Solo cuatro comunidades han constituido las comisiones que tendr¨¢n la ¨²ltima palabra en la eutanasia
A cinco d¨ªas de que la ley entre en vigor, la mayor¨ªa de las autonom¨ªas a¨²n est¨¢n tramitando la creaci¨®n del organismo clave para aplicar la prestaci¨®n. Los expertos alertan de que faltan puntos por concretar
Espa?a est¨¢ a punto de abrir las puertas a la eutanasia. Despu¨¦s de tres d¨¦cadas de vaivenes jur¨ªdicos e intentonas legislativas fallidas, la norma que regula la prestaci¨®n de ayuda para morir entrar¨¢ en vigor en apenas cinco d¨ªas y convertir¨¢ a Espa?a en el quinto pa¨ªs del mundo que contempla la eutanasia y el suicidio asistido como un derecho. La ley, coinciden defensores y detractores, es muy garantista, con varios filtros de control para acceder a una prestaci¨®n reservada solo a personas mayores de edad que sufran ¡°una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, cr¨®nico e imposibilitante¡± y lo pidan por escrito dos veces. Sin embargo, a pocos d¨ªas de que la ley aterrice en la calle, todav¨ªa quedan inconcreciones de la norma por resolver y la maquinaria operativa de las comunidades funciona a medio gas. Las comisiones de garant¨ªa, por ejemplo, que son los ¨®rganos auton¨®micos que tendr¨¢n la ¨²ltima palabra para validar las solicitudes, todav¨ªa no est¨¢n constituidas en la mayor¨ªa de los territorios. Solo seis comunidades las han creado y, de ellas, cuatro han designado a sus miembros. Los expertos consultados admiten que todav¨ªa faltan muchos detalles que pulir para que la ley puede echar a andar sin tropiezos.
Ya ha llovido desde aquel julio de 1993 en el que Ram¨®n Sampedro, de 50 a?os y tetrapl¨¦jico la mitad de su vida por un accidente en el mar, ped¨ªa a un juzgado permiso para morir. ¡°Soy una cabeza pegada a un cuerpo muerto¡±, lamentaba. La justicia le deneg¨® la petici¨®n de eutanasia ¡ªacab¨® muriendo cinco a?os despu¨¦s tras recibir ayuda para suicidarse ingiriendo cianuro¡ª, pero su demanda empez¨® a abrir un camino que el pr¨®ximo viernes llega a su final: tras casi 30 a?os de disputa social y una quincena de propuestas legislativas fallidas, se podr¨¢ pedir la ayuda para morir en Espa?a. ¡°Ahora tenemos que pasar de la legalidad a la realidad, del derecho al hecho¡±, advierte Javier Velasco, presidente de la asociaci¨®n Derecho a Morir Dignamente (DMD).
La ley ya est¨¢ aprobada desde hace tres meses y, aunque Vox la ha recurrido al Tribunal Constitucional, fuentes del alto tribunal ven muy remota la posibilidad de que se suspenda cautelarmente. Los expertos consultados coinciden en que la ley tiene muchos niveles de control y da seguridad al profesional. Para empezar, la persona que lo solicite tiene que, adem¨¢s de cumplir los requisitos cl¨ªnicos, prestar un consentimiento informado y formular dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito con 15 d¨ªas de diferencia entre ellas. Su m¨¦dico responsable ¡ªun facultativo de cualquier especialidad elegido por el paciente para encargarse de su caso¡ª tiene que evaluar la propuesta y deliberar con el enfermo la situaci¨®n y las alternativas terap¨¦uticas. Luego, el profesional tendr¨¢ que remitir la propuesta a un m¨¦dico consultor ajeno al paciente para que corrobore la viabilidad de la demanda y si ambos profesionales dan el visto bueno, la comisi¨®n de garant¨ªa tendr¨¢ que verificar la idoneidad del caso y que todo el proceso se ajusta a la ley antes de avalar la prestaci¨®n.
