Pegasus: un caballo desbocado

Pegasus, seg¨²n la mitolog¨ªa griega, era un caballo blanco con alas, que apoyando sus patas en el aire lleg¨® hasta el Olimpo, lugar reservado para la residencia de los dioses. Su nombre ha sido adoptado por una empresa israel¨ª, que vende sus servicios al mejor postor, dedicada al espionaje masivo de las comunicaciones personales de aquellas personas que pudieran tener un inter¨¦s p¨²blico o pol¨ªtico relevante. Vivimos en un mundo en el que, sin distinci¨®n...

Pegasus, seg¨²n la mitolog¨ªa griega, era un caballo blanco con alas, que apoyando sus patas en el aire lleg¨® hasta el Olimpo, lugar reservado para la residencia de los dioses. Su nombre ha sido adoptado por una empresa israel¨ª, que vende sus servicios al mejor postor, dedicada al espionaje masivo de las comunicaciones personales de aquellas personas que pudieran tener un inter¨¦s p¨²blico o pol¨ªtico relevante. Vivimos en un mundo en el que, sin distinci¨®n de modelos pol¨ªticos, el Estado tiene un apetito insaciable por acumular informaci¨®n de cualquier g¨¦nero, justific¨¢ndolo en las necesidades de la seguridad nacional. Podr¨ªamos sintetizar esta tendencia en dos modelos. En su d¨ªa, la Rep¨²blica Democr¨¢tica Alemana, fue capaz de acumular informaci¨®n sobre la vida de los otros, como nos mostr¨® la magn¨ªfica pel¨ªcula del mismo t¨ªtulo. Otro modelo, Estados Unidos, dispone de una Agencia Central de Inteligencia (CIA) con un control, en principio m¨¢s estricto, y con obligaci¨®n de desclasificar informaciones confidenciales o secretas, mucho m¨¢s amplia que en otros sistemas tambi¨¦n democr¨¢ticos.

Las modernas constituciones, entre ellas la nuestra, alertan sobre los peligros que para la intimidad suponen las nuevas tecnolog¨ªas de la informaci¨®n. Imponen a los legisladores la obligaci¨®n de poner coto a las ansias de informaci¨®n que muchos gobiernos pretenden tener sobre los ciudadanos, pasando por encima de su derecho a la intimidad y de su dignidad. Como sostienen los polit¨®logos, la informaci¨®n es poder. Los constituyentes y todos los que hemos dedicado nuestras reflexiones a denunciar este peligro, somos conscientes de las dificultades a las que nos enfrentamos. Es dif¨ªcil poner barreras a la inmensa potencialidad de los avances tecnol¨®gicos de los sistemas de interceptaci¨®n de las comunicaciones entre personas y corporaciones. Para cerrar el c¨ªrculo del control de nuestras vidas, las aplicaciones de geolocalizaci¨®n de nuestros tel¨¦fonos m¨®viles permiten seguir, paso a paso, nuestros movimientos y situaci¨®n.

Hemos pasado de los rudimentarios m¨¦todos de intervenci¨®n de las comunicaciones que ve¨ªamos en la premonitoria pel¨ªcula La conversaci¨®n (dirigida por Francis Ford Coppola en 1974), en la que se utilizaba una furgoneta con antenas orientadas hacia la persona vigilada, a la inmensa potencialidad de la plataforma Pegasus que se ofrece en el mercado, sin tapujos, para realizar espionajes masivos solicitados por gobiernos que la contratan. Las profec¨ªas de Orwell (el Gran Hermano), Bentham (El pan¨®ptico) o Aldous Huxley (Un mundo feliz) son, hoy d¨ªa, una realidad desasosegante.

La plataforma Pegasus encarna, en nuestro tiempo, la visionaria idea de Jeremy Bentham en el siglo XVIII, cuando dise?¨® el pan¨®ptico (el ojo de Dios) como un lugar desde el que se pod¨ªa controlar a toda la poblaci¨®n de una c¨¢rcel. Con su proverbial agudeza pol¨ªtica, Michael Foucault lo defini¨® como el Ojo del Poder. El ojo de Dios ya dispone de todas las herramientas necesarias para convertirnos a todos en una especie indefensa frente a los insaciables ataques de los poderosos. Nuestra intimidad puede ser horadada hasta el punto de que, como advirti¨® en su d¨ªa el Tribunal Constitucional alem¨¢n, lleguemos a convertirnos en personas de cristal, tan transparentes que nada podemos ocultar a los poderes supremacistas que disponen de estos sofisticados artilugios.

