Regateos para la impunidad en Nicaragua
La decisi¨®n del Gobierno de Daniel Ortega de retirarse de la OEA es vista como un movimiento para evitar una salida a la crisis en la que no se asegure la verdad, justicia y reparaci¨®n a las v¨ªctimas de la represi¨®n estatal
El debilitamiento de las instituciones democr¨¢ticas y la concentraci¨®n de poder en Nicaragua sucede de manera paulatina desde que el presidente Daniel Ortega asumi¨® su segundo mandato en 2007. Ese debilitamiento se consolid¨® en los ¨²ltimos a?os, desde la crisis de derechos humanos que comenz¨® en 2018, con la brutal represi¨®n estatal de las protestas. En 2021, en el contexto de un proceso electoral a todas luces poco trasparente, sin libertades y sin aut¨¦ntica competencia, se intensific¨® la persecuci¨®n en contra de la oposici¨®n pol¨ªtica y se lleg¨® a la detenci¨®n y criminalizaci¨®n arbitrarias de unas 30 l¨ªderes y lideresas, defensoras y defensores, y periodistas; entre ellas 7 precandidatas y precandidatos presidenciales.
Luego de unas elecciones cuya legitimidad fue ampliamente cuestionada por actores locales, regionales e internacionales, autoridades nicarag¨¹enses denunciaron la Carta de la OEA y anunciaron su retiro de la organizaci¨®n. Pese a que dichas decisiones, seg¨²n las normas internacionales aplicables, no tendr¨¢ efectos concretos hasta dentro de dos a?os.
Esta se?al del Gobierno es inquietante porque implica la prolongaci¨®n de una crisis de derechos humanos que afecta al pa¨ªs por m¨¢s de tres a?os y es un intento m¨¢s de perpetuaci¨®n de la impunidad por, entre otros, el asesinato de al menos 355 personas, el encarcelamiento arbitrario de m¨¢s de 1614, de las cuales m¨¢s de 150 siguen en prisi¨®n, serias y m¨²ltiples denuncias de malos tratos y hasta tortura y vej¨¢menes de tipo sexual; as¨ª como el exilio de m¨¢s de 103 mil personas, seg¨²n datos recabados por la CIDH en su labor de monitoreo ininterrumpida.
La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos est¨¢ presente desde el inicio de esta crisis en el pa¨ªs, desde su visita realizada entre el 17 y el 21 de mayo de 2018, luego con la instalaci¨®n del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI Nicaragua), el que, a partir de su observaci¨®n en terreno, report¨® que en Nicaragua se cometieron hechos que, seg¨²n el derecho internacional, deber¨ªan ser considerados cr¨ªmenes de lesa humanidad.
Adem¨¢s, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) sigue vigente y permite el monitoreo permanente de la situaci¨®n de derechos humanos en el pa¨ªs, y ha permitido documentar el despliegue planificado de diversas etapas represivas que se proponen suspender o limitar severamente las libertades p¨²blicas. Esto se hace a trav¨¦s de la instalaci¨®n de un Estado policial de facto, que ha pretendido perpetuar la impunidad estructural por las graves violaciones a los derechos humanos. Esto se logra debido un creciente deterioro de las instituciones propias de un Estado de derecho, en un pa¨ªs donde ninguno de los poderes cuentan con independencia, tales como el Poder Judicial, la instituci¨®n nacional de derechos humanos, el Ministerio P¨²blico y el Consejo Supremo Electoral.
En dicho contexto, la denuncia a la Carta de la OEA y el anuncio del retiro de la organizaci¨®n son vistos por algunos actores como un movimiento de las autoridades estatales para evitar los di¨¢logos de salida a la crisis y la condena y las sanciones internacionales, avizorando una salida en la que no se asegure la verdad, la justicia y la reparaci¨®n a las v¨ªctimas y sin un ¡°nunca m¨¢s¡±. Si ese fuera el objetivo del Gobierno, resulta oportuno recordar que ello, adem¨¢s de ser contrario al derecho internacional, no produce resultados estables, ni arreglos institucionales sostenibles.
