El Salvador: demoliendo la independiencia judicial

Est¨¢ por cumplirse -el 11 de septiembre- el vig¨¦simo aniversario de la adopci¨®n de la Carta Democr¨¢tica Interamericana, iniciativa peruana, poderosa herramienta continental de defensa y protecci¨®n de la democracia. Pero en esta misma semana la democracia ha sido nuevamente atacada por el apetito del poder absoluto y la demolici¨®n de una justicia independiente de ese poder.

La v¨ªctima: la sociedad y la democracia en El Salvador. Lo que all¨ª viene ocurriendo, bajo expl¨ªcito impulso de su presidente Nayib Bukele, es representativo de peligrosas tendencias autoritarias en desarrollo que ya est¨¢n en curso en diferentes rincones del planeta. La ola autoritaria actual tiende a poner su primera baza atacando la independencia judicial, cur¨¢ndose, as¨ª, en salud

Al acercarse el aniversario de la Carta Democr¨¢tica, algunas corrientes y tentaciones autoritarias, sin embargo, avanzan en direcci¨®n contraria a sus preceptos. Una peligrosa ola autoritaria avanza no solo en Am¨¦rica Latina sino en distintos rincones del planeta. Que, con pocas excepciones, suele dar sus pasos iniciales y marcar uno de sus hitos fundacionales en el avasallamiento a la independencia judicial. Con un claro objetivo: demoler espacios institucionales de control o equilibrio de poderes.

El patr¨®n se repite. En la Polonia de Kaczy¨½ski, Filipinas de Duterte o Belar¨²s de Lukashenko, para mencionar solo tres ejemplos, el formato es semejante: remover arbitrariamente magistrados o magistradas, empezando por las altas cortes, y poner en marcha sistemas de nombramiento y promoci¨®n de jueces y fiscales manipulables pol¨ªticamente. Y de all¨ª en adelante, contar con un camino m¨¢s sencillo para ejercer el poder sin el inc¨®modo contralor de jueces y fiscales independientes.

Hace cuatro meses en El Salvador la independencia judicial ya fue atacada con la destituci¨®n arbitraria, sin proceso previo ni derecho alguno a la defensa, tanto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema -equivalente del Tribunal Constitucional- como del Fiscal General. E hizo nombrar, de inmediato y a la carrera, sin concurso ni transparencia alguna, como lo hacen los dictadores, a los sustitutos. Todo esto, por supuesto, en confrontaci¨®n con est¨¢ndares y principios internacionales vigentes desde hace d¨¦cadas y con la propia norma constitucional salvadore?a sobre independencia de magistrados y fiscales.

Todo eso fue solo un primer y modesto paso. El grande se viene ejecutando a partir este martes 31 de agosto por la mayor¨ªa parlamentaria, en continuidad sustantiva con el ataque de mayo a la corte constitucional y a la fiscal¨ªa general. Los proyectos de ley de carrera judicial y de ley org¨¢nica de la fiscal¨ªa son dos piezas -aprobadas a la carrera y sin mayor discusi¨®n- que en lo fundamental se orientan a seguir avasallando le independencia de jueces y fiscales que el estado salvadore?o est¨¢ obligado a hacer valer.

Son al menos cuatro los componentes violatorios de est¨¢ndares internacionales fundamentales (incluyendo los principios B¨¢sicos de la ONU sobre Independencia de la Judicatura) y de la propia Constituci¨®n salvadore?a.

Primero, que la propia Constituci¨®n le da a la Corte Suprema la exclusividad en iniciativas de ley sobre ¡°materias relativas al ?rgano Judicial¡± (art.133.3). El solo hecho de que el Ejecutivo -o su mayor¨ªa parlamentaria- haya usurpado esa funci¨®n se ha entendido como un ¨ªndice, por s¨ª mismo, de atropello a la independencia judicial.

Segundo, se baja el l¨ªmite de edad en los cargos judiciales a 60 a?os o 30 de desempe?o en la carrera. Cuando en todo el mundo las edades de jubilaci¨®n -al haber aumentado las expectativas de vida- tienden a aumentarse, esta medida solo se explica por el objetivo de deshacerse de muchos jueces o fiscales que el poder pol¨ªtico considera distantes o ¡°ajenos¡±. Otro pa¨ªs que dio un paso semejante, para deshacerse de algunos magistrados incomodos en la Corte Suprema, fue Polonia, para facilitar el control pol¨ªtico de la justicia por el Gobierno.

Se cesa en El Salvador, as¨ª, al menos a 156 miembros de la carrera judicial, la mayor¨ªa magistrados de c¨¢mara o jueces de amplia trayectoria, incluyendo varios jueces a cargo de casos emblem¨¢ticos. Por ejemplo, Jorge Guzm¨¢n, juez que lleva el proceso penal por la masacre por el Ej¨¦rcito en El Mozote ser¨ªa cesado pues tiene m¨¢s de 60 a?os. Al parecer se habr¨ªa vuelto inc¨®modo pues en su investigaci¨®n, entre otras cosas, pidi¨® a la fiscal¨ªa que determinara si hubo delito cuando el alto mando militar le impidi¨® acceder a sus archivos.

Tercero, se afecta el principio esencial de la inamovilidad de quien desempe?a un cargo judicial. Principio que no los hace intocables, por cierto, si hubiera alguna falta que ameritase una sanci¨®n, pero solo luego de seguir el debido proceso. Con las modificaciones aprobadas a la carrera judicial se da carta blanca a traslados inopinados para cubrir vacantes sin consulta ni coordinaci¨®n con el juez/a concernido. En estas condiciones, los traslados arbitrarios pueden ser una forma de sanci¨®n encubierta.

Cuarto, a la misma velocidad del rayo, casi sin debate ni discusi¨®n en comisiones de la asamblea legislativa, se cambi¨® tambi¨¦n la ley org¨¢nica de la Fiscal¨ªa General. Esta modificaci¨®n da al fiscal general la facultad omn¨ªmoda de trasladar, ¡°de manera temporal o permanente¡± a fiscales; esto incluye la facultad de trasladar a fiscales con investigaciones administrativas, algunas de las cuales han sido abiertas recientemente por el fiscal general impuesto con el manotazo de mayo. Algunos consideran que precisamente fiscales a cargo de investigaciones sobre las supuestas negociaciones entre Bukele y las maras podr¨ªan ser los primeros en ser ¡°trasladados¡±.

La ley, tambi¨¦n baja la edad de ejercicio de la funci¨®n a 60 a?os. Quedar¨¢n muchas vacantes con los ceses las que, de acuerdo a esta ley, ser¨¢n cubiertas nada menos que por decisi¨®n del fiscal general. Nada menos que aquel fiscal que fue impuesto en el blitzkrieg de mayo cuando se destituy¨® arbitrariamente a la Sala Constitucional y al fiscal general de ese entonces.

S¨ªntesis esta que, de forma apretada y acaso incompleta en beneficio del espacio disponible, pero que resume un peligroso proyecto en plena ejecuci¨®n de liquidaci¨®n de los contrapesos de poderes. Estoy seguro ser¨¢ materia de atenci¨®n y acci¨®n por las instancias internacionales competentes de la defensa de la democracia y de la independencia judicial como ya lo vengo haciendo yo mismo como Relator Especial de la ONU sobre independencia judicial. Buen momento, tambi¨¦n, para que los pa¨ªses de Am¨¦rica tomen en cuenta y consideren hacer uso de la Carta Democr¨¢tica Interamericana.

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