Hacia otra ley electoral

Entre las m¨²ltiples reformas que siempre est¨¢n pendientes en Espa?a figura en lugar destacado la de la Ley Electoral. Y a¨²n estar¨ªamos a tiempo, si las fuerzas pol¨ªticas quisieran, para abordar su actualizaci¨®n ante el intenso calendario de comicios que tenemos por delante: municipales, auton¨®micas, europeas y, tambi¨¦n, unas elecciones generales que deber¨ªan llegar a finales de 2023 o principios de 2024, si el presidente S¨¢nchez no decide adelantarlas. La Ley Org¨¢nica de R¨¦gimen Electoral General (LOREG) vigente desde 1985 (y reformada en 2011) ha cumplido su funci¨®n y ha permitido el pluralismo ideol¨®gico, territorial y la alternancia pol¨ªtica. Pero ha quedado desfasada en varios aspectos ante la evoluci¨®n de la sociedad espa?ola y las exigencias del mundo digital.

La primera cuesti¨®n ha sido impulsada ya como proposici¨®n de Ley, y es el cambio en el voto rogado. Se incorpor¨® la reforma de 2011 con el objetivo de frenar din¨¢micas de clientelismo en el exterior, pero en la realidad ha hundido la participaci¨®n en las elecciones de los espa?oles residentes fuera de Espa?a. El acuerdo para cambiar el sistema existe pero la demora en su reforma hace que las elecciones se sucedan y las dificultades perduren. Volver al sistema previo o discutir la posibilidad de una circunscripci¨®n para el voto exterior es urgente.

Una segunda cuesti¨®n a revisar es el sistema de cuotas de g¨¦nero en Espa?a. Aunque la representaci¨®n pol¨ªtica de las mujeres ha mejorado, se puede profundizar en esta v¨ªa incorporando las listas cremallera, que alternan sexos de manera ordenada. Con formaciones peque?as la paridad de g¨¦nero es menor porque quienes consiguen esca?o suelen ser los cabezas de lista provinciales (normalmente, hombres). Este sistema de cuota puede atenuar el efecto, en especial si nuevos partidos provinciales obtendr¨¢n representaci¨®n.

Un tercer aspecto es acabar con el anacronismo de prohibir la publicaci¨®n de sondeos los cinco d¨ªas previos a la elecci¨®n. Esto en una sociedad digital no tiene sentido: se difunden igualmente encuestas, muchas de dudosa calidad, sin ficha t¨¦cnicas, y con un ¨¢nimo evidente de influir. Adem¨¢s, partidos y empresas demosc¨®picas siguen encuestando pero al ciudadano se le hurtan sus datos. Acabar con este embargo, junto con la obligatoriedad de publicaci¨®n de fichas t¨¦cnicas de encuestas, es algo que deber¨ªa hacerse extensivo m¨¢s all¨¢ del periodo electoral.

Finalmente, hay otras cuestiones que tambi¨¦n podr¨ªa incorporarse para facilitar el desarrollo de los procesos electorales. Establecer la obligatoriedad de convocar elecciones en domingo favorecer¨ªa la participaci¨®n, como lo har¨ªa regular por ley la celebraci¨®n de un debate electoral en medios p¨²blicos. Incluso aumentar la transparencia y la pluralidad de las Juntas Electorales ser¨ªa importante, en especial cuando recientemente han tomado decisiones controvertidas en el pasado y son el ¨¢rbitro fundamental del proceso.

Todas estas modificaciones no deben eclipsar el debate de mayor calado sobre los efectos distributivos del sistema electoral. Primero, el sesgo mayoritario del sistema. En dos terceras partes de las provincias espa?olas se reparten menos de 10 diputados, lo que penaliza especialmente a los partidos peque?os de ¨¢mbito estatal. Aquellos partidos que se encuentran por debajo de un 15% de media en votos son penalizados en representantes en favor de los dos primeros partidos. Corregirlo podr¨ªa pasar por desde cambiar el distrito de referencia (dif¨ªcil por la reforma constitucional que blinda a la provincia) hasta explorar colegios de restos con diputados suplementarios.

Segundo, que est¨¦ fijado por ley un m¨ªnimo de dos diputados por circunscripci¨®n provoca que un esca?o cueste muchos menos votos en Teruel o Zamora que en Barcelona o Madrid. Corregirlo requerir¨ªa reequilibrar los 350 diputados del Congreso hacia las provincias con m¨¢s poblaci¨®n, probablemente bajando el m¨ªnimo provincial a un diputado.

Tercero, el tipo de listas electorales. Es una reivindicaci¨®n hist¨®rica acabar con las listas cerradas y bloqueadas y sus efectos paralizantes en la vida de los partidos. La verticalidad de las formaciones (las hist¨®ricas y las recientes) propicia la disiciplina y merma el espacio para el debate o la mera discrepancia porque suele pagarse cara. Las listas desbloqueadas favorecen al votante, le permiten marcar preferencias dentro de la lista y responsabiliza de forma directa al diputado al aumentar su capital electoral.

Los tres aspectos son debatibles y tienen contraindicaciones. Mejorar la proporcionalidad implica asumir m¨¢s fragmentaci¨®n y aumentar la dificultad para articular mayor¨ªas. Reducir a un diputado el m¨ªnimo por circunscripci¨®n supone dar menos peso a los territorios del interior, justo los que hoy compiten con sus propias candidaturas. Desbloquear las listas har¨ªa que la vida interna de los partidos pudiera ser m¨¢s conflictiva y que incluso sus liderazgos debieran armarse m¨¢s en convicciones y propuestas que en directrices y argumentarios monol¨ªticos destinados a la ultrarrepetici¨®n cacof¨®nica.

Quiz¨¢ por esto la actualizaci¨®n de la ley deber¨ªa empezar en los primeros aspectos, donde el acuerdo parece m¨¢s f¨¢cil de alcanzar. No hay reforma electoral que resuelva por s¨ª sola todos los problemas pero tampoco puede seguir siendo una caja de herramientas oxidadas. El abanico de posibilidades es variado, pero no hacer nada con esta ley equivale a seguir minando el compromiso de la ciudadan¨ªa con la pol¨ªtica y alimentar la antipol¨ªtica.