Los problemas de Juan Carlos I

En toda sociedad democr¨¢tica los casos judiciales que afectan a representantes p¨²blicos escogidos en las urnas tienen una dimensi¨®n pol¨ªtica diferente de la propiamente jur¨ªdica. Con m¨¢s raz¨®n todav¨ªa, cuando la figura afectada no procede del veredicto de las urnas sino de la estructura fundamental del Estado. El rey Juan Carlos I se ha visto involucrado en diversas investigaciones, en Espa?a y fuera de Espa?a, relacionadas con presuntas comisiones obtenidas antes de su abdicaci¨®n en 2014 y presuntos delitos fiscales que pudieran estar detr¨¢s de las dos regularizaciones multimillonarias presentadas a Hacienda en diciembre de 2020 y en febrero de 2021 (casi 700.000 euros en la primera y 4,3 millones en la segunda). Ambas fueron efectuadas con posterioridad al inicio de la investigaci¨®n y la duda estriba en si la misma comunicaci¨®n de Hacienda puso en marcha su presentaci¨®n, con lo que dejar¨ªan de ser voluntarias. La Fiscal¨ªa del Supremo y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n archivar¨¢n la causa ante la imposibilidad de querellarse contra el rey em¨¦rito bien por falta de pruebas, bien por la prescripci¨®n de los presuntos delitos, bien por la inviolabilidad que la Constituci¨®n asigna a la persona del Rey en su art¨ªculo 56.3.

Sin embargo, y m¨¢s all¨¢ de la acci¨®n de la justicia, la dignidad institucional del ex jefe del Estado reclama sin necesidad de mayor ¨¦nfasis la clarificaci¨®n de las circunstancias en que se produjeron las regularizaciones fiscales, la disipaci¨®n de las dudas sobre las comisiones obtenidas como presunto intermediario y la existencia de fondos en cuentas situadas en para¨ªsos fiscales.

El archivo de la causa estar¨ªa sujeto al ordenamiento jur¨ªdico y no deber¨ªa generar en la sociedad desconfianza en el funcionamiento de la justicia. Pero la dimensi¨®n actual del problema es ya otra, de car¨¢cter civil, ¨¦tico y democr¨¢tico. La complejidad de este tipo de operaciones hace muy dif¨ªcil la aspiraci¨®n a una informaci¨®n completa, por eso resulta imprescindible que tanto Hacienda como la Fiscal¨ªa ofrezcan una s¨®lida argumentaci¨®n, cualquiera que sea la posici¨®n que adopten en el caso. Esa argumentaci¨®n tiene que ir m¨¢s all¨¢ de la pura solvencia t¨¦cnico-jur¨ªdica y facilitar la comprensi¨®n de la misma por parte de la ciudadan¨ªa. Es la confianza en el sistema la que puede verse reforzada o erosionada. M¨¢xime cuando existe la posibilidad de que la causa judicial pudiera prosperar en otras jurisdicciones fuera de Espa?a.

Las decisiones de la justicia tienen su propio cauce, pero la opini¨®n p¨²blica tiene los suyos tambi¨¦n, y no son monol¨ªticos o un¨ªvocos: el respeto por la figura de Juan Carlos sigue presente en amplias capas de la sociedad espa?ola, pero en muchas otras ha crecido significativamente un rechazo que ha llegado a trascender a la anterior figura del jefe del Estado y alcanza a la instituci¨®n misma. La experiencia reciente nos ense?a que la mejor garant¨ªa para la instituci¨®n no pasa por enfatizar la virtud personal, natural o aprendida, de quien es hoy su titular. La Corona no necesita intercambiar juancarlistas por felipistas. El debate p¨²blico sobre el modelo de Estado ha dejado de ser pasto de minor¨ªas y aunque no pueda decirse que sea general en la sociedad espa?ola, s¨ª exige que la instituci¨®n se dote sin demora de todos los instrumentos de control democr¨¢ticamente exigibles tras cuarenta a?os de vigencia.

Felipe VI ha adoptado medidas profil¨¢cticas relevantes en relaci¨®n con su padre ante la gravedad de las informaciones publicadas, pero no han sido suficientes. Hay un instrumento que puede desarrollarse: un Estatuto de la Corona que permitir¨ªa profundizar en los criterios de transparencia y fiscalizaci¨®n de los recursos que los espa?oles asignamos al funcionamiento de la Casa del Rey.

La voluntad pol¨ªtica para impulsarlo no depende ¨²nicamente del Gobierno ¡ªen cuya composici¨®n las diferencias en este punto son en este momento muy evidentes¡ª. Requerir¨¢ tambi¨¦n del compromiso del principal partido de la oposici¨®n, acendrado defensor de la causa mon¨¢rquica: el mejor favor que puede hacerle es acordar junto a la Casa del Rey y el Gobierno su desarrollo. El actual titular de la Corona encontrar¨ªa en ¨¦l una forma rotunda de ratificar un compromiso institucional acorde con las exigencias de una democracia madura y plenamente estable.

Aun as¨ª, no desaparecer¨¢ el caso Juan Carlos I de la conversaci¨®n p¨²blica. La evoluci¨®n de las investigaciones fuera de nuestro pa¨ªs o las series de televisi¨®n que se anuncian sobre su vida lo mantendr¨¢n presente. La propia libertad de movimientos del rey em¨¦rito no hace descartable que pueda regresar a Espa?a tras el archivo de la causa y el Gobierno tendr¨¢ que responder ante esa circunstancia previsible. No puede seguir ampar¨¢ndose en que esa es una decisi¨®n personal o familiar. Todo ello redunda en la exigencia a Hacienda y a la Fiscal¨ªa de claridad y detalles.

La inviolabilidad hasta su abdicaci¨®n en 2014, la prescripci¨®n de los delitos o las dificultades probatorias estar¨¢n ajustadas a la ley, pero la falta de explicaciones claras dejar¨ªa abierta la puerta a la especulaci¨®n. Las razones de forma pueden impedir la acci¨®n de la justicia, pero no disipan las razones de fondo ante una ciudadan¨ªa informada y tambi¨¦n escarmentada. La democracia espa?ola ha demostrado sobradamente su madurez para encajar todo tipo de avatares. La transparencia solo puede reforzarla.