Electricidad, clima y transferencias de renta

La transici¨®n energ¨¦tica es el mayor reto al que hoy se enfrentan los espa?oles. Cuesta dinero y nos afecta a todos, y a pesar de su car¨¢cter estrat¨¦gico el Gobierno parece sorprendido por las consecuencias que tiene. La evoluci¨®n al alza del precio del mercado mayorista de la electricidad, que desde junio ha aumentado un 80%, preocupa por la alarma social, la p¨¦rdida de competitividad de la industria y el impacto negativo sobre la recuperaci¨®n econ¨®mica. Estamos ante una emergencia y la respuesta es el decreto ley aprobado el pasado martes, con medidas de naturaleza fiscal, de apoyo a consumidores vulnerables y a la industria electro-intensiva y de intervenci¨®n del mercado mayorista de la electricidad, que persiguen reducir el precio de la electricidad y paliar su efecto sobre hogares y empresas.

Las medidas fiscales y las de apoyo a consumidores vulnerables son actuaciones p¨²blicas convencionales que ayudar¨¢n a los sectores m¨¢s perjudicados y tendr¨¢n como consecuencia un mayor d¨¦ficit, un menor gasto en otras ¨¢reas de Gobierno, m¨¢s impuestos a otros contribuyentes o una combinaci¨®n de estas alternativas. Las de intervenci¨®n del mercado mayorista de la electricidad, en cambio, pueden causar distorsiones que quiz¨¢s no han sido suficientemente valoradas.

El dise?o del mercado mayorista puede experimentar mejoras, pero no es la causa del aumento del precio de la electricidad, que se ha disparado debido a la subida del precio del gas y al aumento del precio de los derechos de emisi¨®n del CO2. Dejando de lado los problemas del mercado internacional del gas, sobre los cuales el Gobierno espa?ol poco puede hacer, la causa del pronunciado incremento del precio de los derechos de emisi¨®n ha sido la pol¨ªtica de la Uni¨®n Europea (UE) de acelerar la transici¨®n energ¨¦tica hacia una econom¨ªa descarbonizada.

El objetivo concreto de la UE es reducir entre 1990 y 2030 las emisiones en un 55% y alcanzar la neutralidad clim¨¢tica (emisiones iguales a absorciones) en 2050. La UE ha promovido esta aceleraci¨®n reduciendo los derechos de emisi¨®n en circulaci¨®n frente a una demanda que, anticipando efectos de largo plazo, ha aumentado de forma notable. El resultado ha sido contundente: en enero de 2021, el precio medio del derecho de emisi¨®n de CO2 estaba en 33,3 euros por tonelada, mientras que en agosto alcanz¨® los 56,5 euros; un incremento, en ocho meses, de casi el 70%.

Esta es una pol¨ªtica europea y, por tanto, una pol¨ªtica espa?ola ?Por qu¨¦, en Espa?a, una pol¨ªtica estrat¨¦gica de este calibre se ha convertido de repente en una emergencia social? ?Acaso el Gobierno espa?ol no hizo los an¨¢lisis necesarios para prever: primero, el importante aumento del precio de los derechos de emisi¨®n que se avecinaba; segundo, el efecto que este aumento iba a tener sobre el precio de la electricidad; y tercero, las consecuencias de una electricidad sustancialmente m¨¢s cara sobre el bienestar de los hogares y la posici¨®n econ¨®mica de las empresas? La respuesta corta es que el Gobierno, probablemente, no lo hizo.

Lo que s¨ª ha hecho el Gobierno es abrir un debate fundamental y necesario, que llega con retraso y que debi¨® entablarse antes de que la UE tomara la decisi¨®n de acelerar el ritmo del proceso de descarbonizaci¨®n de la econom¨ªa. Un debate acerca de las consecuencias econ¨®micas de la lucha contra el cambio clim¨¢tico para hogares e industria; del ritmo adecuado de la descarbonizaci¨®n de la econom¨ªa; y de las formas directas e indirectas en que este proceso podr¨ªa afectar a la ciudadan¨ªa.

Este debate posiblemente habr¨ªa acabado sin consenso, pero hubiera servido para avisar de la ineludible carga que el esfuerzo de descarbonizaci¨®n iba a suponer. Un debate en el que se hubiera podido evaluar la reacci¨®n de los ciudadanos ante la disyuntiva entre una pol¨ªtica contundente para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados por la UE y un enfoque de ejecuci¨®n m¨¢s gradual, aun a riesgo de sobrepasar las fechas l¨ªmite. Un debate, en fin, que hubiera permitido mantener la iniciativa del Gobierno y, quiz¨¢, evitar la instrumentalizaci¨®n pol¨ªtica de la cuesti¨®n.

El ejemplo m¨¢s claro de esta instrumentalizaci¨®n es la cr¨ªtica del actual mecanismo de determinaci¨®n del precio de la electricidad. Este mecanismo, que en Espa?a funciona desde 1997, es similar al utilizado por otros muchos pa¨ªses y, en particular, coincide en sus elementos esenciales con el adoptado por los pa¨ªses miembros de la UE.

La experiencia obtenida es favorable e indica que la liberalizaci¨®n de los mercados el¨¦ctricos es un proceso continuo de mejoras y de adaptaci¨®n a la realidad industrial e institucional de cada pa¨ªs. En este contexto, el mercado mayorista espa?ol funciona razonablemente bien: dada la actual estructura de tecnolog¨ªas de producci¨®n, permite producir la electricidad necesaria al menor coste posible y genera un precio que incentiva mejoras en la eficiencia del sistema.

Querer resolver el problema del encarecimiento de la electricidad imponiendo precios administrativos o interviniendo de forma diferenciada seg¨²n la tecnolog¨ªa de la que proceda la electricidad es problem¨¢tico. Cercena el contenido informativo del precio de mercado y distorsiona los incentivos que dicho precio genera. Introducir ruido en la se?al (en el precio) que el mercado emite no es una buena pol¨ªtica.

Tambi¨¦n se ha criticado la incidencia econ¨®mica del encarecimiento de la electricidad. Existe malestar entre los ciudadanos y este malestar est¨¢ justificado. Las familias han visto, sin aviso, que su factura de la luz aumentaba, y las empresas industriales (estas m¨¢s apercibidas que las familias) que sus costes de energ¨ªa el¨¦ctrica escalaban y reduc¨ªan su competitividad internacional.

Para complicar m¨¢s la cuesti¨®n, cuando el precio de la electricidad aumenta, aumenta tambi¨¦n la rentabilidad de las tecnolog¨ªas m¨¢s eficientes (de las renovables, por ejemplo). Sobrerretribuci¨®n no es la mejor forma de denominar lo que en realidad es un incentivo econ¨®mico: la se?al que el mercado est¨¢ dando a los generadores el¨¦ctricos para que aumenten la producci¨®n de electricidad de origen renovable, y a los dem¨¢s agentes econ¨®micos para que recursos ahora empleados en otras actividades se dediquen a financiar inversiones en estas tecnolog¨ªas. Pero el hecho de que el incentivo sea tanto m¨¢s potente cuanto, v¨ªa precio o a trav¨¦s de inversiones, mayor sea el volumen de recursos transferido al sector el¨¦ctrico dificulta la explicaci¨®n a la ciudadan¨ªa de esta transferencia de renta.

No tiene sentido demonizar a las el¨¦ctricas porque tampoco ellas se librar¨¢n de este terremoto el¨¦ctrico dado que, con el advenimiento de las tecnolog¨ªas renovables, los generadores de electricidad se enfrentan a una profunda reestructuraci¨®n que cambiar¨¢ la naturaleza del sector. La bonanza econ¨®mica de la que est¨¢n disfrutando no es permanente.

Las pocas grandes el¨¦ctricas de hoy deber¨¢n reconciliarse con la idea de que en un futuro no demasiado lejano el sector contar¨¢ con nuevos actores debido a las menores barreras de entrada que la naturaleza modular de las tecnolog¨ªas renovables permite. La buena noticia es que el futuro sector de la generaci¨®n el¨¦ctrica en Espa?a ser¨¢ m¨¢s verde y estar¨¢ sujeto a un grado de competencia mucho m¨¢s elevado que el actual.

Antoni Zabalza es economista y fue secretario de Estado de Hacienda.