El circuito est¨¢ claro sobre el papel, pero gris en la pr¨¢ctica. Queda trabajo por hacer y el tiempo se les echa encima a las administraciones sanitarias. Por ejemplo, el registro de objetores, que recoge los m¨¦dicos que rechazan participar del acto eutan¨¢sico, y las comisiones de garant¨ªas ¡ªencargadas de evaluar cada petici¨®n de eutanasia, validar o rechazar la demanda y revisar el cumplimiento de todo el proceso legal¡ª son dos de las piezas clave para que la norma empiece a rodar y en la mayor¨ªa de las comunidades ni siquiera est¨¢n constituidos. En el caso de las comisiones tendr¨ªan que estar operativas cuando la norma entre en vigor, pero el grueso de las comunidades todav¨ªa est¨¢n tramitando su creaci¨®n o no han escogido a sus miembros.
De las seis comunidades (Baleares, Extremadura, Murcia, Pa¨ªs Vasco, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana) que la tienen creada, solo Murcia, Baleares y Pa¨ªs Vasco han revelado los nombres de todos sus miembros, entre los que se encuentran varios juristas y m¨¦dicos y enfermeras especialistas en neurolog¨ªa, urgencias, cuidados paliativos y salud mental, entre otras disciplinas. ¡°Es un camino que no conocemos. Los retos son todos. Se ha perseguido que la comisi¨®n fuese plural¡±, sostiene la presidenta de la comisi¨®n balear, Yolanda Mu?oz, enfermera especializada en cuidados paliativos y con m¨¢ster en Bio¨¦tica.
La ley contempla que las comisiones est¨¦n formadas por, al menos, siete miembros, entre los que tiene que haber m¨¦dicos, enfermeras y juristas. Con este marco, cada comunidad decide qui¨¦n y cu¨¢ntos. Las entidades temen que se creen comisiones muy conservadoras que entorpezcan, en la pr¨¢ctica, el desarrollo de la prestaci¨®n. Ascensi¨®n Cambr¨®n, portavoz en Galicia de DMD, reclama que se establezcan ciertos requisitos para los miembros de estas comisiones auton¨®micas, como no haberse manifestado p¨²blicamente en el pasado en contra de la eutanasia. ¡°Si no se vigila esto se podr¨ªa poner al zorro a cuidar de las gallinas¡±, advierte.
Uno de los miembros de la comisi¨®n murciana, el catedr¨¢tico de Medicina Legal Aurelio Luna Maldonado, firm¨® una tribuna en EL PA?S en 2020 en contra de la ley de eutanasia. Luna matiza que no se opone a la eutanasia sino ¡°a esta ley¡±, porque opina que no garantiza que la prestaci¨®n sea el ¨²ltimo recurso tras unos buenos cuidados paliativos y ¡°en la pr¨¢ctica, algo muy excepcional¡±. Este m¨¦dico defiende que su rechazo a la norma no choca con su papel en el ¨®rgano que la aplicar¨¢ en Murcia: ¡°Las leyes est¨¢n para cumplirlas aunque se discutan antes¡±.
Manuela Bobadilla, subdirectora de Cuidados y Humanizaci¨®n del Servicio Extreme?o de Salud y miembro de la comisi¨®n de esa comunidad, pone en valor la necesidad de una visi¨®n multidisciplinar ante la dificultad que supondr¨¢ tomar las decisiones que tendr¨¢n entre manos. ¡°Es laborioso determinar los perfiles. La formaci¨®n en bio¨¦tica es importante y que sea gente con trayectoria profesional y experiencia reconocida, personas con convicciones y ganas de participar¡±, valora. En Baleares todos los miembros son trabajadores de la Administraci¨®n. ¡°Se ha perseguido que est¨¦n representados diversos ¨¢mbitos. Entre los juristas se ha pretendido que sean respetuosos con la ley y conocedores del ordenamiento jur¨ªdico. Hay tambi¨¦n especialistas en neurolog¨ªa porque puede ser relevante la prevalencia de problemas neurol¨®gicos en las solicitudes de eutanasia y porque en situaciones con problemas neurol¨®gicos es donde podemos encontrar m¨¢s dificultades para garantizar la voluntad de la persona que lo pide¡±, ejemplifica Mu?oz.
