Aza?a y Ortega indultar¨ªan a los sediciosos

Los indultos ser¨¢n un episodio relevante, no determinante, en el desenvolvimiento del problema catal¨¢n. Ev¨ªtese la discontinuidad de nuestra cultura pol¨ªtica. Afr¨®ntese con profundidad hist¨®rica. Evoquemos los memorables discursos de Ortega y Aza?a (mayo de 1932, debate parlamentario sobre el Estatuto catal¨¢n). Para Ortega, ¡°un problema perpetuo que no se puede resolver, que solo se puede conllevar¡±. Para Aza?a, resoluble, planteado como problema pol¨ªtico cuya dimensi¨®n establece el presente: entonces el de una Catalu?a ¡°descontenta, impaciente, discorde¡±. Aprobar el Estatuto era un acto de pacificaci¨®n y de buen gobierno. Coincidir¨ªan en el s¨ª. Enfrente, la encendida campa?a reaccionaria cuyos pasquines clamaban: ¡°Espa?oles, GUERRA AL ESTATUTO CATAL?N! ?Comerciantes! ?Pueblo! Hasta no saber a qu¨¦ ateneros no compr¨¦is productos catalanes¡±.

Aza?a, a pesar de la decepci¨®n que experiment¨® por la deslealtad del nacionalismo catal¨¢n, apoyar¨ªa el indulto porque expresa b¨²squeda de soluci¨®n y est¨¢ en l¨ªnea con su actitud moral (¡°Paz, piedad, perd¨®n¡±, Barcelona 1938). Ortega, coincidente, lo asociar¨ªa a su ¡°conllevancia¡±, m¨¢xime cuando ni gota de sangre mancha la calle.

Sin suposiciones. Sin argumento de autoridad: El actual problema pol¨ªtico catal¨¢n es distinto al del ayer republicano. Es ya un conflicto dual: entre catalanes partidos por la mitad y entre el Estado y una de sus partes, la Generalitat, gobernada por el independentismo. La b¨²squeda de soluci¨®n ¡ªpor los legisladores, por los gobernantes¡ª es tan obligada hoy como ayer. Soluci¨®n del problema, no supresi¨®n en sus dos formas (separaci¨®n de Catalu?a o aplastar su autonom¨ªa). Hoy, a diferencia de ayer, en el marco propicio del proceso integrador de la Uni¨®n Europea.

El debate sobre la pertinencia de los indultos es necesario, inevitable, leg¨ªtimo. La posici¨®n favorable o contraria est¨¢ mediada, pero no predeterminada, por la previa ante el Gobierno de S¨¢nchez. Quienes consideraron ileg¨ªtima su presidencia, desde su origen, han tomado el asunto para redoblar su impugnaci¨®n. Sepultan la realidad, fundamento de la pol¨ªtica y del debate democr¨¢tico, con premisas falsas y opiniones ¡ªm¨¢s que discutibles¡ª presentadas como verdades absolutas o hechos determinantes.

Referiremos tres.

Uno. Que la ley no se ha restablecido: en consecuencia no cabe di¨¢logo, ni propiciar respuestas pol¨ªticas, ni indultos. La realidad es que la ley constitucional se restableci¨® aplicando su art¨ªculo 155; supuso la derrota del proc¨¦s, aunque el independentismo logr¨® una victoria simb¨®lica el 1-0 (a cuenta del apaleamiento de los votantes en el refer¨¦ndum anticonstitucional) que tuvo proyecci¨®n internacional y que qued¨® ridiculizada por una DUI que dur¨® segundos. Que elecciones auton¨®micas posteriores permitan al independentismo formar Govern no revela alteraci¨®n del orden constitucional sino que Espa?a es una democracia.

Dos. Que S¨¢nchez necesita indultar para mantenerse. La realidad legal: su derecho a la presidencia llega hasta el final de la legislatura. Puede renunciar a ¨¦l. O perderlo por una moci¨®n de censura (si Casado creyera sus denuestos contra el presidente estar¨ªa obligado a presentarla). El Gobierno cuenta con unos PGE que le dan plazo y le permiten mejorar la gobernabilidad necesaria para la reconstrucci¨®n econ¨®mica. La importancia del apoyo parlamentario de ERC est¨¢ en relaci¨®n directamente proporcional con el desentendimiento del PP de la gobernabilidad de la democracia espa?ola. Le interesa mucho cuando gobierna, poco cuando le toca hacer oposici¨®n.

