Interinidad institucional

La incapacidad de los partidos para acordar la renovaci¨®n de los ¨®rganos constitucionales ha llevado a una situaci¨®n in¨¦dita en la democracia. Desde este viernes, cuando se cumpli¨® el mandato de nueve a?os del Tribunal de Cuentas, son ya cuatro los ¨®rganos caducados y condenados a la interinidad. El Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional y, ahora tambi¨¦n, el ¨®rgano fiscalizador, esperan un pacto que pocos ven posible a corto plazo y para el que la ley no ofrece alternativa. Los juristas advierten de la gravedad de la situaci¨®n y del peligro de normalizarla. ¡°Ha dejado de causar estupor y eso no es bueno¡±, se?ala Ana Aba Catoira, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coru?a.

La mayor¨ªa cualificada para renovar estos ¨®rganos que impone la Constituci¨®n estaba llamada a funcionar como un mecanismo que fomentara el acuerdo entre los grupos parlamentarios. Pero, a lo largo de la historia, se ha convertido demasiadas veces en un mecanismo de bloqueo en manos del principal partido de la oposici¨®n, sobre todo cuando es el Partido Popular el que, como ahora, ocupa este puesto. Aunque ya en anteriores ocasiones la renovaci¨®n de algunos ¨®rganos ha llegado con a?os de retraso, nunca hab¨ªa ocurrido que se acumularan tantas instituciones bloqueadas y durante tanto tiempo. En el caso del CGPJ, el actual tiene ya el r¨¦cord de mandato prolongado: dos a?os y siete meses (desde diciembre de 2018) frente al a?o y 11 meses del Consejo que presidi¨® Francisco Jos¨¦ Hernando y que, hasta ahora, era el mayor ejemplo de bloqueo.

La mayor¨ªa cualificada se ha convertido en un muro insalvable para la renovaci¨®n, pero los juristas coinciden en que es una garant¨ªa de pluralidad que no deber¨ªa tocarse. ¡°El problema no es la mayor¨ªa necesaria, sino la falta de cultura democr¨¢tica¡±, advierte Ana Carmona catedr¨¢tica de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, que califica la situaci¨®n actual de ¡°patolog¨ªa institucional¡±. ¡°Si quien est¨¢ llamado a formar parte de ese acuerdo no est¨¢ dispuesto a hacer su parte, poca opci¨®n hay. Sin la voluntad del primer partido de la oposici¨®n, la renovaci¨®n es imposible¡±.

La renovaci¨®n del Defensor del Pueblo lleva pendiente desde julio 2017, todav¨ªa bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. Un a?o y medio despu¨¦s caduc¨® el CGPJ, cuya composici¨®n actual sigue obedeciendo al reparto parlamentario que hab¨ªa en 2013, cuando el PP gobernaba con mayor¨ªa absoluta; en noviembre de 2019 expir¨® el mandato de cuatro magistrados del Constitucional y el tribunal, con un tercio de sus miembros en funciones, ha tumbado el confinamiento decretado durante los primeros meses de la pandemia y tiene sobre la mesa la ley del aborto, la de la eutanasia, la prisi¨®n permanente revisable y el segundo estado de alarma. El fin del mandato del Tribunal de Cuentas llega ahora en plena instrucci¨®n sobre la responsabilidad contable de los l¨ªderes del proc¨¦s. ¡°La importancia de los temas que tienen pendientes complica m¨¢s la renovaci¨®n porque quien ahora tiene la mayor¨ªa no quiere perderla¡±, advierte Aba Catoira.

Aunque son cuatro los ¨®rganos pendientes de renovar, la prioridad pol¨ªtica es el CGPJ, por su papel fundamental como poder del Estado. El Gobierno ha intentado el pacto conjunto (para renovar varios ¨®rganos a la vez) y el individual, pero ambos han chocado con los continuos cambios de condiciones impuestos por el PP para el Consejo. La ¨²ltima, que antes de renovarlo hay que modificar la forma de elecci¨®n de los 12 vocales jueces para que sean elegidos por los miembros de la carrera judicial. Los populares aseguran que eso es lo que ¡°exigen¡± los organismos europeos y lo que fija la Constituci¨®n, pero los juristas discrepan. ¡°El modelo actual, por el que las C¨¢maras eligen a los 20 vocales, es plenamente constitucional¡±, se?ala la catedr¨¢tica Carmona, que recuerda que el tribunal de garant¨ªas aval¨® esta f¨®rmula.

El PSOE no se cierra a reformar el sistema de selecci¨®n de los vocales, pero considera que el Consejo debe renovarse con la ley vigente y, una vez desbloqueado y con los cinco a?os de mandato por delante, plantear la reforma legal. Carmona entiende tambi¨¦n que la ¡°l¨®gica jur¨ªdica¡± lleva a que el ¨®rgano se renueve con la norma actual, que era la que estaba en vigor cuando caduc¨® el mandato y con la que se inici¨® el proceso de renovaci¨®n.

Otros juristas, no obstante, consideran que no hay obst¨¢culo jur¨ªdico para cambiar la ley ahora si eso desenquistara la situaci¨®n. ¡°Valen las dos cosas. El argumento del PSOE de que ahora no se pueden cambiar las reglas del juego es una excusa formal para no tocar una ley que no quiere modificar. Pero lo mismo puede decirse del PP. Dice que Europa no permite seguir con el actual sistema de elecci¨®n y eso no es verdad¡±, se?ala Agust¨ªn Ruiz Robledo, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

Los juristas si coinciden en que, aunque ahora se logre un pacto para desbloquear el Consejo, m¨¢s pronto que tarde habr¨¢ que cambiar su f¨®rmula de elecci¨®n porque Europa aconseja que los jueces elijan directamente, al menos, a la mitad de vocales. ¡°Pero eso se puede hacer de muchas formas, no implica una votaci¨®n directa por parte de la judicatura¡±, advierte Carmona. En la b¨²squeda de f¨®rmulas imaginativas que garanticen la renovaci¨®n y refuercen la independencia, Ruiz Robledo propone que entre en juego el azar. ¡°Se puede partir de la f¨®rmula actual, y si no se consiguen los tres quintos necesarios, que se sorteen los puestos entre los vocales que hayan obtenido un n¨²mero m¨ªnimo de votos de los diputados y senadores¡±, explica. Si se decide dejar un cupo para elecci¨®n directa por parte de los jueces, deber¨ªa implantarse una f¨®rmula que garantizara la pluralidad de tendencias e impidiera que las asociaciones conservadoras, predominantes en la carrera, acapararan todos los puestos, a?ade el catedr¨¢tico.