Proteger la eutanasia

La ausencia de percances relevantes en la aplicaci¨®n de la ley de eutanasia en Espa?a durante su primer a?o de vigencia demuestra que la norma est¨¢ bien dise?ada y cumple los prop¨®sitos para los que fue creada: permitir que personas que sufren una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, cr¨®nico e imposibilitante puedan recibir ayuda m¨¦dica para morir en condiciones seguras y dignas. A la espera de que el Ministerio de Sanidad facilite la cifra oficial total, al menos 172 personas, seg¨²n un recuento de este diario (que no incluye datos de Asturias ni de La Rioja), han podido recibir la prestaci¨®n m¨¦dica despu¨¦s de haberla solicitado de acuerdo con los requisitos de la ley en una decisi¨®n libre e informada.

Lo que no ha funcionado tan bien es el despliegue de la ley en algunas comunidades aut¨®nomas y de eso son responsables las administraciones encargadas de su desarrollo. Con su actitud poco diligente o abiertamente remisa, han privado a muchas personas de poder ejercer su derecho a poner fin a una vida de sufrimiento sin demoras innecesarias y sin trabas burocr¨¢ticas. La eutanasia es una prestaci¨®n sanitaria legalmente reconocida desde el 25 de junio de 2021, y las autoridades sanitarias est¨¢n obligadas a dar cumplimiento a la norma de forma diligente. Las grandes diferencias en el n¨²mero de eutanasias practicadas en las diferentes comunidades aut¨®nomas exceden con mucho los m¨¢rgenes de variabilidad esperables y solo pueden ser atribuidas a factores organizativos o intentos deliberados de dificultar la aplicaci¨®n de la ley.

Catalu?a es la comunidad que tanto las asociaciones por el derecho a una muerte digna como los expertos en bio¨¦tica se?alan como la m¨¢s avanzada en la aplicaci¨®n de la normativa. Ha realizado 60 eutanasias, el triple que las practicadas en Madrid, 19 en total, que apenas tiene un 13% de poblaci¨®n menos. Y casi seis veces m¨¢s que Andaluc¨ªa, en la que solo 11 personas se han podido acoger a la ley, cuando tiene casi un mill¨®n de habitantes m¨¢s que Catalu?a. El Pa¨ªs Vasco, con poco m¨¢s de dos millones de habitantes, ha practicado 25. No es comprensible que Madrid y Andaluc¨ªa, dos comunidades gobernadas por el PP, tengan unas cifras tan bajas.

Buena parte de la desigual aplicaci¨®n de la ley se debe al retraso en la creaci¨®n de la Comisi¨®n de Garant¨ªa y Control que debe aprobar cada uno de los casos. Esta comisi¨®n es una garant¨ªa adicional prevista en la legislaci¨®n espa?ola, a diferencia de otros pa¨ªses con larga tradici¨®n en la aplicaci¨®n de la eutanasia, como B¨¦lgica o Pa¨ªses Bajos, en los que el mecanismo de control es posterior a la prestaci¨®n. La composici¨®n de esta comisi¨®n y la forma de organizar la eutanasia y el derecho a la objeci¨®n de conciencia por parte de los profesionales sanitarios puede facilitar o dificultar la aplicaci¨®n de la ley. En el caso de Andaluc¨ªa, se tard¨® m¨¢s de cinco meses en constituir la comisi¨®n, y aun despu¨¦s de constituirse hay enfermos que han tenido que esperar varios meses m¨¢s por trabas organizativas del todo injustificables, ya que no deber¨ªa retrasarse m¨¢s de 45 d¨ªas.

Son deficiencias que deben subsanarse. No es aceptable que un derecho que la ley reconoce a todos los espa?oles pueda depender del color pol¨ªtico de la Administraci¨®n de la que dependen. La aplicaci¨®n de la ley en las comunidades donde mejor ha funcionado revela la importancia de que los profesionales sanitarios reciban formaci¨®n y soporte institucional para una prestaci¨®n que nunca es f¨¢cil, dada la fuerte carga emocional que implica.