Un precio demasiado alto
Los diputados llamados a votar el nombramiento de los nuevos magistrados del Constitucional no pueden abstraerse de la informaci¨®n que conocemos

La b¨²squeda del acuerdo pol¨ªtico entre dos partidos implica aceptar renuncias. Las concesiones pueden merecer la pena si el resultado concita una mayor¨ªa m¨¢s amplia que la que puede ofrecer un ¨²nico partido. La cuesti¨®n, como ya imaginan, est¨¢ en saber ponderar con mesura y acierto cu¨¢ndo el precio a pagar es asumible porque el resultado final sigue siendo valioso y cu¨¢ndo el precio es tan alto que convierte el acuerdo resultante en poco recomendable. Este es el verdadero dilema sobre el que nos interpela la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional. Una instituci¨®n que constituye, conviene tenerlo presente, uno de los elementos vertebrales del sistema.
La Comisi¨®n de Nombramientos del Congreso analiz¨® hace unos d¨ªas las candidaturas consensuadas por el PP y el PSOE para renovar a cuatro miembros del citado Tribunal. El procedimiento seguido para acordar los nombres solo podr¨ªa dar resultados virtuosos si el reclutamiento se hace entre quienes acrediten la mejor capacitaci¨®n t¨¦cnica, adem¨¢s de una trayectoria profesional reconocida. Sin embargo, la mec¨¢nica resulta perversa si el prop¨®sito se orienta a encontrar al candidato dentro del caladero de los afines y sin demasiado control sobre el alcance y la relevancia de su desempe?o profesional. El resultado en esta ocasi¨®n parece claro. Los candidatos no son los mejores posibles entre el talento que ofrece el pa¨ªs, ni sus aportaciones jur¨ªdicas les convierten en ese ideal de referente al que deber¨ªa aspirarse para el Tribunal Constitucional. Pero, siendo esto ya decepcionante, no es lo peor. Las informaciones conocidas sobre uno de los candidatos permiten afirmar que no cumple ni siquiera el m¨ªnimo de decoro que exige ostentar tan alta magistratura.
El Congreso de los Diputados tiene que ratificar esta semana la propuesta de nombramiento de los candidatos ya examinados. No todas las candidaturas merecen el mismo juicio cr¨ªtico, como qued¨® de manifiesto en la citada sesi¨®n parlamentaria. Los puntos ciegos que expuso con dureza y acierto Od¨®n Elorza a la candidatura de Enrique Arnaldo s¨ª fueron muy pertinentes como luego ha confirmado la realidad de los hechos probados. Tanto es as¨ª que lo publicado estos d¨ªas sobre la peculiar vida laboral de Enrique Arnaldo ser¨ªa suficiente para que el partido que apoya su candidatura buscara una alternativa m¨¢s adecuada. Nada invita a pensar que vaya a ocurrir. Tampoco que el afectado renuncie. Precisamente por eso, el PSOE no puede ignorar su responsabilidad refugi¨¢ndose en la falta de reparo a los candidatos de su cuota. La explicaci¨®n, en esos t¨¦rminos, solo enfatiza las miserias que esconde el trasfondo del propio pacto.
Por todo lo expuesto, los diputados y diputadas llamados a participar en la votaci¨®n que tendr¨¢ lugar el jueves no pueden abstraerse de la informaci¨®n que ya se conoce y que necesariamente debe formar parte tambi¨¦n de los argumentos que orienten con su voto la decisi¨®n final. La vida parlamentaria no transcurre en una especie de realidad virtual que pretenda encontrar siempre justificaci¨®n en l¨®gicas pol¨ªticas de dif¨ªcil aceptaci¨®n en el mundo real. Valoren seriamente si el precio a pagar por la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional merece la pena. Yo, honestamente, no lo creo.
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