Jos¨¦ Luis Jim¨¦nez es uno de los nombres propuestos a la Xunta por los colegios de m¨¦dicos de Galicia para formar parte de este ¨®rgano. Es presidente del Colegio de M¨¦dicos de Ourense e internista. ¡°La patolog¨ªa cr¨®nica compleja va a estar en el fondo de muchas de las solicitudes que se presenten, y dentro de ella la pluripatol¨®gica. Es as¨ª porque la nuestra es una sociedad envejecida, especialmente en Galicia¡±, augura. Las organizaciones que representan a los facultativos gallegos echan en falta entre los miembros de este ¨®rgano a trabajadores sociales. As¨ª como se establece la presencia de psiquiatras para que eval¨²en si la petici¨®n de ayuda para morir est¨¢ o no influenciada por una depresi¨®n curable, por ejemplo, ¡°el trabajador social deber¨ªa valorar cu¨¢nto de esa desesperaci¨®n tiene que ver con su situaci¨®n social, que a lo mejor tambi¨¦n se puede solucionar¡±, esgrime Jim¨¦nez.
Nel¡¤lo Monfort, m¨¦dico rural de atenci¨®n primaria en Morella (Castell¨®n) y miembro del comit¨¦ consultivo del Gobierno valenciano para implementar la ley, alerta tambi¨¦n de la importancia de las variables sociodemogr¨¢ficas: ¡°La gente del medio rural aborda la enfermedad y el envejecimiento de manera muy diferente al mundo urbano. Aqu¨ª se siente como una p¨¦rdida de capacidades, en la ciudad se piensa en la vejez cuando te jubilas. Aqu¨ª, la gente prefiere morir en casa, te piden que no la env¨ªes a un hospital, est¨¢ m¨¢s habituada a manejarse con la muerte, muchos abuelos conviven en casa hasta el final. Ahora bien, tanto en el medio rural como el urbano, hay un desconocimiento muy grande sobre la eutanasia y la ley¡±.
Cabos sueltos
Aparte de la formaci¨®n de las comisiones, quedan m¨¢s cabos sueltos que inquietan a los profesionales. Por ejemplo, dirimir qu¨¦ es el ¡°padecimiento grave¡± del que habla la ley. O c¨®mo se abordan las peticiones de personas con trastornos mentales y de qu¨¦ forma se eval¨²a si la demanda es una voluntad profunda o est¨¢ influida por la propia patolog¨ªa psiqui¨¢trica. ¡°Hay muchos puntos sin aclarar de la ley, como en qu¨¦ consiste el sufrimiento o el car¨¢cter irreversible de la enfermedad, que es un elemento que va en funci¨®n del conocimiento: hoy puede ser irreversible y ma?ana no. Todas estas no son variables f¨ªsicas. El padecimiento no est¨¢ relacionado con la enfermedad per se, si no, todos los diagnosticados tendr¨ªan que solicitar la eutanasia. Influye tambi¨¦n la situaci¨®n socioecon¨®mica, el apoyo de la familia¡¡±, valora el vicepresidente de la Sociedad Espa?ola de Psiquiatr¨ªa (SEP), Manuel Mart¨ªn Carrasco.
Los sufrimientos extremos pueden causar depresiones u otros trastornos mentales que pongan en cuesti¨®n si la decisi¨®n del paciente de pedir ayuda para morir es consciente y aut¨®noma. Juan Fern¨¢ndez Hierro, presidente del comit¨¦ de bio¨¦tica del ¨¢rea sanitaria de Vigo y uno de los psiquiatras propuestos por los colegios m¨¦dicos para integrar en Galicia el ¨®rgano que aplicar¨¢ la ley, explica que esa labor de verificar si un enfermo est¨¢ capacitado para tomar una decisi¨®n cl¨ªnica ya la realizan ahora estos especialistas cuando pacientes con trastornos mentales firman consentimientos informados para una intervenci¨®n de riesgo, por ejemplo. ¡°No se puede poner una escala num¨¦rica de cu¨¢nto sufre un enfermo por un trastorno mental, pero s¨ª [se puede dilucidar] si ese paciente es realmente libre para tomar una decisi¨®n¡± pese a sus dolencias, explica este psiquiatra gallego.
