Evitar una desescalada ca¨®tica el 9 de mayo

Con el fin del estado de alarma previsto para el pr¨®ximo 9 de mayo y un cuadro pol¨ªtico marcado por una confrontaci¨®n exacerbada, Espa?a se dirige hacia una situaci¨®n de gesti¨®n de la pandemia muy incierta que resulta necesario evitar. El presidente Pedro S¨¢nchez ha anunciado la intenci¨®n de su Ejecutivo de, salvo desarrollos excepcionales, dejar expirar el estado de alarma sin buscar pr¨®rrogas. Es esta la herramienta constitucional que ha amparado las limitaciones de derechos fundamentales instrumentales para combatir la propagaci¨®n de la enfermedad, y muy especialmente el toque de queda. Desactivado este mecanismo constitucional, la gesti¨®n de medidas restrictivas recaer¨¢ sobre las comunidades aut¨®nomas al amparo de la Ley Org¨¢nica 3/1986, una norma que las habilita para tomar medidas por razones de salud p¨²blica, pero redactada con una problem¨¢tica indefinici¨®n, motivo por el que el Consejo de Estado ha exhortado esta semana a reformarla. El conjunto de la persistencia de la pandemia, de la conflictividad pol¨ªtica y de cierta indefinici¨®n jur¨ªdica que abre la v¨ªa a vaivenes judiciales configura una p¨¦sima combinaci¨®n para afrontar meses que ser¨¢n dif¨ªciles. Convendr¨ªa evitarlo con preparativos serios, inspirados en los principios de cooperaci¨®n leal y pragm¨¢tica. Valores que no abundan en la pol¨ªtica espa?ola.

Dado el persistente peligro para la salud p¨²blica y la importancia de los derechos fundamentales, el estado de alarma se antoja como la herramienta democr¨¢tica m¨¢s pulcra para la gesti¨®n; no deber¨ªa desecharse a la ligera. Es cierto que, aun sin ¨¦l, las comunidades podr¨¢n tomar importantes medidas y es comprensible que el Ejecutivo sea reacio a intentar prorrogarlo dada la desleal actitud de la oposici¨®n. Pero es evidente el riesgo de un debilitamiento del armaz¨®n que ampara la gesti¨®n pand¨¦mica y de un calvario de decisiones sometidas a control judicial que puede complicar todo y causar confusi¨®n. Ante esta situaci¨®n, lo normal ser¨ªa un di¨¢logo en busca de una soluci¨®n entre la mayor¨ªa gubernamental y la oposici¨®n, tanto sobre el estado de alarma como una posible reforma de la ley de 1986, que los conservadores sugieren y los socialistas rechazan. Lamentablemente, no parecen darse las condiciones.

En este marco, el Partido Popular deber¨ªa aclarar su posici¨®n y dejar de utilizar de forma partidista un asunto que afecta a la salud de los espa?oles. El PP exhibe una llamativa cacofon¨ªa en el seno de la formaci¨®n. Algunos de sus barones anhelan una pr¨®rroga de un estado de alarma que el propio partido no aval¨®, mientras la direcci¨®n pide un plan b jur¨ªdico alternativo a este. Adem¨¢s, segmentos de la formaci¨®n parecen buscar el inter¨¦s partidista antes que el de los ciudadanos.

Falta pues un mes para entrar en un escenario que, si algo no cambia, ser¨¢ negativo para Espa?a. Esto obliga al conjunto de fuerzas parlamentarias a buscar soluciones de consenso en un marco de lealtad. El clima de campa?a por las elecciones en Madrid no ayudar¨¢. En ese sentido, las declaraciones del presidente S¨¢nchez cuestionando la contabilizaci¨®n de los contagios en Madrid ¡ªaunque fueran en una conversaci¨®n informal con periodistas¡ª no fueron afortunadas. Al otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid encabeza la facci¨®n de su partido que tiene como estrella polar promover una t¨®xica confrontaci¨®n. La ciudadan¨ªa merece soluciones.