Qu¨¦ hacer con Orb¨¢n y con quienes le imitan

La delirante ley h¨²ngara antiLGTBI de 23 de junio ¡ªrechazada de inmediato por las tres presidencias decisivas de la UE¡ª impone un giro de tuerca a una secuencia que se remonta a la segunda llegada al Gobierno del Fydesz de Viktor Orb¨¢n (2010), y suma diez a?os de atropellos y contumaz desacato de las sentencias del TJUE en la que es, seguramente, la m¨¢s acabada ruptura del ¡°respeto del Derecho¡± (art¨ªculo 19 del Tratado de la UE) por el que se es miembro de la Uni¨®n.

Asombra que un pa¨ªs proveniente de la antigua esfera de influencia de la extinta URSS en la que fue Europa del Este, que sufri¨® en carne propia el aplastamiento de su insurgencia en 1956, se haya abismado de ese modo en una regresi¨®n autoritaria y ofensivamente eur¨®foba, evidenciada en un infame pasqu¨ªn insertado en prensa en que postula recortar las competencias del Parlamento Europeo (PE), ¨²nica instituci¨®n directamente electiva de la arquitectura de la UE y motor de legitimaci¨®n de su legislaci¨®n. El ciclo descrito por Orb¨¢n describe un bucle parad¨®jico: bajo su encendida ret¨®rica de emancipaci¨®n antirrusa ha acabado remedando la concentraci¨®n de poder que personifica Putin. Es por eso que se ha escrito sobre la putinizaci¨®n de Hungr¨ªa, preludio de una posterior orbanizaci¨®n de Polonia (de la mano del PiS y de su l¨ªder Kaczynski) que ha abierto paso a ese subgrupo de gobernantes reaccionarios que viene siendo conocido como Orb¨¢n & the Orbanettes (Zeman en Rep¨²blica Checa, Jansa en Eslovenia...). El Parlamento Europeo adopt¨® en su d¨ªa (?con apoyo de dos tercios!) la activaci¨®n del procedimiento de sanci¨®n del art¨ªculo 7 del Tratado de la UE constatando un ¡°riesgo claro¡± de ¡°violaci¨®n grave¡± y sist¨¦mica de los valores comunes del art¨ªculo 2 (¡°criterios de Copenhague¡±): Rule of Law, independencia judicial, libertades, igualdad, pluralismo y protecci¨®n de minor¨ªas.

Por ello hemos reclamado numerosos procedimientos de infracci¨®n y legislado adem¨¢s el Marco del Estado de Derecho, Democracia y Derechos: mandata a la Comisi¨®n Europea un informe anual con un examen preventivo de los desarrollos legales de los 27 Estados miembros, con criterios objetivos, alcance general y periodicidad reglada. Complementariamente, mediante el exigente Reglamento de condicionalidad, vincula el acceso a los fondos de la UE al estricto cumplimiento del Estado de Derecho, estableciendo controles frente a sus desviaciones. Con esta hoja de servicios, el Parlamento Europeo ha urgido insistentemente al Consejo (los gobiernos) a hacer su parte del trabajo: si bien es cierto que imponer la sanci¨®n m¨¢xima prevista (la retirada de sus derechos de voto) requiere la unanimidad de los 27 (excepci¨®n hecha del Estado miembro concernido), y que esa condici¨®n es de improbable cumplimiento ¡ªdados los socorros mutuos de los autodenominados reg¨ªmenes iliberales¡ª, tambi¨¦n lo es que ese clear risk puede determinarse por mayor¨ªa cualificada: merecer¨ªa la pena que una votaci¨®n abierta situase a cada Estado miembro ante sus responsabilidades frente a su ciudadan¨ªa y sus opiniones p¨²blicas. La idea es as¨ª de terminante: ?que cada cual se retrate, y que lo haga de una vez! Pero, adem¨¢s de eso, una tensa discusi¨®n en el Consejo Europeo de 24 de junio ¡ªen que algunos jefes de Gobierno llegaron a espetarle a Orb¨¢n ¡°?que se vaya de una vez!¡± en caso de que no rectifique¡ª trae a nuestra consciencia una deficiencia jur¨ªdica con hondo calado pol¨ªtico.

La UE no es a¨²n federal: lo prueba que sea viable su abandono voluntario, ya activado en el Brexit, art¨ªculo 50 del Tratado de la UE. Su art¨ªculo 48 contempla dos procedimientos para reformar los Tratados: uno ordinario (¡°agravado¡±) para modificaciones mayores (las institucionales) y otro ¡°simplificado¡± (ampliaci¨®n de competencias), mientras el art¨ªculo 49 regula los requisitos, el iter, para la adhesi¨®n de los nuevos candidatos. En cambio, ning¨²n art¨ªculo prev¨¦ la eventual expulsi¨®n de un Estado miembro manifiestamente incumplidor de sus obligaciones: pongamos que hablamos de Hungr¨ªa. Ap¨²ntese de inmediato que tal finiquito por hartazgo contra un Estado miembro groseramente disfuncional comportar¨ªa una consecuencia exorbitante e injusta: dejar¨ªa a la resistencia antiOrb¨¢n sin el paraguas de la UE, despojada de derechos de ciudadan¨ªa europea, abandonada a su suerte, a¨²n m¨¢s expuesta a la intemperie.

Sin embargo, es preocupante que se multiplique el reclamo para debatir la hip¨®tesis, hasta ahora evitada, de la salida forzosa: ¡°Quosque tandem? ?Hasta cu¨¢ndo m¨¢s desplantes, desaf¨ªos y provocaciones de Orb¨¢n y sus Orbanettes? " No es descartable que la procaz agresi¨®n h¨²ngara a los valores y derechos de la UE ¡ªrotundamente protestada por la presidenta Von der Leyen¡ª apunte a una maniobra que arroje una cortina de humo sobre su corrupci¨®n con los fondos europeos, habiendo indicaciones claras de enriquecimiento olig¨¢rquico o abiertamente nepotista de Orb¨¢n y su camarilla. Pero, sea como fuere, cabe aqu¨ª alguna idea: nada impide acometer una respuesta a la altura del envite en la actual Conferencia sobre el Futuro de la UE que incorpore un mecanismo del que actualmente carece: una coerci¨®n ejecutiva que obligue a cumplir sus deberes a quien los ignore o desprecie, tal y como ejemplifican los art¨ªculos 155 de la CE y 37 de la Constituci¨®n alemana.

Juan F. L¨®pez Aguilar es eurodiputado socialista y presidente de la Comisi¨®n de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo