?Por qu¨¦ pagamos la luz tan cara?

El pasado 22 de octubre finaliz¨® el periodo de consulta para modificar la tarifa regulada (PVPC) de electricidad a los peque?os consumidores, tarifa que engloba a m¨¢s de 10,5 millones, que todav¨ªa no han decidido abandonarla, a pesar de las m¨²ltiples campa?as de publicidad, para pasarse al mercado liberalizado.

En los ¨²ltimos meses estamos viviendo el ...

El pasado 22 de octubre finaliz¨® el periodo de consulta para modificar la tarifa regulada (PVPC) de electricidad a los peque?os consumidores, tarifa que engloba a m¨¢s de 10,5 millones, que todav¨ªa no han decidido abandonarla, a pesar de las m¨²ltiples campa?as de publicidad, para pasarse al mercado liberalizado.

En los ¨²ltimos meses estamos viviendo el incremento hist¨®rico de los precios en el mercado el¨¦ctrico provocado por el aumento del precio del gas natural en los mercados internacionales y de los derechos de emisiones de CO?, como determin¨® en su informe el Banco de Espa?a, situaci¨®n que no ser¨ªa tan alarmante si ese incremento solo se aplicara a aquellos kilovatios que realmente se est¨¢n produciendo con gas natural. Para hacernos una idea: en lo que llevamos de a?o, solamente el 15% se ha generado en las centrales de ciclos combinados de gas, por lo que el 85% restante corresponde a centrales que acaban cobrando un precio de la electricidad muy por encima de lo necesario para que sean rentables y de lo que han ofertado en el mercado.

Tras la COP26, donde han evaluado los planes y las tendencias de descarbonizaci¨®n de los distintos pa¨ªses, no podemos permitirnos una electricidad cara, ya que nos podr¨ªa condenar al incumplimiento de muchos de los objetivos fijados. Dentro del marco del Acuerdo de Par¨ªs hemos adoptado, como objetivo de la pol¨ªtica energ¨¦tica, la reducci¨®n de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la electrificaci¨®n de la demanda de energ¨ªa para conseguir la erradicaci¨®n de la dependencia de los combustibles f¨®siles. Por tanto, la situaci¨®n actual es, como m¨ªnimo, incomprensible, ya que el precio de la electricidad, que debe sustituir al gas natural, lo fija, precisamente, el propio gas natural, provocando que esta no sea competitiva como vector energ¨¦tico.

Que el dise?o del mercado el¨¦ctrico no traslade una se?al precio transparente con los costes que originan la electricidad, base de cualquier pol¨ªtica energ¨¦tica que quiera apostar por la eficiencia y por el consumo responsable, no es raz¨®n de peso para pensar que la tarifa el¨¦ctrica dom¨¦stica deba dise?arse eliminando o amortiguando su exposici¨®n al mercado, una situaci¨®n de falta de transparencia que se ver¨¢ ratificada si al final el Gobierno decide aprobar mediante real decreto ley una ¡°subasta¡± a precio fijo para las centrales renovables y de cogeneraci¨®n, sujetas al marco retributivo regulado.

Cuando las comercializadoras ofrecen tarifas planas, sin variaciones en los precios y con horas de electricidad gratuitas a elecci¨®n del consumidor, lo que est¨¢n haciendo es romper la corresponsabilidad de los costes con los precios y dar se?ales ineficientes y ajenas a la realidad al consumidor. De hecho, como consecuencia de la situaci¨®n de volatilidad del mercado mayorista y de la campa?a de ofertas a precio fijo de las grandes el¨¦ctricas, muchos consumidores est¨¢n abandonando la tarifa regulada para pasarse al mercado liberalizado.

Mantenerse en la tarifa regulada, incluso con el actual dise?o, adem¨¢s de ser un derecho es una buena decisi¨®n. Si analizamos, por ejemplo, el periodo de los ¨²ltimos cinco a?os, podemos ver que el consumidor que estaba en la tarifa regulada pag¨® un 14% menos que si hubiera estado en el mercado libre y, aunque se incluyan los efectos de los precios de 2021 en un c¨®mputo plurianual, la situaci¨®n sigue siendo favorable para la tarifa regulada.

Pero, antes de culpar al funcionamiento no id¨®neo del mercado mayorista, creo que es necesario analizar algunas consideraciones sobre la actual conformaci¨®n de la tarifa el¨¦ctrica y que se ha convertido, a nivel dom¨¦stico, en una de las m¨¢s caras de la Uni¨®n Europea (UE).

El primer punto es que ning¨²n gobierno ha considerado a la electricidad como un bien de primera necesidad, sino como un elemento recaudatorio y un instrumento para hacer pol¨ªtica territorial e industrial. Si analizamos 2019 podemos ver c¨®mo los consumidores dom¨¦sticos, Tarifa 2.0, pagaron en impuestos 61,67 euros por cada megavatio hora (MWh) consumido, m¨¢s de lo que cost¨® generar la electricidad que fue como valor medio 47,69 euros/MWh. Este precio no solo est¨¢ definido por tener un tipo de IVA igual que el de un bien de lujo (un 21%), mucho m¨¢s alto que el de pa¨ªses de nuestro entorno con tipos m¨¢s reducidos (Francia, un 5,5% y doble tipo, Portugal y Grecia, un 6%, Italia, un 10% ...), sino tambi¨¦n por el impuesto de electricidad (5,11%), por el impuesto de generaci¨®n con voluntad medioambiental del 7% que, a pesar de su nombre, se aplica a toda la generaci¨®n, contamine o no, o el destino no definido de la recaudaci¨®n del coste de CO? a la generaci¨®n emisora. Estos impuestos han sido rebajados para reducir la presi¨®n medi¨¢tica, pero seg¨²n la propuesta del Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, estos volver¨¢n a sus valores de origen y as¨ª recuperar su papel recaudatorio.