Las Constituciones democr¨¢ticas tratan de defendernos ante las invasiones il¨ªcitas de nuestra intimidad, pero se detienen y paralizan cuando se invoca el sagrado mantra de la seguridad nacional, como pretexto para saltar las barreras que salvaguardan nuestros derechos y libertades. En teor¨ªa, plataformas como Pegasus solo se pueden utilizar para hacer frente al terrorismo o el crimen organizado, pero como ha denunciado Amnist¨ªa Internacional, en la realidad se han empleado para vigilar a disidentes pol¨ªticos y activistas. Los que propugnamos su eliminaci¨®n somos tachados de fr¨ªvolos o malos patriotas que ponen en peligro la seguridad del Estado. Les recuerdo que su funcionalidad se ha demostrado inoperante cuando se ha comprobado su incapacidad para prevenir los atentados de la Torres Gemelas, las masacres terroristas de nuestro 11-M, los asesinatos de la sala Batacl¨¢n en Par¨ªs o los atropellos mortales de las Ramblas barcelonesas o la Explanada de Niza.

Como era de esperar, sistemas como Pegasus o plataformas semejantes se han utilizado para espiar a los altos dignatarios de diversos pa¨ªses, poniendo en peligro la estabilidad de las relaciones internacionales y los sistemas democr¨¢ticos. Las escuchas al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, revelan la fragilidad de los sistemas de ciberseguridad. No creo que judicializar estos hechos aporte nada para solucionar el conflicto. Es necesaria una concertaci¨®n entre los pa¨ªses, para poner coto a la existencia y manejo libre de estos artilugios.

En un sistema democr¨¢tico en el que impere el derecho a un juicio justo y con todas las garant¨ªas, la interceptaci¨®n individualizada de las comunicaciones solo se puede amparar en una previa intervenci¨®n judicial que controla la necesidad y la proporcionalidad de una medida tan excepcional como invasiva del derecho a la intimidad. Disponemos de suficientes instrumentos legales para hacer frente a los intentos de quebrar la seguridad de las personas. Las normas de derecho internacional incorporadas a nuestra legislaci¨®n y los tribunales internacionales refuerzan la protecci¨®n de nuestros derechos.

Existe un espacio legal para realizar escuchas masivas que se debe utilizar con exquisita cautela. La Ley Org¨¢nica 2/2002 de 6 de mayo, de control judicial previo de ciertas actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), establece que el director del centro deber¨¢ solicitar de un magistrado del Tribunal Supremo, nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, la autorizaci¨®n para la adopci¨®n de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. La ley no autoriza al director del CNI a una prospecci¨®n indiscriminada, sino que le exige individualizar los hechos, identificar las personas, exponer las motivaciones y solicitar la autorizaci¨®n del magistrado. La decisi¨®n judicial no rinde cuentas ante el ¨®rgano que le ha designado (CGPJ), pero tiene la obligaci¨®n de analizar lo que se le solicita, motivar la resoluci¨®n en un plazo perentorio, responsabilizarse de su duraci¨®n y de las consecuencias que se han derivado de su autorizaci¨®n.

La utilizaci¨®n del sistema Pegasus ha irrumpido de manera desbocada, como elefante en una cacharrer¨ªa, en nuestro inestable panorama pol¨ªtico. Me parece de una gravedad e irresponsabilidad dif¨ªcil de asimilar la decisi¨®n de aplicar la doctrina de la seguridad nacional a los pol¨ªticos independentistas catalanes y a todas las personas que, de alguna u otra forma, estaban relacionadas con el proceso, exclusivamente pol¨ªtico, como sostiene toda la comunidad jur¨ªdica internacional, que pusieron en marcha los independentistas catalanes. Por m¨¢s vueltas que le doy no alcanzo a comprender qui¨¦n tom¨® tan irreflexiva decisi¨®n y lo que es m¨¢s grave, por qu¨¦ no se midieron las consecuencias del mensaje perverso que implicaba la adopci¨®n de medidas reservadas para el terrorismo o el crimen organizado. Con toda raz¨®n, los independentistas catalanes y no solo ellos, sino todos los ciudadanos que nos esforzamos en defender el Estado de derecho y sostener un sistema de protecci¨®n de garant¨ªas y libertades, hemos reaccionado con indignaci¨®n exigiendo comisiones de investigaci¨®n y responsabilidades pol¨ªticas.

En un sistema democr¨¢tico es l¨®gico y saludable que el o los que han cometido tama?o desatino pol¨ªtico, por lo menos lo reconozcan y en su caso dimitan. Si la medida est¨¢ amparada por la intervenci¨®n del magistrado que contempla la ley que autoriza al CNI a interceptar conversaciones, no existe responsabilidad penal alguna, pero ser¨¢ dif¨ªcil resta?ar la brecha pol¨ªtica que se ha abierto. Est¨¢ en peligro la estabilidad del actual Gobierno de coalici¨®n. No cuesta nada y creo que dignifica a la pol¨ªtica reconocer el error antes de que sea demasiado tarde.