Examinar sin titubeos

El mecanismo adoptado por la Generalitat para apoyar a ex altos cargos perseguidos por el Tribunal de Cuentas por una presunta malversaci¨®n de fondos en la promoci¨®n exterior del proyecto independentista suscita importantes recelos. De entrada, en una evaluaci¨®n de car¨¢cter pol¨ªtico, resulta censurable la acci¨®n del Ejecutivo de todos los ciudadanos catalanes en defensa de 34 exdirigentes independentistas a los que se reclaman 5,4 millones de euros. Se trata del uso cuando menos cuestionable de una instituci¨®n p¨²blica para defender un inter¨¦s de parte, algo recurrente en la historia del proc¨¦s. A partir de esa consideraci¨®n, una serie de elementos enturbian a¨²n m¨¢s el cuadro. De entrada, porque pese a las declaraciones del Govern, no parece que la ingenier¨ªa financiera de avales y contravales ideada permita descartar el riesgo de p¨¦rdida de dinero de los contribuyentes ¡ªpor ejemplo, en el caso de eventual insolvencia de un condenado en firme¡ª. Despu¨¦s, por la extrema opacidad que envuelve toda la operaci¨®n ¡ªcomo muestra la reticencia a revelar la entidad bancaria que se har¨¢ cargo de poner los avales en primera instancia con el contraval de la Generalitat¡ª. Adem¨¢s, por la distorsi¨®n que la maniobra implica para el Institut Catal¨¤ de Finances (un organismo de la propia Generalitat), cuyo objetivo estatutario de vitalizar la econom¨ªa encaja muy poco con un papel en el esquema montado.

M¨¢s all¨¢ de la valoraci¨®n pol¨ªtica, resulta naturalmente fundamental dilucidar los aspectos legales. La cuesti¨®n es sin duda compleja. Las autoridades competentes deben actuar examin¨¢ndola con rigor. En ese sentido, el Gobierno tiene la responsabilidad especial de proceder a ese estudio a trav¨¦s de las competencias y recursos humanos de los que dispone, y el deber de hacerlo sin titubeo ninguno y al margen de conveniencias pol¨ªticas. El di¨¢logo sobre la cuesti¨®n catalana es bienvenido; pero nada que no se ajuste estrictamente a la ley es aceptable. Si un rigoroso estudio t¨¦cnico del mecanismo de la Generalitat arrojara dudas sobre el encaje legal del mismo, ser¨ªa un grave error pol¨ªtico no impugnarlo. La opacidad de la operaci¨®n no ayuda: al contrario, refuerza las dudas.

En un contexto tan complejo como el de la cuesti¨®n catalana, no facilitan las cosas ciertas circunstancias que rodean al Tribunal de Cuentas, instituci¨®n que encarna un importante mandato constitucional y tiene pleno encaje en el marco democr¨¢tico. Ello no empece que, igual que para otras instituciones, puedan observarse aspectos mejorables. En esta, los hay manifiestos, desde la necesidad de revisar la fuerte marca pol¨ªtica de sus nombramientos; de evitar el riesgo de conflictos de inter¨¦s; de afinar procedimientos que garanticen la robustez del derecho de defensa, impidiendo por ejemplo que los abogados deban estudiar en solo tres horas 500 p¨¢ginas del expediente, y adem¨¢s formular sus alegaciones. Estas observaciones, sin embargo, no justifican ning¨²n cuestionamiento a priori de la acci¨®n de la instituci¨®n. Y, en cualquier caso, conviene no olvidar que el aspecto central de toda la cuesti¨®n es el abuso de las instituciones que practic¨® el liderazgo independentista. Sin ello, no estar¨ªamos aqu¨ª.