Para Mu?oz, algunas de las dudas que hay ahora, se disipar¨¢n cuando la ley aterrice en la calle. ¡°Son problemas complejos cuando lo presentas en el terreno de lo abstracto. Si lo bajas al caso concreto, a la comunicaci¨®n m¨¦dico-paciente, esta complejidad se diluye: tienes la comunicaci¨®n no verbal, la familia, el entorno¡ Todo eso te ayuda a analizar la situaci¨®n¡±, tranquiliza. La SEP est¨¢ elaborando con Sanidad cursos de formaci¨®n a m¨¦dicos para aprender a evaluar las capacidades de un paciente.
El proceso para objetar tampoco est¨¢ claro y algunos profesionales consideran que un registro como el que plantea la ley (la norma recoge que debe manifestarse ¡°anticipadamente y por escrito¡±) es un error. ¡°Esto puede provocar que haya una legi¨®n de objetores antes de saber lo que se van a encontrar¡±, avisa Juan Jos¨¦ Rodr¨ªguez Send¨ªn, presidente de la Comisi¨®n Deontol¨®gica de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial. Jim¨¦nez advierte de que la objeci¨®n puede estar circunscrita a un caso concreto, no a todos. ¡°Los m¨¦dicos no tenemos por qu¨¦ ser se?alados. La objeci¨®n es un derecho que el profesional tiene siempre, est¨¦ o no en un registro¡±, sostiene. En Castilla-La Mancha todav¨ªa se est¨¢ tramitando el registro, pero ya est¨¢n ¡°recibiendo algunas solicitudes de objetores de conciencia individualizadas que constan como tales sin necesidad de que el registro exista¡±, apunta Regina Leal, directora gerente del servicio de salud de la comunidad.
La ley no da plazos para la creaci¨®n del registro de objetores y, consultadas todas las comunidades, solo Baleares ha concretado que, a falta de una ley que lo regule y que ¡°se elaborar¨¢ m¨¢s adelante¡±, por ahora, el objetor tendr¨¢ que comunicarlo por escrito a sus responsables directos. Extremadura ha explicado que el suyo tampoco est¨¢ a¨²n operativo porque est¨¢ desarrollando ¡°la parte funcional del registro¡±. Las ¨²ltimas encuestas realizadas en colegios de m¨¦dicos de Bizkaia, Tarragona, Las Palmas y Madrid dan un apoyo de los m¨¦dicos a la regulaci¨®n de la eutanasia por encima del 67% y la objeci¨®n de conciencia se sit¨²a entre el 15% y el 25%.
Otras cuestiones sin resolver se refieren a c¨®mo se elige al facultativo consultor o de qu¨¦ forma se procede si el m¨¦dico responsable se declara objetor. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, el consultor ser¨¢ de una gerencia sanitaria diferente, para que no conozca al paciente y evitar el ¡°sesgo de subjetividad¡±, se?ala Leal. El ministerio, no obstante, ultima con las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud un manual de buenas pr¨¢cticas que, previsiblemente, unificar¨¢ criterios de actuaci¨®n. Seg¨²n una portavoz de Sanidad, esta gu¨ªa tambi¨¦n contemplar¨¢ ¡°las recomendaciones sobre los medicamentos a administrar¡± para que la prestaci¨®n se haga de forma homog¨¦nea en Espa?a.
