La prueba catalana del liberalismo espa?ol

La reactivaci¨®n de la mesa de di¨¢logo entre los Gobiernos de Espa?a y Catalu?a supone una segunda oportunidad para el pa¨ªs tras el estrepitoso fracaso colectivo vivido en 2017. Al dejar pudrir la crisis catalana, Mariano Rajoy condujo a Espa?a a la m¨¢s profunda crisis constitucional desde la muerte de Franco. En lugar de dar una salida negociada al conflicto, el Gobierno central, con la complicidad del resto del Estado (mo...

La reactivaci¨®n de la mesa de di¨¢logo entre los Gobiernos de Espa?a y Catalu?a supone una segunda oportunidad para el pa¨ªs tras el estrepitoso fracaso colectivo vivido en 2017. Al dejar pudrir la crisis catalana, Mariano Rajoy condujo a Espa?a a la m¨¢s profunda crisis constitucional desde la muerte de Franco. En lugar de dar una salida negociada al conflicto, el Gobierno central, con la complicidad del resto del Estado (monarqu¨ªa, sistema judicial y fuerzas de seguridad), opt¨® por la represi¨®n y la judicializaci¨®n del problema.

?Seremos capaces esta vez de avanzar o nos quedaremos en una nueva ronda de reproches y acusaciones? Otros pa¨ªses desarrollados, cuando se han visto en circunstancias similares, han conseguido evitar el enfrentamiento abierto. Si tomamos distancia con respecto a la manera concreta en que se desarroll¨® la crisis constitucional de 2017, creo que es posible entender dicha crisis a partir de algunos rasgos espec¨ªficos del liberalismo pol¨ªtico que inspira nuestro sistema democr¨¢tico.

El liberalismo espa?ol, como el franc¨¦s, se caracteriza por situar en el centro del sistema pol¨ªtico la igualdad ante la ley. La ley, como expresi¨®n de la voluntad soberana de la naci¨®n, es vinculante para todos los ciudadanos. Por ser el reflejo de la voluntad general, la ley no puede admitir excepciones de ning¨²n g¨¦nero. Todos participamos en la elaboraci¨®n de la misma a trav¨¦s de nuestros representantes y, por tanto, todos estamos igualmente sometidos a ella. De ah¨ª que la Ley para la Reforma Pol¨ªtica de 1976, el instrumento legal que utilizaron las ¨¦lites franquistas para para transitar de la dictadura a la democracia, se abriera en su art¨ªculo 1 con esta definici¨®n: ¡°La democracia, en el Estado espa?ol, se basa en la supremac¨ªa de la Ley, expresi¨®n de la voluntad soberana del pueblo¡±.

En la tradici¨®n liberal anglosajona, el enfoque es algo diferente. Se llega a la igualdad ante la ley a partir de un elemento a¨²n m¨¢s b¨¢sico, el consentimiento individual, seg¨²n el cual la comunidad pol¨ªtica se forma a partir del consentimiento de sus miembros, quienes aceptan voluntariamente la formaci¨®n de un Gobierno que se haga cargo de los asuntos p¨²blicos. El origen de la teor¨ªa pol¨ªtica del consentimiento, antes de que la desarrollara John Locke, puede encontrarse en las primeras comunidades puritanas en la Am¨¦rica del norte del siglo XVII y en los Levellers de la guerra civil inglesa.

La apelaci¨®n al consentimiento individual no est¨¢ totalmente ausente en la tradici¨®n liberal espa?ola, pero ocupa una posici¨®n menor y discreta. Creo que ello explica que el liberalismo espa?ol no admita la posibilidad de un conflicto entre el principio de legalidad y el principio democr¨¢tico, puesto que ambos vienen a ser lo mismo: la legalidad refleja la voluntad ciudadana y la ciudadan¨ªa se somete a la legalidad. En el liberalismo anglosaj¨®n, sin embargo, no resulta tan problem¨¢tico considerar que legalidad y democracia no est¨¢n siempre en armon¨ªa perfecta. Ocurrir¨¢ as¨ª cuando los ciudadanos retiren su consentimiento a la legalidad constituida.

En el momento en que se plantea un conflicto en torno a la composici¨®n del demos, como ocurri¨® en 2017, la tensi¨®n entre ambos principios, el de legalidad y el democr¨¢tico, es m¨¢xima. La existencia de esta tensi¨®n es lo que precisamente llev¨® al Tribunal Supremo de Canad¨¢, en su c¨¦lebre sentencia sobre la independencia de Quebec, a buscar una soluci¨®n basada en la combinaci¨®n de ambos. Seg¨²n el razonamiento del alto tribunal, la Constituci¨®n no reconoce derecho alguno a la independencia, pero eso no significa que pueda ignorar sin m¨¢s una demanda de secesi¨®n, siempre que esta sea duradera y la realice una mayor¨ªa clara de un territorio. De este modo, la sentencia invitaba a encontrar un acomodo entre los principio constitucional y democr¨¢tico.

En la tradici¨®n liberal espa?ola, no hay lugar para el conflicto descrito. El respeto a la legalidad es la frontera infranqueable de la democracia. Lo que no quede cubierto por dicho respeto, se sit¨²a fuera del ¨¢mbito democr¨¢tico. De ah¨ª que todas las autoridades del Estado hayan entendido que la crisis de oto?o de 2017 era simplemente un problema de ruptura de la legalidad. Que un porcentaje elevado de catalanes haya retirado su consentimiento a ser gobernados desde Espa?a es un dato irrelevante desde esta ¨®ptica. Mientras los independentistas no tengan mayor¨ªa suficiente para modificar la Constituci¨®n de acuerdo con los procedimientos establecidos, no hay nada de lo que hablar. Da igual si son el 10% o el 90% de los catalanes, el caso es que no suman para modificar la Constituci¨®n. Si no consienten, peor para ellos.

Esta forma de entender el problema se visibiliza no s¨®lo en los escritos de fiscales y magistrados del Tribunal Supremo (y del Tribunal Constitucional), sino tambi¨¦n en los discursos del Rey. Tanto en su alocuci¨®n del 3 de octubre de 2017 como en intervenciones posteriores, Felipe VI, cuando se refiere, directa o indirectamente, al asunto catal¨¢n, lo hace fijando su atenci¨®n exclusivamente en la igualdad ante la ley, sin dedicar un segundo al problema del consentimiento. As¨ª se explica tambi¨¦n que en toda esta desgraciada historia, cada vez que han surgido conflictos menores entre el principio democr¨¢tico y el de legalidad, los jueces espa?oles siempre hayan optado por darle preminencia al segundo: por ejemplo, cuando los tribunales han negado la condici¨®n de representantes a pol¨ªticos catalanes electos por no cumplir algunas formalidades administrativas (algo que ha merecido el reproche de la justicia europea).

La democracia como igualdad ante la ley no plantea problemas graves en pa¨ªses uniformes como Francia, pero resulta disfuncional en pa¨ªses plurinacionales como Espa?a, en el que la composici¨®n del demos no est¨¢ cerrada. No nos hemos dotado de instrumentos institucionales ni de una cultura pol¨ªtica que permita atender y resolver una crisis de demos. Los liberales espa?oles querr¨ªan vivir en un pa¨ªs como Francia, pero viven en Espa?a. Por circunstancias hist¨®ricas complejas, Espa?a no ha conseguido hacer desaparecer las diferencias entre territorios; ni tampoco puede apelar nuestro sistema a una legitimidad de origen tan potente como la Revoluci¨®n Francesa y la tradici¨®n republicana que instaura. El desajuste entre el liberalismo espa?ol y la realidad plurinacional explica en buena medida las crisis territoriales recurrentes que sacuden el pa¨ªs.

El actual Gobierno se ha propuesto corregir la intransigencia del anterior con respecto al problema catal¨¢n. Ya era hora. El primer paso, a mi juicio, deber¨ªa consistir en redefinir la situaci¨®n, dejando de lado las acusaciones por lo sucedido en el pasado, as¨ª como el tono belicoso y desafiante empleado a lo largo de estos ¨²ltimos a?os. Adem¨¢s, si las autoridades espa?olas se enrocan en el principio de legalidad y las catalanas en el democr¨¢tico, el avance ser¨¢ muy dif¨ªcil. La crisis s¨®lo tendr¨¢ soluci¨®n si se abandonan las perspectivas parciales de ambas partes. En este sentido, todos han de hacerse cargo de la tensi¨®n entre democracia y legalidad y entender que el sistema democr¨¢tico dispone de amplios recursos para resolver la contradicci¨®n entre el liberalismo legalista espa?ol y la realidad plurinacional del pa¨ªs. De lo que se trata, por tanto, es de exprimir el sistema democr¨¢tico al m¨¢ximo hasta encontrar soluciones que sean satisfactorias para todas las partes. Esa es la grandeza de la democracia.