El blanqueo de la conducta inconstitucional del PP

La forma de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la duraci¨®n de sus mandatos se dirige a asegurar que su ¡°composici¨®n refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial¡±, como estableci¨® el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia 108/1986. Esa finalidad de reflejo del pluralismo ¡ªque expresa la quintaesencia de la organizaci¨®n del CGPJ¡ª ha quedado arruinada cuando en dos ocasiones, al llegar al t¨¦rmino de su mandato, un partido pol¨ªtico con minor¨ªa de bloqueo tras perder unas elecciones se niega a renovar el CGPJ con los m¨¢s f¨²tiles pretextos (se tiene minor¨ªa de bloqueo cuando sin tener mayor¨ªa su participaci¨®n es imprescindible para conseguir los tres quintos de los votos de las C¨¢maras). Con tal negativa del principal partido de la oposici¨®n se pretender¨ªa que la composici¨®n del CGPJ ¡ªconfigurada cuando ten¨ªa mayor¨ªa en ambas C¨¢maras¡ª contin¨²e despu¨¦s de que, tras las elecciones, esa mayor¨ªa ya es otra distinta. As¨ª se viola la voluntad constitucional de reflejo del pluralismo que constat¨® la citada sentencia 108/1986 del TC.

Las justificaciones que se han dado para tal bloqueo no s¨®lo son f¨²tiles, sino preocupantes desde un punto de vista democr¨¢tico, adem¨¢s de no responder a la realidad. No puede decirse que no se negocia mientras siga el Gobierno de coalici¨®n, pues se trata de un Gobierno leg¨ªtimo con independencia de que guste m¨¢s o menos o nada a la oposici¨®n; negar eso es negar democracia misma. Tampoco puede justificarse el bloqueo aduciendo que no gusta el sistema de designaci¨®n de los vocales judiciales pues ese sistema es el aprobado en 2013 por unas Cortes que controlaba el partido que hoy bloquea su renovaci¨®n y conforme al cual se hicieron los nombramientos de los actuales miembros del CGPJ hoy caducado desde hace casi tres a?os. Hay que recordar, adem¨¢s, que, en lo que respecta a los doce miembros procedentes de la carrera judicial, de lo que se trata es de que ambas C¨¢maras elijan no libremente, sino de entre la amplia treintena de jueces y magistrados propuestos y avalados directamente por estos ¨²ltimos o por las Asociaciones judiciales de acuerdo con la citada reforma de 2013.

Resulta preocupante que el principal partido de la oposici¨®n falte a sus obligaciones constitucionales en lo que podr¨ªa considerarse un especie de golpe de Estado al funcionamiento de una de las instituciones del mismo que se prolonga en el tiempo cada vez que pasa a la oposici¨®n. Una especie de golpe de Estado repetido y persistente por cuanto altera, fuera de las v¨ªas constitucionales, el normal funcionamiento de poderes e Instituciones del Estado en aspectos esenciales.

Desde la esperanza de que acabe volviendo a la senda constitucional, aunque se haya consumado ya el da?o de nombramientos que deber¨ªan haberse realizado por otro CGPJ, se hacen las presentes reflexiones que no pretenden sino contribuir a aclarar las cosas y evitar la confusi¨®n que en la sociedad se ha creado en torno a esta cuesti¨®n. En efecto, lo preocupante no es ya el comportamiento del principal partido de la oposici¨®n, sino que la sociedad no se haya acabado de percatar de la gravedad de lo acontecido. Y no se ha percatado por un blanqueo consciente o inconsciente de una conducta como la se?alada; blanqueo propiciado a veces por formadores de opini¨®n ¡ªa trav¨¦s de gran parte de la prensa, radio y televisi¨®n y otros medios y redes¡ª que urge desvelar para acabar con esa ¡°traici¨®n de los intelectuales¡± (La trahison de clercs) que denunciara Julien Benda. El blanqueo se produce, por ejemplo, cuando se dice que los partidos pol¨ªticos son los responsables del bloqueo, cuando se sabe que no son todos los partidos los que lo hacen, sino uno bien concreto que, adem¨¢s, explica por qu¨¦ lo hace. Cuando se sabe adem¨¢s que los nombres han llegado a estar pactados por los negociadores y que lo que explica tal bloqueo ¡ªaparte de injustificados vetos sobrevenidos¡ª no es, en definitiva sino la voluntad de que el Consejo caducado fuera el que continuase haciendo nombramientos para ¨®rganos judiciales y eventualmente constitucionales; nombramientos fuera de t¨¦rmino por un CGPJ que no es el que deb¨ªa hacerlos. Con ello se pone en entredicho la independencia e imparcialidad del poder judicial y la de los dem¨¢s ¨®rganos con relevancia constitucional al hacer patente la manipulaci¨®n del sistema.