¡°Intentar tenerlo todo solucionado es una quimera. Hay que ir adapt¨¢ndose a los retos que plantea esta ley. Hay que aceptar situaciones imprevistas porque cada paciente es un mundo¡±, tercia Rodr¨ªguez Send¨ªn. Federico de Montalvo, presidente del Comit¨¦ de Bio¨¦tica de Espa?a, un ¨®rgano que se ha mostrado contrario a esta norma, admite que la ley es garantista, pero alerta de que tiene ¡°muchos conceptos indefinidos y ambiguos¡±. ¡°No queda claro si el derecho a solicitar ayuda para morir es una soluci¨®n a casos extremos, una alternativa m¨¢s o la opci¨®n principal. Adem¨¢s, la ley parte de un modelo deliberativo entre el m¨¦dico y el paciente, pero deja fuera al ¨®rgano m¨¢ximo de deliberaci¨®n, que son los comit¨¦s de ¨¦tica asistencial de los centros¡±, expone De Montalvo, quien teme entrar en ¡°una pendiente resbaladiza¡±, esto es, que se acabe planteando y ejecutando la eutanasia en casos que no corresponde.
El presidente del Comit¨¦ de Bio¨¦tica critica, adem¨¢s, los plazos para desarrollar la ley, demasiado cortos, a su juicio. Sobre todo, en un contexto de pandemia mundial ¡°con los servicios sanitarios saturados¡±. Tambi¨¦n Galicia se queja y tacha los plazos de ¡°demasiado breves¡± para poner en marcha una prestaci¨®n tan compleja y que ha generado ¡°constantemente dudas tanto jur¨ªdicas como t¨¦cnicas que no han sido realmente bien solventadas por el Ministerio de Sanidad¡±. Fuentes del Gobierno valenciano aseguran tambi¨¦n que han trabajado a contra reloj para implantar la ley en tres meses cuando lo habitual es emplear el doble de tiempo. Apuntan, no obstante, que hay un margen porque la comisi¨®n de garant¨ªas no deber¨¢ actuar hasta 15 d¨ªas despu¨¦s de que el paciente solicite a su m¨¦dico responsable ayuda a morir. En total, se calcula que el procedimiento completo puede durar unos 40 d¨ªas.
La formaci¨®n de los profesionales es otra de las tareas pendientes. Una portavoz de Sanidad se?ala que el ministerio est¨¢ trabajando en ¡°una oferta de formaci¨®n continuada espec¨ªfica¡± para los sanitarios. El Colegio de M¨¦dicos de Barcelona tambi¨¦n ha preparado ya unos protocolos y gu¨ªas para formar e informar a sus facultativos acerca de la nueva ley. ¡°Hemos creado p¨ªldoras formativas para explicar los criterios que hay que cumplir y hemos hecho unas preguntas y respuestas. Se tendr¨¢ que hacer mucha pedagog¨ªa y requerir¨¢ de una formaci¨®n intensiva. Los m¨¦dicos tienen mucha presi¨®n asistencial y no se van a leer el BOE¡±, asume Josep Arimany, presidente de la comisi¨®n consultiva sobre la ley creada por los colegios de m¨¦dicos catalanes. Catalu?a, que prev¨¦ crear y constituir su comisi¨®n el martes, tambi¨¦n ha empezado a hacer webinars formativos sobre la ley con los profesionales.
Los expertos no esperan un aluvi¨®n de demandas el 25 de junio, pero tampoco se atreven a descartarlo. DMD estima, a partir de los datos de Pa¨ªses Bajos y B¨¦lgica, que, como m¨¢ximo, las solicitudes de eutanasia corresponder¨¢n al 1% del total de defunciones. Esto es, unas 4.200 al a?o. Aunque Velasco augura que este primer a?o ser¨¢n muchas menos.
Con informaci¨®n de Ferran Bono, Isabel Vald¨¦s, Juan Navarro, Luc¨ªa Boh¨®rquez, Guillermo Vega, Eva Saiz, Mikel Ormaz¨¢bal y Jos¨¦ Mar¨ªa Brunet.
M¨¢s informaci¨®n
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