¡®Apartheid¡¯ en Israel

En toda Europa se debate si las acciones que el Gobierno israel¨ª est¨¢ llevando a cabo en los territorios palestinos ocupados se pueden calificar de apartheid seg¨²n el derecho internacional. En mi condici¨®n de ex fiscal general de Israel, he dedicado mi carrera a analizar las cuestiones jur¨ªdicas m¨¢s acuciantes que afectan a mi pa¨ªs. La ocupaci¨®n israel¨ª de Cisjordania, Gaza y Jerusal¨¦n ha sido un dilema fundamental durante mi ejercicio del cargo y tambi¨¦n despu¨¦s.

La actual ocupaci¨®n israel¨ª de estos territorios es una gran injusticia que debe ser rectificada con urgencia. Tambi¨¦n debo concluir con enorme tristeza que mi pa¨ªs se ha hundido en un abismo moral y pol¨ªtico tal que en estos momentos es un r¨¦gimen de apartheid. Es hora de que la comunidad internacional reconozca asimismo esta realidad.

Desde 1967, las autoridades israel¨ªes han justificado la ocupaci¨®n afirmando que es temporal hasta que se pueda encontrar una soluci¨®n pac¨ªfica entre israel¨ªes y palestinos. Sin embargo, ya han pasado cinco d¨¦cadas desde que los territorios fueron conquistados e Israel no muestra ning¨²n inter¨¦s en rescindir su control. Es imposible concluir lo contrario: la ocupaci¨®n es una realidad permanente. Es la realidad de un Estado ¨²nico con dos pueblos diferentes que viven en desigualdad de derechos.

Israel ha violado el derecho internacional al trasladar a m¨¢s de 650.000 de sus ciudadanos jud¨ªos a vivir en asentamientos en Cisjordania y Jerusal¨¦n Este. Estos asentamientos se levantan en zonas que cercan a los pueblos palestinos, de manera que fragmentan deliberadamente a las comunidades palestinas con la finalidad ¨²ltima de evitar la posibilidad de un Estado palestino contiguo. En Jerusal¨¦n Este, las leyes de propiedad discriminatorias est¨¢n obligando a los palestinos a abandonar sus hogares en una pol¨ªtica de judaizaci¨®n de la ciudad respaldada por el Estado.

En el ?rea C de Cisjordania, las leyes de planificaci¨®n discriminatorias se utilizan para expulsar a las comunidades palestinas de su tierra. Estas comunidades se ven desbordadas por la violencia a manos de los colonos desde los puestos de avanzada no autorizados (ilegales, incluso seg¨²n la legislaci¨®n israel¨ª), mientras que sus perpetradores no se enfrentan a ninguna o casi ninguna consecuencia. Cualquier intento de resistirse al apartheid es sometido a una estricta vigilancia o criminalizado, como ejemplifica la falaz calificaci¨®n de terroristas aplicada por el ministro israel¨ª de Defensa a los grupos de la sociedad civil palestina.

Los sucesivos gobiernos de Israel, incluida la actual coalici¨®n, que se promocion¨® a s¨ª misma como un alejamiento de la intransigencia de Netanyahu, han afirmado repetida y p¨²blicamente que no tienen intenci¨®n de crear un Estado palestino. Esta realidad es la que ha empujado a un conjunto cada vez mayor de voces internacionales a condenar el control de Israel sobre los territorios por considerarlo un r¨¦gimen de apartheid, conclusi¨®n a la que tambi¨¦n han llegado algunas de las organizaciones pro derechos humanos israel¨ªes e internacionales m¨¢s destacadas, entre ellas B¡¯tselem, Yesh Din, Amnist¨ªa Internacional y Human Rights Watch.

Sin embargo, gran parte del debate en la comunidad internacional se desarrolla como si el comportamiento de Israel en los territorios ocupados pudiera separarse de la democracia liberal que existe dentro de la L¨ªnea Verde. Es un error. Sencillamente, no se puede ser una democracia liberal si se aplica el apartheid a otro pueblo. Es un contrasentido, ya que toda la sociedad israel¨ª es c¨®mplice de esta injusta realidad. El gabinete ministerial israel¨ª para los asentamientos es el que aprueba cada uno de los establecimientos ilegales en los territorios ocupados. Fui yo, en mi condici¨®n de fiscal general, quien aprob¨® la expropiaci¨®n de tierras privadas palestinas para construir infraestructuras, como carreteras, que han afianzado la expansi¨®n de los asentamientos.

Son los tribunales israel¨ªes los que ratifican las leyes discriminatorias dirigidas a expulsar a los palestinos de sus hogares en Jerusal¨¦n Este y de sus tierras en Cisjordania, mientras que los profesionales sanitarios prestan servicio m¨¢s all¨¢ de la L¨ªnea Verde y los ciudadanos israel¨ªes son los que, en ¨²ltima instancia, pagan los impuestos que financian la consolidaci¨®n del control y la dominaci¨®n gubernamentales sobre esos territorios.

Entre el r¨ªo Jord¨¢n y el mar Mediterr¨¢neo, es Israel quien priva permanentemente a millones de palestinos de sus derechos civiles y pol¨ªticos. Es el apartheid israel¨ª.

Hay dos posibles soluciones democr¨¢ticas para resolver este estado de cosas. La primera es conceder ciudadan¨ªa e igualdad plenas a todos los que vivan bajo control israel¨ª. Por desgracia, este escenario desembocar¨ªa en el fin de la mayor¨ªa jud¨ªa y en la balcanizaci¨®n de todo el territorio, lo que aumentar¨ªa la probabilidad de un conflicto irresoluble. La segunda posible soluci¨®n ser¨ªa que Israel se retirara de los territorios ocupados y estableciera un Estado palestino que conviviera con ¨¦l. Esto no solo asegurar¨ªa el reparto justo del territorio entre los nativos palestinos y el pueblo jud¨ªo, perseguido desde hace miles de a?os, sino que garantizar¨ªa una soluci¨®n sostenible al conflicto palestino-israel¨ª y el final del apartheid.

La situaci¨®n sobre el terreno es una abominaci¨®n moral. La demora de la comunidad internacional en tomar medidas de calado para que Israel rinda cuentas por el r¨¦gimen de apartheid que est¨¢ perpetuando es inaceptable.