El decreto para frenar las ¡°universidades chiringuito¡± levanta las primeras ampollas

El decreto de creaci¨®n de nuevas universidades y reconocimiento de las antiguas que propone el ministro Manuel Castells ¨Dque intenta poner freno a las que act¨²an como meras academias (conocidas como universidades chiringuito en el sector), a las que se exigir¨¢ que acrediten su labor de investigaci¨®n¨D ha empezado a levantar ampollas. El Foro Emilia Pardo Baz¨¢n, que agrupa a casi el total de las 39 universidades privadas, reclama que el plazo para adaptarse a los nuevos condicionantes de calidad sea de m¨¢s de cinco a?os, ya que no todos los campus compiten en igualdad de condiciones, ni en tama?o ni en recursos econ¨®micos.

Castells quiere que todas las universidades hagan docencia, investigaci¨®n y transferencia de conocimiento y considera que muchas descuidan las dos ¨²ltimas, especialmente las privadas (parte con una excelente ense?anza) cuya financiaci¨®n est¨¢ condicionada por las matr¨ªculas. En un documento consensuado por el foro ¨Dcuyos miembros aspiran a que la conferencia de rectores (CRUE) adopte parte de sus alegaciones¨D se comparte ¡°la preocupaci¨®n por mejorar el sistema universitario espa?ol¡± expresada por Castells, aunque a continuaci¨®n se a?aden cinco p¨¢ginas de peros. Si no se cumplen los requisitos del nuevo decreto, el campus dejar¨¢ de llamarse universidad y no impartir¨¢ grados. ¡°Podr¨ªa suponer la restricci¨®n de derechos fundamentales, el constre?imiento del derecho a la autonom¨ªa universitaria¡±, se alega en el resumen ejecutivo del plenario del foro celebrado hace dos viernes, al que ha tenido acceso EL PA?S.

Los integrantes del foro creen que debe haber ¡°reglas de similar exigencia para todos (igual capacidad para acceder a las convocatorias)¡±. Juan Cay¨®n, exrector de la Universidad Antonio de Nebrija y autor de las conclusiones, explica que, por ejemplo, universidades creadas en los noventa ¨Dsu centro, la Europea o la Alfonso X¨D no pueden contratar a investigadores con becas Fulbright al ser sociedades an¨®nimas. Ahora suelen constituirse como fundaciones (con beneficios fiscales) aunque parte buscan el lucro.

Adem¨¢s, piden que se tengan en cuenta las particularidades: antig¨¹edad, tama?o y consolidaci¨®n de cada universidad. Mientras las Administraciones no han inaugurado ning¨²n campus p¨²blico desde 1998 (la Polit¨¦cnica de Cartagena), las privadas han creado 22, hasta sumar los 39 actuales. Con la Universidad Internacional de la Empresa, del grupo Planeta, son cuatro las instituciones que se han fundando en Madrid en dos a?os ¨Djunto a ESIC, CUNEF y Villanueva¨D. Uno de los problemas que afrontan de cara al nuevo decreto es que estar¨¢n obligadas a impartir grados de tres de las cinco ¨¢reas de conocimiento (Ingenier¨ªa, Ciencia, Ciencias Sociales y Jur¨ªdicas, Humanidades y Ciencias de la Salud), cuando estos campus est¨¢n centrados ¨²nicamente en las ciencias sociales. ¡°Si las polit¨¦cnicas est¨¢n excluidas en el decreto, ?por qu¨¦ no el resto? ?La especializaci¨®n va en contra de la calidad? Stanford la tiene y nadie la cuestiona¡±, plantea Cay¨®n.

El tama?o es tambi¨¦n un gran handicap para las privadas. Muchas de ellas tienen menos de 2.000 alumnos ¨Dla Complutense de Madrid tuvo en el curso 2019-2020 m¨¢s de 72.000¨D y eso es precisamente lo que quiere evitar el ministerio, convencido que en proporciones tan peque?as no hay ¡°masa cr¨ªtica de profesores, titulaciones y estudiantes¡± suficiente para generar conocimiento. Cada universidad tendr¨¢ que ofertar un m¨ªnimo de 10 carreras, seis m¨¢steres y tres doctorados (algunas privadas no tienen ninguno).

¡°No parece razonable imponer un determinado modelo de organizaci¨®n universitaria, sin dejar margen alguno de discrecionalidad a las comunidades aut¨®nomas¡±, se lamenta la alianza. Eso es justamente lo que busca el ministerio, frenar el poder de los gobiernos auton¨®micos que llevan a?os dando v¨ªa libre a universidades ¨Duna fuente de dinero y puestos de trabajo¨D pese al informe en contra del Consejo de Universidades (preceptivo, pero no vinculante), en el que est¨¢ presente el ministro y los rectores (50 de la p¨²blica).

Forzar a las universidades a invertir en investigaci¨®n es visto por el foro como una injerencia en su ¡°autonom¨ªa presupuestaria¡± y no entienden por qu¨¦ el n¨²mero de estudiantes de grado debe ser mayor al de posgrado (cuyos cr¨¦ditos tienen un coste superior), al contrario de lo que ocurre en universidades de primer nivel como Harvard, el MIT o Yale. ¡°Nos preocupa que haya un crecimiento desordenado. Que la universidad sea un paraguas para dar t¨ªtulos de formaci¨®n continua online cuando esa no es su misi¨®n¡±, sostienen fuentes gubernamentales. Desde la alianza se recuerda que ese tipo de formaci¨®n de menor duraci¨®n y m¨¢s especializada va a ser indispensable en un mundo en constante cambio.

El decreto obliga, adem¨¢s, a que el 60% del profesorado tenga un sexenio de investigaci¨®n (un complemento salarial unido al rendimiento cient¨ªfico). Ese reconocimiento lo otorga la Agencia Nacional de Evaluaci¨®n de la Calidad y Acreditaci¨®n (ANECA), que depende del Ministerio de Universidades, y por ello el foro sostiene que ahuyentar¨¢ al talento extranjero. Ven incomprensible que el 60% de la plantilla sea a tiempo completo, porque en su opini¨®n ¡°no se justifica por criterios de calidad e impide la colaboraci¨®n parcial entre varias universidades nacionales o internacionales¡±. Tampoco comparten que el 70% de los profesores de m¨¢ster tengan que ser doctores. ¡°La mayor¨ªa de los m¨¢steres son habilitantes [para poder ejercer una profesi¨®n, como abogado o profesor de secundaria], no de investigaci¨®n. Es un sinsentido¡±, a?aden.

Estos son los primeros pasos de un decreto que previsiblemente llegar¨¢ al Consejo de Ministros el pr¨®ximo trimestre y no es descartable que el asunto termine en los tribunales.

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