Una respuesta europea a los ¡®Papeles de Pandora¡¯
Este nuevo esc¨¢ndalo pone de manifiesto una falta de voluntad pol¨ªtica para hacer frente a las pr¨¢cticas fraudulentas. La UE puede y debe adoptar medidas concretas que la combatan
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ) ha dado a conocer una nueva investigaci¨®n: los Papeles de Pandora. Es la mayor filtraci¨®n jam¨¢s registrada de datos provenientes de estructuras off shore.
Una vez m¨¢s, la filtraci¨®n nos recuerda que quienes podr¨ªan ayudar a poner fin al sistema off shore son los que se benefician del mismo. Est¨¢n afectados el actual titular de finanzas de Pa¨ªses Bajos y el primer ministro checo: ambos gozan de poder de veto en materia fiscal en la UE. El sistema desvelado opera como un mecanismo paralelo para una ¨¦lite privilegiada al margen de los sistemas tributarios de la poblaci¨®n com¨²n.
Por otro lado, el gran valor de la filtraci¨®n, que abarca el per¨ªodo que va de 1996 a 2020, es tambi¨¦n constatar c¨®mo ha evolucionado el sistema offshore despu¨¦s de las medidas contra el blanqueo de capitales y el intercambio de informaci¨®n puestos en marcha por la UE y la OCDE. La principal conclusi¨®n que podemos sacar de ello es c¨®mo el papel de Estados Unidos como facilitador del secreto financiero en detrimento de los para¨ªsos fiscales m¨¢s tradicionales del Caribe se ha incrementado dr¨¢sticamente. As¨ª mismo, la filtraci¨®n nos muestra los fallos clamorosos en la legislaci¨®n que tenemos en marcha. No estamos haciendo lo suficiente, ni aplicamos bien las normas que tenemos.
En primer lugar, hay que referirse a la existente lista de para¨ªsos fiscales de la UE: esta no incluye por ejemplo jurisdicciones como las Islas V¨ªrgenes, sede de dos tercios de las sociedades descubiertas en la investigaci¨®n. Una lista que el Ecofin se dispon¨ªa a revisar esta semana de forma nuevamente err¨¢tica.
En segundo lugar, constatamos el creciente papel de facilitador de m¨²ltiples bufetes y c¨®mo las normas de due dilligence que deben aplicar han fallado estrepitosamente, como demuestra que personas pol¨ªticamente expuestas (PEP) logran eludir las reglas contra el blanqueo. A pesar de los avances recientes en estas normas contra el blanqueo o con el intercambio autom¨¢tico de informaci¨®n en la OCDE (CRS, por sus siglas en ingl¨¦s), muchas jurisdicciones de la UE no aplican adecuadamente las directivas europeas. Un claro ejemplo es Malta, sometido en principio a esta legislaci¨®n y que fue sin embargo se?alado por el Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional como jurisdicci¨®n de alto riesgo.
En tercer lugar, la legislaci¨®n contra el blanqueo y la lucha contra la elusi¨®n es un ejercicio completamente politizado. Estados Unidos no est¨¢ adherido al CRS de la OCDE porque aplica su propio est¨¢ndar llamado Fatca, pero bajo este r¨¦gimen no comparte informaci¨®n sobre el beneficiario final de los activos que son propiedad de ciudadanos no estadounidenses y tampoco existe una reciprocidad total en t¨¦rminos de intercambio autom¨¢tico de informaci¨®n. A esto hay que a?adir que Nevada, Delaware, Dakota del Sur y Alaska tienen reg¨ªmenes muy agresivos en la imposici¨®n sobre las ganancias de capital. Ni la OCDE ni la UE se han atrevido jam¨¢s a se?alar a los americanos, a pesar de que, al incumplir el criterio de intercambio de informaci¨®n fiscal, EE UU deber¨ªa figurar en la lista de para¨ªsos fiscales de la UE.
Todos estos esc¨¢ndalos ponen al desnudo una falta clamorosa de voluntad pol¨ªtica para hacerles frente, a pesar de que hace tiempo que tenemos identificados los ¨¢mbitos donde actuar. En primer lugar, hay que reformar a fondo la metodolog¨ªa de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperadoras y la lista negra de jurisdicciones que no cumplen con la lucha contra el blanqueo. El criterio de la informaci¨®n sobre el beneficiario final debe ser incluido, discusi¨®n que lleva bloqueada desde 2019. Con esta medida, se podr¨ªan haber impuesto criterios de beneficiarios reales m¨¢s estrictos en m¨¢s de 90 jurisdicciones.
En segundo lugar, la UE debe mejorar la aplicaci¨®n interna de la legislaci¨®n contra el blanqueo (una revisi¨®n de la misma est¨¢ tambi¨¦n en marcha). La Comisi¨®n debe iniciar procedimientos de infracci¨®n contra aquellos que no apliquen de manera efectiva y adecuada nuestra legislaci¨®n.
En tercer lugar, la UE debe pedir una revisi¨®n urgente del marco de intercambio de informaci¨®n global de la OCDE, el CRS. Este debe ampliarse para incluir activos no financieros como obras de arte, jets privados y yates. Pero tambi¨¦n debe incluir a los beneficiarios reales de bienes inmuebles e identificar mejor las ganancias de capital obtenidas a trav¨¦s de estos (fen¨®meno que describe muy bien la investigaci¨®n del ICIJ).
Finalmente, ser¨ªa deseable que avanz¨¢ramos hacia un impuesto espec¨ªfico que grave las transferencias y el uso de activos radicados en empresas instrumentales off shore.
Existe en estos momentos una cierta voluntad pol¨ªtica global para avanzar hacia un tipo m¨ªnimo global del impuesto de sociedades combatiendo as¨ª la elusi¨®n. Es inaplazable completar este ejercicio con medidas tambi¨¦n para poner coto a la pirater¨ªa de las grandes fortunas.
Ernest Urtasun es vicepresidente de Los Verdes en el Parlamento Europeo por En Com¨² Podem.
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