En segundo lugar, un 58% de la tarifa, antes de impuestos, para un a?o como 2019 (que se corresponde con la media de los ¨²ltimos a?os), son partidas fijadas y reguladas por el Gobierno v¨ªa BOE. Es decir, si tenemos un precio de la electricidad elevado, la responsabilidad no solo es del dise?o del mercado mayorista, sino tambi¨¦n de la decisi¨®n regulatoria del Gobierno. Es el principal argumento que esgrim¨ªan desde Bruselas al decir que los gobiernos tienen instrumentos para actuar, sin que esto les exima de la responsabilidad de proponer un dise?o del mercado mayorista m¨¢s adecuado con el mix de fuentes de energ¨ªa que participan en la actualidad.

Volvamos a los costes regulados y a las posibilidades abiertas para legislar sobre ellos. El elemento m¨¢s importante en cuant¨ªa es el marco retributivo de las inversiones renovables y la cogeneraci¨®n que supusieron 7.367 millones de euros en 2019. El Gobierno ha presentado al Congreso el Anteproyecto de Ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema El¨¦ctrico (FNSSE), aprobado en diciembre de 2020, para que el 73% de estos costes sean asumidos por todos los consumidores energ¨¦ticos y no solo por los el¨¦ctricos.

Esta medida es razonable y justa porque el consumidor el¨¦ctrico no puede ser el que, por cumplir con los compromisos medioambientales asumidos como pa¨ªs, acabe pagando las consecuencias. Seg¨²n la redacci¨®n actual, para el consumidor dom¨¦stico supondr¨ªa una rebaja en el precio de la luz del 13%, rebaja que, de forma inexplicable, se llevar¨¢ a cabo de forma progresiva en cinco a?os. Esta medida debe ayudar a fomentar lo que tenemos en abundancia y no contamina, como son las renovables, y no lo que no tenemos y contamina, que son los combustibles f¨®siles.

Por cuant¨ªa, la siguiente partida ser¨ªa la retribuci¨®n a la actividad de distribuci¨®n de electricidad que supone 5.891 millones de euros. En este caso, cuatro empresas tienen el 90% de la propiedad de la distribuci¨®n. Respecto al transporte, es una actividad que desarrolla en monopolio Red El¨¦ctrica de Espa?a (REE), que recientemente ha presentado los resultados de los primeros nueve meses del a?o con un beneficio, antes de impuestos, equivalente al 49% de los ingresos. Esta cifra, obviamente, se sale de todos los est¨¢ndares de actividades empresariales, sobre todo si se considera que es vital para el suministro de un bien esencial. Se trata de una retribuci¨®n del 5,88%, basada en un retorno a la inversi¨®n exento de riesgo, ya que es independiente de la electricidad transportada o distribuida.

Las redes el¨¦ctricas, sobre todo la de distribuci¨®n, son la base de la automatizaci¨®n y la digitalizaci¨®n del sistema el¨¦ctrico que debe permitir y facilitar que el autoconsumo y la movilidad el¨¦ctrica se desarrollen y que los consumidores podamos actuar y tengamos algo m¨¢s que decir, adem¨¢s de firmar los contratos de suministro.

El resto de las partidas que se incluyen en los costes que pagamos por la electricidad, como los costes originados por la cohesi¨®n territorial, 1.093 millones de euros para 2019, deben ser asumidos por los PGE y no por la tarifa, como as¨ª se pact¨® en 2009. Y lo mismo ocurre con la anualidad para la amortizaci¨®n de la deuda por el d¨¦ficit tarifario, 2.696 millones de euros, que, al margen de las discusiones sobre su origen, podr¨ªa extender el plazo de amortizaci¨®n, seg¨²n la regulaci¨®n hasta 2034, lo que supondr¨ªa una importante rebaja.

Pero, adem¨¢s, la tarifa encierra una asignaci¨®n de los costes fijos en mayor proporci¨®n para los consumidores dom¨¦sticos que para el resto, lo que conlleva una subvenci¨®n encubierta a la industria. De hecho, para 2019, los costes regulados asignados, antes de impuestos, para el consumidor dom¨¦stico, Tarifa 2.0, fueron de 179 euros/MWh, un 77% m¨¢s que para la peque?a industria, Tarifa 3.0, o 3,6 veces m¨¢s que para los grandes consumidores, Tarifa 6.1.

?Por qu¨¦ es tan cara la luz? Pues, simplemente, porque la tarifa el¨¦ctrica ha sido siempre el caj¨®n de sastre que todos los gobiernos han utilizado como instrumento recaudatorio y de acci¨®n pol¨ªtica. Esperemos que la consulta p¨²blica no sea solo un acto de cara a la galer¨ªa, sino que sirva para considerar a la electricidad como un derecho y un bien de primera necesidad y no solo un negocio.