El ¡®caso ERE¡¯
La condena de c¨¢rcel a Gri?¨¢n divide al Supremo en la sentencia sobre corrupci¨®n en las ayudas a empresas en crisis
El Tribunal Supremo ha condenado por corrupci¨®n una d¨¦cada de ayudas sociolaborales de los gobiernos socialistas en Andaluc¨ªa por el fraude en la gesti¨®n de fondos p¨²blicos para el rescate de empresas privadas en dificultades. Las razones del Tribunal no se conocen porque la comunicaci¨®n de la sentencia est¨¢ a la espera de que termine de redactarse el voto particular con el que dos magistradas de los cinco que forman el Tribunal justificar¨¢n su rechazo a la condena por malversaci¨®n que llevar¨¢ a la c¨¢rcel a Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n.
Los hechos se han ido repitiendo a lo largo del largo periplo judicial del caso ERE. El Gobierno socialista de Manuel Chaves decidi¨® en 1999 gastar una parte del presupuesto de la Junta de Andaluc¨ªa en pagar prejubilaciones de trabajadores pertenecientes a empresas que atravesaban dificultades y cuya continuidad depend¨ªa de que pudieran adelgazar sus plantillas sin coste alguno. Para hacer realidad esa decisi¨®n pol¨ªtica con agilidad, se ide¨® un sistema de prejubilaciones de trabajadores en empresas en ERE (expediente de regulaci¨®n de empleo) que se incorpor¨® a los presupuestos de la Junta aprobados por el Parlamento auton¨®mico en a?os sucesivos ¡ªsin objeci¨®n de ning¨²n partido¡ª y que permiti¨® la concesi¨®n de ayudas por la Consejer¨ªa de Empleo al margen de los controles preventivos establecidos, con car¨¢cter general, para las subvenciones.
Pero en la aplicaci¨®n de aquella norma se produjeron todo tipo de irregularidades. Los gestores directos del programa en la Consejer¨ªa de Empleo colaron en las listas de trabajadores afectados a familiares o amigos que nunca hab¨ªan trabajado en esas empresas. La investigaci¨®n detect¨® unos 200 intrusos entre los m¨¢s de 6.000 beneficiados. Otra l¨ªnea de ayudas p¨²blicas para proyectos empresariales acab¨® mayoritariamente en la Sierra Norte de Sevilla en empresas de municipios gobernados por el PSOE. Por ¨²ltimo, la gesti¨®n del pago de las prejubilaciones recay¨® en compa?¨ªas aseguradoras sin escr¨²pulos que cobraron comisiones de hasta el triple de los precios de mercado. La sentencia de la Audiencia de Sevilla, confirmada ahora por el Supremo, sostuvo que la previsi¨®n legislativa de aquella norma resultaba en s¨ª misma fraudulenta y que con su aprobaci¨®n se busc¨® amparo para eludir la legalidad. La sentencia, sin embargo, no fue capaz de evaluar y precisar el coste de todos los desmanes, ni consider¨® fraude la mayor parte de las ayudas concedidas a 200 empresas y a sus miles de trabajadores prejubilados. Hasta 2010 ¡ªla ¨¦poca juzgada¡ª, el dinero p¨²blico invertido en estas ayudas sociolaborales era de 680 millones de euros. Cuando se acaben de pagar las ¨²ltimas prejubilaciones en 2025, la Junta habr¨¢ destinado a este programa 1.300 millones de euros
Los dos presidentes de la Junta de esa ¨¦poca dejaron sus cargos institucionales hace siete a?os, cuando el Tribunal Supremo comenz¨® a investigar su actuaci¨®n. Su responsabilidad pol¨ªtica qued¨® saldada. Siete a?os despu¨¦s, afrontan un castigo penal duro.
A Chaves, y a la espera de conocer las razones del Supremo, se le condena a nueve a?os de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico por un delito de prevaricaci¨®n. Gri?¨¢n y otros ocho ex altos cargos son condenados a penas de prisi¨®n por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Seg¨²n la sentencia de la Audiencia de Sevilla, Gri?¨¢n fue consciente como consejero de Hacienda del riesgo de fraude que asum¨ªa al aprobar ese sistema de concesi¨®n de ayudas.
Juzgar un mecanismo legal deficiente que permiti¨® la comisi¨®n de irregularidades, e incluso delitos, a trav¨¦s de un procedimiento penal en el que se imputa responsabilidad jur¨ªdica no solo a quienes lo aplicaron efectivamente, sino a tambi¨¦n a quienes ostentaban la m¨¢xima responsabilidad pol¨ªtica, abre un camino in¨¦dito y tan controvertido que el Tribunal Supremo se ha partido en dos en torno a la condena de Gri?¨¢n.
En septiembre conoceremos los argumentos discrepantes de esta decisi¨®n judicial con la que terminan 13 a?os de investigaci¨®n del caso ERE, que ha da?ado gravemente el prestigio de los gobiernos socialistas andaluces por el da?o del clientelismo sobre las pol¨ªticas p¨²blicas.
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