La jueza Aif¨¢n y los ataques a la justicia

Erika Aif¨¢n es una jueza muy activa en Guatemala. Desde la semana pasada su nombre ha estado nuevamente en las noticias por sanciones anunciadas contra ella y por pronunciamientos varios en su respaldo. Titular del denominado Juzgado D de Mayor Riesgo, funci¨®n creada en 2016 para actuar sobre varios de delitos de corrupci¨®n, ha pisado la cola de personajes poderosos metidos en actos de corrupci¨®n. No sin reacciones. Incluso una funcionaria y un funcionario de su propio juzgado fueron utilizados para espiarla y obtener informaci¨®n sobre su trabajo.

Lo que ocurre con Erika Aif¨¢n y el af¨¢n de demoler su trabajo y quitarle los casos que tiene entre manos es representativo del tipo de tensiones y reacciones que se genera en algunos sistemas institucionales. Ocurre no s¨®lo en Guatemala sino tambi¨¦n en otros pa¨ªses como reacciones siniestras ante la l¨ªnea recta de ciertos magistrados o fiscales que enfrenta la penetraci¨®n la corrupci¨®n organizada que penetra el Estado.

Entre los casos en manos de Aif¨¢n est¨¢ el proceso ¡°Construcci¨®n y Corrupci¨®n¡± que toca a empresarios sindicados de haber pagado sobornos a un ex ministro de Comunicaciones para agilizar pagos de ese ministerio. Tambi¨¦n ha visto el caso contra cinco grandes empresarios que admitieron haber financiado la campa?a presidencial de Jimmy Morales sin informar al Tribunal Supremo Electoral. Tambi¨¦n conoce el caso Caja de Pandora, estructura criminal que desde la c¨¢rcel influ¨ªa en el nombramiento de funcionarios del sistema penitenciario y en los cobros para el traslado de reclusos entre diferentes centros de detenci¨®n.

Invocando un supuesto ¡°abuso de autoridad¡± de la jueza Aif¨¢n, ella ha sido objeto de un extravagante n¨²mero de denuncias penales y disciplinarias generadas por personas que se han visto afectadas por sus resoluciones. Ante cada hecho materia de investigaci¨®n contra ella se le abren no uno sino cuatro procesos: penal, disciplinario, colegio de abogados y Procuradur¨ªa de Derechos Humanos. Como la cereza que corona la torta, la semana pasada la Fiscal¨ªa, ante la supuesta responsabilidad de Aif¨¢n en la comisi¨®n de los delitos de ¡°abuso de autoridad¡± e ¡°incumplimiento de deberes¡± est¨¢ bajo la amenaza de ser cesada por la v¨ªa de un antejuicio.

Varios analistas estiman que estos pasos ins¨®litos de la Fiscal¨ªa guatemalteca obedecen al prop¨®sito de corta con sus investigaciones y anular investigaciones importantes sobre graves hechos de corrupci¨®n. Que tienen que ver muchos de ellos nada menos que con el proceso de selecci¨®n de integrantes de las altas cortes. Eventualmente, tambi¨¦n curarse en salud contrarrestando la perspectiva de que la jueza Aif¨¢n anuncie su postulaci¨®n como jefa de la Fiscal¨ªa ahora que ya est¨¢ en marcha el proceso de renovaci¨®n de quien ocupara el cargo desde el 17 de mayo.

Lo que viene ocurriendo con la jueza Aif¨¢n en Guatemala pone de manifiesto dos asuntos cruciales en la relaci¨®n justicia entre la justicia y la corrupci¨®n. Dentro de un contexto regional en el que no es el caso de Aif¨¢n el ¨²nico con esas caracter¨ªsticas en Latinoam¨¦rica u otras regiones del mundo; hay muchos parecidos. Pero ilustra bien de este asunto.

De un lado, la penetraci¨®n de la corrupci¨®n dentro de los sistemas judiciales -en sus distintos niveles- para conseguir, as¨ª, impunidad. Ello gracias a fiscales y jueces que deciden ponerse ¡°de perfil¡± o llegar a favorecer directamente a componentes del crimen organizado de la corrupci¨®n. Con eso se neutraliza las posibilidades de acci¨®n de la justicia.

Por el otro, que s¨ª existen jueces y fiscales independientes y ajustados a los est¨¢ndares del Estado de Derecho y que quieren actuar en serio. Y que de hecho est¨¢n actuando contra el crimen organizado de la corrupci¨®n. En esto la justicia no se mover¨ªa un mil¨ªmetro sin el papel medular de jueces y fiscales que impulsen investigaciones serias y busquen llegar a determinar sanciones penales efectivas cuando corresponda.

Las leyes penales nacionales y un extraordinario tratado internacional contra la corrupci¨®n -la Convenci¨®n de Naciones Unidas contra la Corrupci¨®n- proporcionan, a los jueces y fiscales que quieran hacerlo, herramientas m¨¢s que suficientes para actuar. La Convenci¨®n identifica claramente al sistema judicial y al ministerio p¨²blico como las instituciones cruciales en este combate. Y, por eso, no es casualidad que sea tan poderosa y amenazante el af¨¢n persecutorio desde altas esferas contra una jueza que pisa fuerte.

No es por eso irrelevante que parte de las investigaciones ¡°sensibles¡± llevadas a cabo por la jueza Aif¨¢n sean precisamente sobre tr¨¢fico de influencias para la designaci¨®n de magistrados. Trabar desde dentro el engranaje de la maquinaria judicial contra la corrupci¨®n proporciona impunidad a los corruptos. Desarmar y corromper a la justicia es, pues, algo que puede darse tambi¨¦n desde dentro del propio sistema judicial como parece ser el caso.

Hay obligaciones internacionales al respecto que son bastante claras. En particular, el art¨ªculo 11 de la Convenci¨®n contra la Corrupci¨®n que obliga a los Estados parte a adoptar medidas para reforzar la integridad del sistema judicial -incluido el ministerio p¨²blico- y evitar toda oportunidad de corrupci¨®n entre sus integrantes, sin menoscabo de la independencia judicial.

La corrupci¨®n sistem¨¢tica seguir¨¢ gozando de impunidad, pues, cuando las instituciones judiciales no pueden desempe?ar sus funciones. Jueces o juezas -o fiscales- que act¨²an decididamente en casos de corrupci¨®n y que son acosados, perseguidos, infiltrados y amenazados -como la jueza Aif¨¢n- son temas que conciernen, por ello, a toda la sociedad y no s¨®lo a quienes operan en Guatemala en el sistema legal.

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