de los peque?os. Actualmente, muchas empresas est¨¢n movilizadas para atraer fondos, y numerosos proyectos son de iniciativa privada, ¡ªun tercio de los de Andaluc¨ªa, por ejemplo¡ª. Sin embargo, los art¨ªculos 9 y 51 del borrador del Real Decreto Ley para gestionar los contratos financiados con estos fondos europeos apuntan la posibilidad de privatizaciones y colaboraciones p¨²blico-privadas poco garantes.

Hay que tomar en consideraci¨®n que las Pymes est¨¢n repercutiendo m¨¢s la crisis, y crean el 66% del empleo nacional seg¨²n el DIRCE. As¨ª que una falta de diversidad y simetr¨ªa en el reparto de fondos hacia los peque?os y medianos actores podr¨ªa relegar inversiones m¨¢s redistributivas, afectar al tejido productivo, comercial, a emprendimientos sostenibles, o a servicios p¨²blicos.

4) Hay que reconocer las verdaderas oportunidades. Es vital distinguir qu¨¦ inversiones crean verdadera resiliencia entre todos los lavados verdes y sociales surgidos al calor de los fondos, de industrias, empresas o Comunidades que tratan de adaptar proyectos antiguos insostenibles con argumentos afines a la coyuntura.

5) Conviene evitar los compromisos que lastren la transici¨®n sostenible y que favorecen a sectores intensivos en emisiones, sin condicionalidad verde. Un ejemplo es el automovil¨ªstico que recibir¨¢ el 14% de los fondos (250 millones de ellos para el Plan Renove que incluye a los veh¨ªculos m¨¢s contaminantes), o la aviaci¨®n, que ha solicitado rescates gubernamentales en Europa por valor de 34.400 millones, sin condiciones clim¨¢ticas vinculantes.

Siendo Espa?a el m¨¢ximo productor agrario ecol¨®gico de la UE y el cuarto global (la mayor parte se exporta), resulta que lo destinado a agricultura de los fondos en los Presupuestos Generales es insuficiente y no se dirige a su transici¨®n. La dotaci¨®n del programa de Competitividad y Calidad Alimentaria para la agricultura ecol¨®gica cae un 20% respecto a 2018. Y todo parece indicar que la nueva Pol¨ªtica Agraria Com¨²n, de la que recibiremos 47.700 millones, favorece m¨¢s a la agroindustria y a grandes explotaciones (m¨¢s contaminantes) que a las peque?as, medianas o ecol¨®gicas.

6) Cuidado con el paso del ¡°quien contamina paga¡± al ¡°quien contamina gana¡±. Uno de los objetivos declarados de los fondos es evitar la contaminaci¨®n, pero puede darse la paradoja de que finalmente empresas, sectores o pa¨ªses ¡ªcomo Polonia, Ruman¨ªa o Hungr¨ªa, m¨¢s dependientes de energ¨ªas f¨®siles¡ª que contaminan m¨¢s, se embolsen m¨¢s fondos, frente a aquellos que son m¨¢s limpios.

7) La digitalizaci¨®n plantea problemas por su huella ecol¨®gica y la plausible destrucci¨®n de empleo, pero tambi¨¦n porque se dar¨¢ luz verde en Espa?a a proyectos mineros a cielo abierto, con impacto socioambiental. Esto entra dentro de la estrategia de digitalizaci¨®n para tratar de reducir la dependencia de materiales cr¨ªticos. Adem¨¢s, por otro lado, existe el riesgo de socializar p¨¦rdidas de empresas vinculadas a los procesos de digitalizaci¨®n, si acumulan exceso de financiaci¨®n y deuda.

8) El problema de la falta de armonizaci¨®n. A nivel nacional y europeo urge armonizar normas, reglamentos, estrategias, leyes clim¨¢ticas, acuerdos, pactos, planes, pol¨ªticas o presupuestos. Adem¨¢s, ¨¦stos a su vez deber¨ªan estar en consonancia con las inversiones, fiscalidades verdes, reparto de emisiones, sectores difusos, el Acuerdo de Par¨ªs, las recomendaciones del IPCC, etc. Las piezas de este complejo puzle a¨²n no encajan para que la ansiada recuperaci¨®n sostenible sea efectiva, sin dejar a nadie atr¨¢s.

El contexto actual requiere hilar muy fino. Malgastar esta oportunidad supone vaciar de contenido econ¨®mico, pr¨¢ctico y sem¨¢ntico los fondos Next Generation, e hipotecar el bienestar de generaciones.

Brenda Ch¨¢vez es periodista especializada en sostenibilidad y autora de Al borde un ataque de compras (Debate).