Paramilitarismo sicarial en Colombia

Desde hace unos d¨ªas, varios v¨ªdeos le dan la vuelta a Colombia y al mundo. En ellos se observa a civiles disparando contra personas que protestan en el marco del estallido social que ha vivido el pa¨ªs en el ¨²ltimo mes. Estos civiles que disparan lo hacen, en muchos casos, con la complacencia de la polic¨ªa. Se ve en los v¨ªdeos que, cuando disparan, est¨¢n apenas a un par de metros de los agentes. Tambi¨¦n, hace unos d¨ªas, un funcionario de la Fiscal¨ªa habr¨ªa asesinado a un joven que protestaba y este fue linchado por otros manifestantes. A esto se le suma una pr¨¢ctica recurrente y es que en varias ciudades les disparan a las personas que protestan con armas de fuego desde camionetas o veh¨ªculos.

El paro nacional comenz¨® el pasado 28 de abril y una semana despu¨¦s del inicio ya se sab¨ªa de civiles disparando contra j¨®venes. En Pereira fue asesinado un l¨ªder estudiantil, Lucas Villas, a manos de supuestos civiles. D¨ªas despu¨¦s, otro joven fue asesinado por un sicario. En el primer caso, por la ruta de escape del asesino deb¨ªa estar un puesto de polic¨ªa, pero ese d¨ªa desapareci¨® por arte de magia. En el segundo caso, las investigaciones no avanzan y nadie dice nada.

Tradicionalmente esta violencia era aplicada por organizaciones paramilitares de car¨¢cter regional y nacional. Por ejemplo, entre 1985 y 1994 fueron asesinados miles de militantes del partido de izquierda Uni¨®n Patri¨®tica. Esta vez, en Colombia, los grupos disidentes del paramilitarismo como el Clan del Golfo o Los Rastrojos no se han metido a atacar la protesta social. Muchos civiles que antes contrataban a estos grupos o instigaban a que actuaran contra opositores lo dejaron de hacer ya que, en una buena cantidad de casos, las organizaciones criminales terminaban extorsion¨¢ndolos y cobr¨¢ndoles mensualidades para evitar delatarlos o para evitar que tomaran represalias.

Ahora todo parece indicar que esta violencia ilegal privada se ha tercerizado y que diferentes personas habr¨ªan contratado a sicarios de peque?as organizaciones criminales, exfuncionarios estatales o funcionarios -con el fin de asesinar marchantes y reprimir la ola de protesta que vive el pa¨ªs-; pero tambi¨¦n, en otros casos, los que disparan son personas radicalizadas, que creen en teor¨ªas conspirativas y salen envalentonados por el contexto de impunidad que han mandado las autoridades colombianas. Es decir, no son organizaciones criminales grandes.

Este paramilitarismo sicarial, en una buena cantidad de casos, ha contado con la complacencia o la complicidad de las autoridades. Hay muchos v¨ªdeos como prueba para llegar a esta conclusi¨®n. Pero m¨¢s all¨¢ de esto, la gran explicaci¨®n a estos fen¨®menos viene de la impunidad. Seg¨²n cifras de organizaciones sociales durante la protesta van m¨¢s de 40 asesinatos, cerca de una veintena de agresiones sexuales, m¨¢s de 30 j¨®venes de han sufrido agresiones oculares y hay m¨¢s de un centenar de heridos por arma de fuego, presuntamente, cometidos por la polic¨ªa colombiana. A pesar de eso no ha ca¨ªdo un solo general o coronel, ni ha salido el Ministro de Defensa. El mensaje de impunidad es incre¨ªble.

Todo indica que este sicariato paramilitar marcar¨¢ la nueva etapa de represi¨®n a los manifestantes. Si bien la c¨²pula de la polic¨ªa reconoce los v¨ªdeos y ha anunciado investigaciones, lo cierto es que nadie conf¨ªa en esos anuncios y la imagen de la instituci¨®n cada vez se deteriora m¨¢s. Adem¨¢s, nada indica que la ola de violencia se detendr¨¢.

Colombia es un pa¨ªs con un mercado amplio de armas negras y varios tipos de organizaciones paramilitares. Al final, este proceso de represi¨®n por parte de supuestos civiles, quienes act¨²an con cierta complacencia por parte de las autoridades terminar¨¢ en una escalada armament¨ªstica donde los manifestantes comenzar¨¢n a armarse y a disparar. Habr¨¢ muertos de lado y lado.

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