Tres. Que los indultos son ilegales y contra el poder judicial. El Tribunal Supremo (Sala Penal) ha informado que ¡°no puede hacer constar la m¨¢s m¨ªnima prueba o el m¨¢s leve indicio de arrepentimiento¡± y concluye ¡°negativamente la concesi¨®n de cualquier forma de indulto ¡ªtotal o parcial¡ª¡±. La ley no exige el arrepentimiento como requisito imprescindible. El criterio del sentenciador penal es determinante para impedir el indulto total, no el parcial. La legalidad de los indultos no la controlar¨¢ la Sala Penal del TS, sino la del orden contencioso-administrativo. Esta, en 2013, empez¨® a exigir motivaci¨®n, a fin de evitar arbitrariedad, en los casos en que hubiera oposici¨®n del ministerio fiscal y del tribunal sentenciador; advirtiendo que no pod¨ªa ¡°revisar la decisi¨®n de indultar¡±. Los reales decretos deber¨¢n motivarse, pues. Pero proclamar de plano su ilegalidad antes de ser aprobados es negar al Gobierno su potestad constitucional y atribu¨ªrsela al juzgador penal.

Pasemos al meollo: ?Existen razones de utilidad p¨²blica invocadas por el presidente para fundar su voluntad de indultar? Las hay, aunque haya dudas razonables sobre si los indultos cumplir¨¢n su finalidad.

La responsabilidad del Gobierno pasa por esmerarse en la motivaci¨®n. Porque ser¨¢n recurridos (incluso cabe que el TS matice su jurisprudencia extendiendo su examen a la motivaci¨®n, aunque el par¨¢metro de legalidad seguir¨¢ siendo el de si resulta arbitraria, no si resulta convincente a criterio de la sala). Y, sobre todo, porque una motivaci¨®n acertada es necesaria para que la ciudadan¨ªa les reconozca legitimidad mayor.

?Qu¨¦ razones? Est¨¢n en la realidad.

El proc¨¦s ha conllevado una fractura que ha partido por la mitad a millones de catalanes: los movilizados masiva, duraderamente y con creencia cambiante (Espa?a no nos quiere, nos roba, nos reprime, no nos deja votar...) en pro de la separaci¨®n; los que sintieron la asfixiante presi¨®n del independentismo que los expel¨ªa de la vida p¨²blica. Esa creencia y esa presi¨®n hoy est¨¢n en retroceso. El president Aragon¨¨s, a diferencia de Torra, no refiere la acci¨®n de su Govern a ¡°cumplir el mandato del 1-O¡±.

En esta situaci¨®n, no antes, los indultos, a¨²n siendo solo parciales, pueden contribuir a restablecer la calma, mejorar la convivencia entre catalanes; aumentando as¨ª la presi¨®n ciudadana para que mejore la gobernabilidad en Catalu?a, basada en la dial¨¦ctica Gobierno-oposici¨®n, y ocupada en los graves problemas sociales cotidianos y en el futuro de Catalu?a.

Esa posibilidad est¨¢ en el dato del muy superior porcentaje de catalanes que apoyan los indultos al de los que se oponen; que indica tambi¨¦n que esta raya divisoria no separa a los independentistas de los partidarios de la unidad, sino a los que apoyan estrategias de la tensi¨®n de los que quieren liberarse de estas.

La decisi¨®n de indultar puede motivarse como una medida que persigue pacificaci¨®n y buen gobierno, apoyada en la creciente voluntad y necesidad de convivencia en la sociedad catalana.

Nos concierne tambi¨¦n a las generaciones de espa?oles vivos. Hay advertencias de inflamaci¨®n al amparo de una oposici¨®n mayoritaria de los espa?oles. Mayor¨ªa circunstancial y ya declinante en una opini¨®n p¨²blica asaltada por hip¨¦rboles dram¨¢ticas (suicidio, traici¨®n, venta de la justicia¡­). Para la unidad de Espa?a y para su democracia mejor que apelar a sus pueblos ¡ªpara que sus parlamentos auton¨®micos y sus ayuntamientos se alcen contra los indultos¡ª es apelar, como ha hecho S¨¢nchez, a la magnanimidad, a la benevolencia del pueblo espa?ol, a su consciencia integradora, en correspondencia con el papel que pretendemos en la Uni¨®n Europea.

Quiz¨¢ convenga que el presidente (tras aprobar los indultos, para no diluir la potestad y la responsabilidad de su Gobierno) comparezca en el Congreso, la sala suprema de la motivaci¨®n.

Francisco Aldecoa es catedr¨¢tico de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid; Juan Sisinio P¨¦rez-Garz¨®n es catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea en la Universidad de Castilla-La Mancha, y Jos¨¦ Sanrom¨¢ Aldea es abogado.