La persistente memoria de las v¨ªctimas de violaciones a los derechos humanos, adem¨¢s de constituir est¨¢ndares obligatorios para todos los pa¨ªses de nuestra regi¨®n, fue imposible de acallar en todas las experiencias comparadas. Los sistem¨¢ticos esfuerzos de algunos oficialismos en las ¨²ltimas d¨¦cadas por producir salidas ¡°negociadas¡± y ¡°reconciliaciones¡± superficiales, despu¨¦s de pasados de atropellos sistem¨¢ticos, no impidieron que las demandas de las v¨ªctimas y sus familias, a quienes su dolor les ha impuesto ser protagonistas sociales y pol¨ªticas, se cuelen por todos los espacios culturales e institucionales. Estas demandas siguen llevando a los culpables a rendir cuentas, siguen enfrentando a las sociedades de Am¨¦rica a sus traumas y ense?ando la hist¨®rica lecci¨®n de que la memoria, la verdad y la justicia son la ¨²nica manera viable de enfrentar el futuro, que no es posible el regateo de la impunidad.
El supuesto plan entonces no prosperar¨¢, porque la obligaci¨®n de verdad, justicia, reparaci¨®n y garant¨ªas de no repetici¨®n ha llegado a ser un conjunto de reglas vigentes del derecho internacional y particularmente en el Sistema Americano, precisamente porque son el resultado de la reflexi¨®n sobre nuestra propia historia continental en las Am¨¦ricas, sobre nuestros dolores, sobre nuestras tragedias. Y esa historia, esos dolores, esos traumas y esa reflexi¨®n tienen la fuerza y convocan la solidaridad suficiente para imponerse, tarde o temprano, a los regateos para la impunidad.
Hoy, luego de que Nicaragua present¨® oficialmente su notificaci¨®n de denuncia a la Carta de la OEA, quiero hacer un llamado especial al cese de la tortura y el aislamiento en la c¨¢rcel de las mujeres presas pol¨ªticas, quienes llevan m¨¢s de cinco meses de confinamiento solitario, aisladas en sus celdas, sin ver a sus familiares o por per¨ªodos muy cortos y, en el caso de dos de ellas, habi¨¦ndoseles impedido tener comunicaci¨®n con sus hijas e hijos.
La tortura y el aislamiento contra las personas opositoras presas en la c¨¢rcel de El Chipote deben concluir inmediatamente, particularmente en el caso de las mujeres que est¨¢n sometidas a aislamiento intensificado. As¨ª lo ha dispuesto, hace pocos d¨ªas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cuya orden obligatoria, el Estado de Nicaragua se encuentra en desacato. El llamado es tambi¨¦n para la inmediata liberaci¨®n de las m¨¢s de 150 personas presas pol¨ªticas que se encuentran en otros centros penitenciarios. El llamado es al fin de la impunidad para las m¨¢s de 355 personas asesinadas, para que las Madres de Abril y las y los familiares de las personas asesinadas tengan reparaci¨®n integral.
La memoria nicarag¨¹ense tiene registradas las palabras de ?lvaro Conrado, un joven de 15 a?os que, mientras repart¨ªa agua a las y los manifestantes, el 20 de abril de 2018, fue herido mortalmente en el cuello con un arma de fuego disparada por agentes estatales. El joven dijo repetidamente a quienes estaban junto a ¨¦l: ¡°me duele respirar, me duele respirar¡±. El dolor de las v¨ªctimas, simbolizado por las ¨²ltimas palabras de ?lvaro, reflejan la barbarie de lo ocurrido y los poderosos motivos por los que los regateos para la impunidad no prosperar¨¢n.
Antonia Urrejola es presidenta de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos CIDH
Twitter: @totonia68
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