Cuidemos la Universidad

La prensa informa de que una universidad privada, ahora en manos de un fondo de inversi¨®n, ha firmado en preacuerdo de un Expediente de Regulaci¨®n de Empleo (ERE). Algo novedoso en el ¨¢mbito universitario, pero no en el ¨¢mbito empresarial. Hace pocas semanas el Tribunal Constitucional estimaba (con alg¨²n voto particular) la reclamaci¨®n de otra ...

La prensa informa de que una universidad privada, ahora en manos de un fondo de inversi¨®n, ha firmado en preacuerdo de un Expediente de Regulaci¨®n de Empleo (ERE). Algo novedoso en el ¨¢mbito universitario, pero no en el ¨¢mbito empresarial. Hace pocas semanas el Tribunal Constitucional estimaba (con alg¨²n voto particular) la reclamaci¨®n de otra universidad privada para que sus estudiantes puedan acceder a las becas p¨²blicas. Son ejemplos de la presencia de las universidades privadas en nuestro sistema universitario (SUE), presencia que el reciente informe CYD 2019 se?ala como un elemento destacado en la evoluci¨®n del sistema, por lo que (sic): ¡°los reguladores han de tener un protagonismo creciente para garantizar la calidad del sistema universitario en su conjunto¡±. Quiz¨¢s merezca la pena analizar un poco este fen¨®meno y sus posibles causas y consecuencias.

Las universidades privadas aparecen tras la Ley Org¨¢nica de Universidades de 2001 (salvo las cuatro de la Iglesia que ya exist¨ªan). Ahora mismo hay 50 universidades p¨²blicas (n¨²mero inalterado desde 1998) y 38 privadas, de las que 11 se han creado en la ¨²ltima d¨¦cada (cuatro en 2019). Esta proliferaci¨®n no es ajena, sin duda, a la importancia que el conocimiento y la formaci¨®n est¨¢n teniendo y van a tener en el futuro, con la percepci¨®n de oportunidad de negocio que ello abre en torno a la educaci¨®n superior. La reciente compra de algunas universidades privadas por fondos de inversi¨®n, siempre ¨¢vidos de lo que huela a rentabilidad, es prueba de ello. Noticias como el ERE referido al inicio, deber¨ªan alertarnos de los efectos de introducir los intereses econ¨®micos y la l¨®gica del beneficio (algo inherente a la empresa) en la prestaci¨®n del servicio p¨²blico de educaci¨®n superior y de la importancia de cuidar (que tambi¨¦n implica cambiar) la universidad p¨²blica (sin perder su esencia). Lo que, seguramente, nos lleva a la cuesti¨®n medular de qu¨¦ debe ser una universidad.

El modelo de universidad que desarrolla la LOU y al que nuestra Constituci¨®n reconoce autonom¨ªa, es el modelo humboldtiano, que a¨²na, de modo indisociable, la docencia y la investigaci¨®n. Pero, a d¨ªa de hoy, la investigaci¨®n en muchas universidades privadas es pr¨¢cticamente inexistente: los indicadores de producci¨®n cient¨ªfica al respecto son abrumadores; a nivel econ¨®mico, mientras en las universidades p¨²blicas se destinaron en 2018 m¨¢s de 3.500 millones de euros a I+D, en las privadas, no se lleg¨® a los 300; el 94,5% de los estudiantes de doctorado est¨¢n en la p¨²blica.

Por eso, no es balad¨ª la cuesti¨®n de si algunas de las universidades actuales debieran tener dicha consideraci¨®n. Ya sea por su tama?o ¨Creducido, asimilable a grupos sociales precisos¨C, por su extensi¨®n ¨Cel abanico de titulaciones que ofrecen es demasiado restringido¨C, o por su profundidad ¨Ccon capacidad investigadora escasa o inexistente¨C. El arte de nombrar es importante e igual que no llamamos hospital a un ambulatorio, ni pueden hacer el mismo tipo de intervenciones, deber¨ªamos pensar si es razonable poner un poco de orden en el mapa de la educaci¨®n superior y llamar a cosas distintas por distinto nombre.