Se produce tambi¨¦n el blanqueo cuando se viene a justificar el bloqueo al criticar el sistema de designaci¨®n alegando preferencias particulares por otros sistemas, pues al margen de que nuestro TC ya ha declarado su constitucionalidad, el mismo es muy superior en garant¨ªas a la mayor parte de los europeos y es, adem¨¢s, el sistema de la ley de 2013 que se aprob¨®, precisamente, a propuesta del Partido Popular modificando la Ley org¨¢nica del CGPJ de 1985. No pueden cambiarse las reglas del juego en mitad del partido, ni pretender que se cambie la regla sobre lo que es penalti, despu¨¦s de que el ¨¢rbitro haya pitado uno, aduciendo que ser¨ªa mejor fijar otra regla distinta que se considera mejor.

Igualmente se han llegado a producir blanqueos sorprendentes como el de decir que el bloqueo se debe, en parte, a que el presidente no llama a Casado u otras afirmaciones del mismo tenor que buscan encontrar un corresponsable que difumine la responsabilidad de su ¨²nico causante.

Se blanquea asimismo, aunque sea inconscientemente, cuando algunas asociaciones judiciales denuncian en Bruselas el retraso en la renovaci¨®n, pero sin se?alar qui¨¦n es su autor imput¨¢ndolo de forma elusiva a todos los partidos pol¨ªticos y, sobre todo, cuando la denuncia no se centra en esa clara violaci¨®n, sino en una embrionaria proposici¨®n de ley que no hab¨ªa iniciado el tr¨¢mite parlamentario (luego retirada) y que supon¨ªa una desafortunada respuesta al bloqueo mismo. En definitiva el ¨²nico incumplimiento real, persistente y manifiesto del bloqueo quedaba difuminado en un totum revolutum donde aparec¨ªa tambi¨¦n el sistema de elecci¨®n de los jueces. Con esa difuminaci¨®n sobre qui¨¦n es el responsable del bloqueo y sobre su gravedad ¡ªal enfatizar otras cuestiones no comparables en su importancia y realidad¡ª se acab¨® ofreciendo, objetivamente, una justificaci¨®n al ¨²nico incumplimiento real de obligaciones constitucionales que existe en nuestro pa¨ªs.

La cuesti¨®n de la deliberada inobservancia de obligaciones constitucionales es de enorme relevancia en el momento actual, pues, aparte de las graves dificultades derivadas de la pandemia y de la recuperaci¨®n econ¨®mica, nuestro pa¨ªs tiene un problema grave con la cuesti¨®n del independentismo catal¨¢n. Es dif¨ªcil saber qu¨¦ estrategia es la mejor para solucionarlo, pero desde luego la misma pasa por un estricto respeto a la Constituci¨®n, a sus procedimientos de reforma y al reconocimiento de la diversidad de sus nacionalidades y regiones. Nuestra Constituci¨®n no ha consagrado una democracia militante que imponga obligaciones determinadas de afecto hacia Espa?a o sus regiones, pero lo que s¨ª impone es la obligaci¨®n de observancia de la Constituci¨®n mientras no se modifique por los procedimientos en ella establecidos. Pues bien, mal se puede exigir esa observancia de la Constituci¨®n ¡ªobservancia imprescindible en la estrategia de arreglo de nuestro problema principal¡ª si se empieza por incumplir obligaciones constitucionales por quienes gustan de llamarse, de forma excluyente, ¡°constitucionalistas¡±.

La democracia no se basa en sentimientos ¡ªaunque los pueda conllevar, desde luego, sin ser incompatible ni mucho menos con ellos¡ª sino en el respeto de las reglas del juego y de los valores compartidos de sus derechos fundamentales. Las obligaciones cuyo cumplimiento identifica a los dem¨®cratas, como los mandamientos, se resumen en dos: el primero honrar la Constituci¨®n cumpliendo las obligaciones que impone y el segundo no tomar su nombre en vano.

Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo Fern¨¢ndez del Castillo es catedr¨¢tico em¨¦rito de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, exministro de Justicia y expresidente del Consejo de Estado.