El presidente Lasso tiene una oportunidad para proteger a mujeres y ni?as en Ecuador

En Am¨¦rica Latina est¨¢ avanzando el movimiento que reivindica el derecho de mujeres y ni?as al aborto y, en esta coyuntura, Ecuador tiene la oportunidad de dar un paso adelante. Deber¨ªa darlo.

Hasta el a?o pasado, las mujeres y ni?as en Ecuador solo pod¨ªan solicitar un aborto legal cuando su embarazo implicara un riesgo para su vida, su salud o en caso de violaci¨®n sexual de una mujer o ni?a con ¡°discapacidad mental¡±. Sin embargo, a partir de una sentencia de la Corte Constitucional del 28 de abril de 2021 que resolvi¨® despenalizar el aborto en todos los casos de violaci¨®n sexual, se inici¨® un esfuerzo para reformar la legislaci¨®n de modo que refleje esa decisi¨®n. El proceso ha sido lento.

Ahora el presidente Guillermo Lasso tiene ante s¨ª para su firma un proyecto de ley, cuya redacci¨®n inicial estuvo a cargo de la Defensor¨ªa del Pueblo, que codifica esa sentencia. Es una oportunidad ¨²nica de transformar las vidas de las sobrevivientes de violencia sexual en Ecuador, no solo al garantizarles el acceso oportuno al aborto, sino adem¨¢s al permitirles acceder a servicios integrales de salud sexual y reproductiva. El presidente Lasso deber¨ªa aprobar el proyecto.

En funci¨®n de nuestro extenso trabajo de investigaci¨®n en la regi¨®n, tenemos la certeza de que este asunto puede ser una cuesti¨®n de vida o muerte. Las restricciones al aborto no impiden que haya abortos. Lo que hacen es obligar a mujeres y ni?as que intentan abortar, sobre todo aquellas en situaci¨®n de pobreza o que viven en zonas rurales, a salir del sistema de salud y recurrir a entornos clandestinos que no cuentan con ninguna regulaci¨®n. Muchos abortos clandestinos se practican de manera insegura y generan problemas de salud a corto y largo plazo, o incluso la muerte. Seg¨²n la Organizaci¨®n Mundial de la Salud, la tasa de abortos inseguros es cuatro veces mayor en pa¨ªses con leyes sobre aborto restrictivas que en pa¨ªses donde est¨¢ legalizado.

El proyecto que aprob¨® la Asamblea Nacional es modesto, pero igualmente importante. Procura asegurar que todas las mujeres y ni?as que hayan sufrido una violaci¨®n tengan acceso a una atenci¨®n m¨¦dica que sea prioritaria, integral, gratuita, oportuna, humana y confidencial, tanto antes de un aborto como durante este y con posterioridad. Para cumplir con los est¨¢ndares internacionales de derechos humanos, una ley que regule el acceso al aborto para las personas sobrevivientes de violaciones sexuales no deber¨ªa imponer barreras que limiten el acceso genuino, efectivo e integral a esa pr¨¢ctica.

Dado que el embarazo a menudo se detecta tard¨ªamente en los casos de violaci¨®n sexual, el proyecto extender¨ªa el lapso para intentar obtener un aborto, que ser¨ªa de 12 semanas, a un per¨ªodo de 18 semanas en el caso de mujeres y ni?as con discapacidad y mujeres en comunidades rurales o ind¨ªgenas. Conforme al proyecto, las sobrevivientes de violaci¨®n sexual no estar¨ªan obligadas a denunciar el delito para poder obtener un aborto. A su vez, para que el aborto sea accesible, se limitar¨ªan las posibilidades de las personas que proveen servicios a negarse a brindar atenci¨®n m¨¦dica por motivos de objeci¨®n de conciencia.

El presidente Lasso tiene 30 d¨ªas desde que recibi¨® el texto definitivo aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de febrero para aprobarlo o vetarlo. Cuando la Corte Constitucional despenaliz¨® el aborto en casos de violaci¨®n sexual, el presidente Lasso anunci¨® p¨²blicamente que, pese a sus convicciones personales, ¨¦l y su Gobierno acatar¨ªan la decisi¨®n por respeto a los principios b¨¢sicos de la democracia. Sin embargo, en declaraciones recientes ha sugerido la posibilidad de vetar el proyecto.

Las convicciones personales del presidente Lasso no deber¨ªan limitar la posibilidad de mujeres, ni?as y personas embarazadas en Ecuador de obtener atenci¨®n de la salud esencial. El presidente deber¨ªa defender el Estado de derecho y proteger a las sobrevivientes de violaci¨®n sexual para que no deban vivir el sufrimiento que implica un embarazo forzado.

Con un veto parcial, el proyecto volver¨ªa a la Asamblea Nacional, la cual podr¨ªa decidir aprobarlo con los cambios que introduzca el presidente, o sin ellos. Si el presidente lo aprueba, pero con modificaciones que limitan el acceso al aborto a quienes fueron v¨ªctimas de violaci¨®n sexual, la Asamblea Nacional deber¨ªa atenerse a su compromiso de proteger a las mujeres y ni?as manteniendo el texto actual, sin cambios.

Un veto total bloquear¨ªa la posibilidad de posteriores acciones legislativas sobre el tema durante un a?o, aun cuando la sentencia de la corte despenaliz¨® el aborto hace casi un a?o. Esto dejar¨ªa a las sobrevivientes de violencia sexual, los profesionales de la salud y otros actores en una situaci¨®n indefinida y agravar¨ªa los obst¨¢culos para obtener un aborto, incluso en circunstancias despenalizadas por la decisi¨®n de la corte.

Un veto presidencial menoscabar¨ªa el trabajo de la Corte Constitucional, la Defensor¨ªa del Pueblo y la decisi¨®n de la mayor¨ªa en la Asamblea Nacional. Todos estos han sido avances para que las mujeres y ni?as ecuatorianas puedan recuperar sus vidas despu¨¦s del trauma que implica una agresi¨®n sexual.

El presidente Lasso deber¨ªa defender los derechos humanos y sancionar un proyecto de ley dise?ado para proteger a las mujeres y ni?as en su pa¨ªs.