M¨¢s datos para el an¨¢lisis: en lo que va de siglo, la poblaci¨®n universitaria se ha mantenido esencialmente constante, en torno al mill¨®n y medio de estudiantes. No ha existido, pues, aparentemente, una necesidad de atenci¨®n a demandas extraordinarias de n¨²mero ni geogr¨¢ficas: pr¨¢cticamente todas las universidades privadas se han creado en entornos ya universitarios, siendo particularmente llamativo el caso de Madrid. Se ha producido, pues, un trasvase de estudiantes de las universidades p¨²blicas a las privadas: el 15,9% de los 1,3 millones de estudiantes de grado del curso 2018-19 estaban matriculados en universidades privadas (11,1% en presenciales y 4,8% en no presenciales); el 37% de los estudiantes de m¨¢ster, segmento formativo m¨¢s ¨¢gil y rentable, estaban en universidades privadas (con casi un 20% en no presenciales). La distribuci¨®n cambia radicalmente al llegar al doctorado, como se ha se?alado.

La oferta de las universidades privadas se centra mayoritariamente en los t¨ªtulos m¨¢s demandados y con mejor relaci¨®n coste/beneficio (factor rentabilidad), un dato a tener en cuenta a la hora de sacar conclusiones ligeras sobre la eficiencia de las p¨²blicas. Una parte no desde?able del trasvase de estudiantes puede explicarse por aquellos que no son admitidos en las p¨²blicas al no alcanzar la nota de corte en ellas. Pero no solo.

El informe CYD se?ala que, entre los estudiantes de grado de nuevo ingreso en universidades privadas, la proporci¨®n de progenitores que son directores o gerentes es m¨¢s de cinco veces superior a la proporci¨®n de dicho grupo en la sociedad y otro tanto ocurre con el grupo de t¨¦cnicos, profesionales, cient¨ªficos e intelectuales. Por el contrario, los progenitores clasificados en el grupo de trabajadores de la administraci¨®n y servicios, as¨ª como los desempleados, est¨¢n claramente infrarrepresentados. En otras palabras, podr¨ªamos estar asistiendo, de modo poco perceptible y no necesariamente correlacionado con la calidad de los estudios, a un embolsamiento social con un efecto posterior de retroalimentaci¨®n: al moverse en c¨ªrculos profesionalmente m¨¢s acomodados los estudiantes establecen relaciones, hacen pr¨¢cticas en determinadas empresas, etc¨¦tera, que les permiten luego una mejor inserci¨®n laboral. Este fen¨®meno se agudiza en m¨¢ster, que los estudiantes asocian de modo m¨¢s directo e inmediato a sus posibilidades de empleo.

La oferta de las universidades privadas se centra en los t¨ªtulos con mejor relaci¨®n coste/beneficio, un dato a tener en cuenta a la hora de sacar conclusiones ligeras

?C¨®mo abrir este c¨ªrculo? Ciertamente, corresponde a los poderes reguladores, esto es, el Ministerio de Universidades y las Administraciones Auton¨®micas, ejercer como tales, fijar requisitos, controles y tener un papel protagonista. Tambi¨¦n, hay muchas cosas que cambiar en las universidades p¨²blicas para afianzar la confianza de la sociedad, sin mermar su calidad ni su car¨¢cter de servicio p¨²blico. Es obligaci¨®n de los poderes reguladores (y de las propias universidades en lo que competa a su autonom¨ªa) abordar dichos cambios, incluyendo una regulaci¨®n que les permita la agilidad, adaptabilidad y estabilidad necesarias. Junto a recursos suficientes: conviene recordar que Espa?a est¨¢ por debajo de la media de la Uni¨®n Europea y de la OCDE en gasto en educaci¨®n superior por estudiante y en porcentaje del PIB. Hace unas semanas, el ministro Castells nos anunciaba, en este mismo medio, una serie de medidas en la apuesta por una Universidad P¨²blica de calidad. Quedamos a la espera.

Estamos sufriendo los estragos de no haber cuidado y valorado la sanidad p¨²blica. 2021 se anuncia como el punto de partida para la Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia, en la que la Universidad p¨²blica debe jugar un papel crucial, como ya lo hizo en la transformaci¨®n de nuestro pa¨ªs hacia la democracia en el siglo pasado. Lo har¨¢, pero debemos cuidarla.

Carlos Andradas es catedr¨¢tico de ?lgebra en la Universidad Complutense de Madrid y rector de 2015 a 2019.