El Tribunal de Cuentas cuestiona el aval de la Generalitat a las multas por la acci¨®n exterior del ¡®proc¨¦s¡¯

El Tribunal de Cuentas no ve viable que el aseguramiento de los 5,4 millones que reclama a los 34 investigados por los gastos de la Generalitat en acci¨®n exterior a favor del proyecto independentista se lleve a cabo con un aval de la propia Administraci¨®n catalana. Obviamente, el tribunal no har¨¢ pronunciamiento formal alguno hasta que reciba alguna propuesta en firme sobre las modalidades de pago que puedan proponer las defensas de los implicados. Pero en la instituci¨®n encargada de la fiscalizaci¨®n del uso de los fondos p¨²blicos no se recuerda precedente alguno que pueda ser invocado ahora para sostener con posibilidades de ¨¦xito dicha pretensi¨®n.

De momento, el Tribunal de Cuentas se halla a la espera de que las defensas propongan la f¨®rmula que estimen m¨¢s conveniente, y legalmente sostenible, para hacer frente al afianzamiento de los citados 5,4 millones. El plazo de 15 d¨ªas establecido para este tr¨¢mite termina el pr¨®ximo d¨ªa 21. Si antes de esa fecha no se ha hecho y validado una propuesta, entra en marcha la maquinaria para asegurar el pago por medio del embargo de bienes bastantes ¡ªnormalmente inmuebles¡ª hasta cubrir dicha cantidad.

Quien tiene que admitir en primera instancia la f¨®rmula de afianzamiento que se proponga, acordando su validez y legalidad, es la delegada instructora, Esperanza Garc¨ªa. Su decisi¨®n es recurrible ante la Sala de Enjuiciamiento, como lo es el acta de liquidaci¨®n que el mi¨¦rcoles de la semana pasada se entreg¨® a las defensas, tras extraer del caso a ocho de los inicialmente investigados. Ahora bien, el recurso contra la citada acta no paraliza el plazo para constituir la cantidad reclamada, que queda asegurada y en dep¨®sito, y que naturalmente ser¨ªa devuelta en caso de que el expediente se resolviera de forma favorable para los implicados.

En el Tribunal de Cuentas se comprende el inter¨¦s de las fuerzas pol¨ªticas que gobiernan la Generalitat por atender este problema del modo que mejor puedan conciliarse los intereses en juego. Pero no entra dentro de las hip¨®tesis del tribunal la idea de romper moldes con este asunto. Es decir, en las conversaciones informales que se est¨¢n teniendo en la instituci¨®n se subraya por un lado el deseo de facilitar al m¨¢ximo el ejercicio del derecho de defensa, pero se excluyen las pr¨¢cticas de contorsionismo jur¨ªdico.

En todo caso, en medios del tribunal se subraya que se va a estudiar cualquier iniciativa que la Generalitat pueda poner en marcha sin posiciones aprior¨ªsticas. Ahora bien, pese a las cr¨ªticas surgidas desde ¨¢mbitos pol¨ªticos ¡ªtanto del Gobierno como de las fuerzas independentistas¡ª, en tales medios se subraya que existe una especial tranquilidad de fondo tras la reciente providencia del Supremo en el sentido de inadmitir a tr¨¢mite el recurso presentado por el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros condenados por los gastos indebidos realizados para organizar la consulta del 9-N de 2014.

Para los consejeros del Tribunal de Cuentas, y en general para la instituci¨®n, esta decisi¨®n del Supremo ha tenido efectos bals¨¢micos. El motivo es que estaban viendo cuestionada su labor, su composici¨®n, sus m¨¦todos de actuaci¨®n y otras circunstancias, como las relaciones de parentesco existentes entre algunos de sus miembros. Todo ello en un contexto en el que desde el Gobierno ¡ªpor medio de unas declaraciones del ministro de Fomento, Jos¨¦ Luis ?balos¡ª se consider¨® que el expediente sobre la acci¨®n exterior de la Generalitat constitu¨ªa tras los recientes indultos una ¡°piedra en el camino¡±, es decir, un obst¨¢culo susceptible de remoci¨®n.

Este conjunto de factores es el que explica que el pasado jueves el Tribunal de Cuentas hiciera p¨²blica una ¡°nota aclaratoria¡± sobre sus actuales circunstancias que, en realidad, era un comunicado para salir al paso de las cr¨ªticas que estaba recibiendo. Lo que se hac¨ªa en dicha nota era reivindicar el ejercicio independiente de las funciones constitucionalmente asignadas a la instituci¨®n, de acuerdo con el art¨ªculo 136 de la Carta Magna.

En sustancia, el Tribunal de Cuentas quiso reivindicar no solo su papel como ¨®rgano de fiscalizaci¨®n de las cuentas p¨²blicas sino tambi¨¦n sus competencias jurisdiccionales, en la medida en que los expedientes de responsabilidad contable dan lugar a procedimientos de car¨¢cter civil que culminan por sentencia, con fuerza de obligar al cumplimiento de lo ordenado. Tales fallos pueden ser impugnados en casaci¨®n ante el Supremo. As¨ª ocurri¨® con la sentencia sobre los gastos del 9-N, en la que la Sala de lo Contencioso inadmiti¨® el recurso por entender que, tal como vino formulado, carec¨ªa de inter¨¦s casacional.

El Tribunal de Cuentas, en suma, no se siente ahora cogido en falta, por mucho que se trate de una instituci¨®n que deber¨ªa ser renovada el pr¨®ximo 23 de julio, fecha en que concluir¨¢ su mandato, sin que se atisbe posibilidad alguna de los acuerdos pol¨ªticos que deber¨ªan hacerlo posible. Ahora bien, en el propio tribunal se destaca que la instituci¨®n trabaja en constante comunicaci¨®n con las Cortes, y que el informe sobre la acci¨®n exterior de la Generalitat fue precisamente impulsado desde el Parlamento.

La percepci¨®n dominante, por tanto, es que los avatares de la pol¨ªtica pueden llamar a la puerta del tribunal, pero no zarandearlo. El PP propuso a siete de los actuales consejeros. El PSOE, a su vez, propuso a tres, e IU a una. Cada uno est¨¢ haciendo frente a los vientos racheados que se abaten sobre la instituci¨®n seg¨²n sus rasgos de personalidad. Lo que no obsta para que en estos momentos haya un denominador com¨²n, relativo a la voluntad de evitar que los expedientes abiertos a la Generalitat primero por el 9-N y luego por la organizaci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1-O y la acci¨®n de promoci¨®n exterior paralela acaben da?ando irremediablemente la credibilidad de la instituci¨®n.