Presidente Petro, es hora de regular la marihuana
En Colombia el mercado de la marihuana no es marginal, y el Estado puede corregir el error de dejar la regulaci¨®n de este en manos de las organizaciones criminales
Es momento de que Colombia de el paso a la regulaci¨®n de la marihuana para usos recreativos, ya no para estar en la vanguardia de las reformas, sino para no quedarnos estancados en la retaguardia del fracaso de la guerra contra las drogas. Para el presidente Gustavo Petro esta es la oportunidad de comenzar a materializar su discurso y unirse al grupo creciente de pa¨ªses que progresivamente va dejado atr¨¢s la prohibici¨®n.
En los Estados Unidos, el pa¨ªs que ha marcado el paso de la agenda antinarc¨®ticos en Colombia, el presidente Joseph Biden anunci¨® la semana pasada los primeros pasos para la despenalizaci¨®n de esta sustancia. Al mismo tiempo que dio el perd¨®n a los condenados por posesi¨®n de marihuana, anunci¨® que su gobierno buscar¨¢ la reclasificaci¨®n de esta sustancia, sac¨¢ndola de la lista de las m¨¢s peligrosas.
En Colombia el uso de marihuana no est¨¢ penalizado, se pueden cultivar hasta 20 plantas de cannabis y portar para uso personal una cantidad no determinada de esta sustancia. Sin embargo, la oferta contin¨²a siendo ilegal, proveyendo una fuente de ingresos para redes criminales y poderosas organizaciones armadas.
A diferencia de lo que sucede con los cultivos de coca, no contamos con un sistema de monitoreo, por lo que es dif¨ªcil estimar sus dimensiones. Pero distintas fuentes coinciden en se?alar que las plantaciones no solo se han expandido, sino que se han calificado y diversificado con un mayor contenido de THC, teniendo como principal destino el mercado dom¨¦stico. Son cientos las familias cultivadoras de cannabis que se encuentran expuestas al control de facciones criminales y disidencias. As¨ª sucede por ejemplo en el norte del Cauca.
La distribuci¨®n tambi¨¦n est¨¢ en manos de la ilegalidad, manejada por facciones locales que deciden sobre los precios y la calidad. De esta manera lo han mostrado las investigaciones de la Fundaci¨®n Ideas para la Paz y el reciente estudio sobre Medell¨ªn realizado por la Universidad de Chicago y EAFIT. En Colombia el mercado de la marihuana no es marginal, por el contrario, es una renta importante para bandas y combos, ligado al control territorial y tambi¨¦n a las disputas.
La combinaci¨®n despenalizaci¨®n del porte y el uso con la prohibici¨®n de la producci¨®n y la comercializaci¨®n ha dado lugar a una zona gris, que genera incertidumbre tanto para los usuarios como para la polic¨ªa, que no sabe bien c¨®mo lidiar con este tema en las calles. En todo caso, la persecuci¨®n de la marihuana hace parte de la cotidianidad de las fuerzas policiales: concentra una parte significativa de su tiempo con requisas y capturas que tienen poco impacto, alimenta la corrupci¨®n y genera una tensi¨®n constante con j¨®venes que se encuentran en el espacio p¨²blico.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, durante el periodo de 2010 a 2016 el 94% de las capturas por delitos de drogas se dieron en situaci¨®n de flagrancia, y los capturados portaban o llevaban consigo poco m¨¢s de la dosis m¨ªnima. La evidencia disponible muestra que estas acciones tienen poco impacto en la oferta de drogas, mientras que constituyen una carga para el sistema de justicia, que podr¨ªa enfocar sus capacidades en asuntos que tienen mayor impacto.
Esto no ha sucedido en el vac¨ªo. Encuestas realizadas en las ciudades en Colombia han mostrado que el uso de drogas en espacios p¨²blicos impacta la percepci¨®n de seguridad y que parte de la sociedad contin¨²a apoyando la prohibici¨®n. Una preocupaci¨®n repetida es el riesgo al que est¨¢n expuestos los ni?os, ni?as y adolescentes. La pregunta es si el modelo actual en realidad responde a esos temores o si es m¨¢s adecuado avanzar en la regulaci¨®n, fortaleciendo la prevenci¨®n en el nivel local, con mayores recursos y capacidades.
Dado los costos de la prohibici¨®n y sus externalidades negativas, tal como se?al¨® en su alocuci¨®n el presidente Biden ¡°es hora de corregir los errores¡±. La regulaci¨®n del cannabis no ser¨¢ la bala de plata para solucionar el problema de inseguridad o de violencia. Probablemente tampoco vaya a generar una bonanza que impulse el desarrollo rural o hacer que el consumo disminuya ¨C no al menos en el mediano plazo. Lo que s¨ª suceder¨¢ es que el Estado podr¨¢ corregir el error de dejar la regulaci¨®n de este mercado en manos de las organizaciones criminales.
La regulaci¨®n, como casi todas las pol¨ªticas, no est¨¢ exenta de riesgos. El diablo est¨¢ en los detalles. Por eso es tan importante la discusi¨®n que se viene dando en el Congreso alrededor del cannabis y la manera c¨®mo debe responder el Estado. Justo esta semana en la C¨¢mara de Representantes tendr¨¢ lugar el debate para la modificaci¨®n del art¨ªculo 49 de la Constituci¨®n para que el cannabis sea tratado como el tabaco y el alcohol. Adem¨¢s, en el parlamento son varios los proyectos de ley que buscan darle forma a la regulaci¨®n.
Hay preguntas que a¨²n se encuentran abiertas ?c¨®mo generar un mercado legal justo e incluyente del cual hagan parte las poblaciones que dependen de los cultivos il¨ªcitos? ?qu¨¦ manejo deber¨ªamos darles a los impuestos para crear condiciones que permitan competir con el mercado ilegal? ?C¨®mo asegurarnos que haya una estrategia de prevenci¨®n?
Debates similares se dieron en Uruguay, Canad¨¢ y los 19 estados de EE UU que regularon la marihuana pasa usos recreativos. En pa¨ªses como Alemania, Suiza, Pa¨ªses Bajos y Rep¨²blica Checa la deliberaci¨®n est¨¢ abierta. Colombia tendr¨¢ que encontrar su propio camino, aprendiendo de otras experiencias, evitando repetir los errores cometidos con la regulaci¨®n para fines medicinales y dando vida un modelo que est¨¦ acorde con sus capacidades y necesidades.
La regulaci¨®n de la marihuana es un camino factible para que el presidente Petro de pase del discurso a las acciones concretas. En lo inmediato esto significa movilizar a la bancada del Pacto Hist¨®rico y ganar aliados en el congreso para asegurar que las reformas sean aprobadas. El Gobierno tambi¨¦n puede ayudar a definir una ruta para que las distintos proyectos e iniciativas legislativas confluyan en un gran acuerdo que comience a poner fin a la costosa e ineficiente guerra contra las drogas. Hay que meter el acelerador porque cuatro a?os se pasan en un soplido.
Juan Carlos Garz¨®n es investigador asociado de la Fundaci¨®n Ideas para la Paz y experto en pol¨ªticas de seguridad y drogas
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