En el l¨ªmite del sabotaje democr¨¢tico

El Congreso de los Diputados se salv¨® ayer de vivir un momento sin precedentes en nuestra historia democr¨¢tica: la irrupci¨®n del poder judicial en un pleno del poder legislativo suspendiendo una votaci¨®n que estaba prevista en el orden del d¨ªa. El Tribunal Constitucional aplaz¨® su pleno extraordinario convocado para responder al recurso de amparo presentado por el PP la tarde del mi¨¦rcoles con el fin de evitar la tramitaci¨®n de la reforma del sistema de elecci¨®n de los jueces del tribunal de garant¨ªas. El aplazamiento dej¨® sin efecto de forma provisional la maniobra obstruccionista urdida por el brazo jur¨ªdico de la derecha pol¨ªtica. La petici¨®n del PP de medidas cautelares y cautelar¨ªsimas ¡ªes decir, que el Tribunal pudiera decidir suspender sin escuchar a la otra parte¡ª sigue viva y el riesgo de una colisi¨®n institucional in¨¦dita en esta democracia volver¨¢ a vivirse el lunes cuando el Constitucional retome el pleno en el que los conservadores tienen mayor¨ªa (hay seis elegidos a propuesta del PP y cinco del PSOE). La reforma se aprob¨® ayer en el Congreso, pero a¨²n debe votarse en el Senado el pr¨®ximo d¨ªa 22.

La decisi¨®n por tanto sigue en manos de un tribunal que tiene, adem¨¢s, un conflicto de intereses interno. Cuatro de los magistrados que deben decidir sobre la tramitaci¨®n de la reforma est¨¢n directamente afectados por ella porque la renovaci¨®n de sus cargos caducados depende de que prospere o no. Entre ellos se encuentra el propio presidente del Constitucional. El tribunal tiene asignadas funciones de control de constitucionalidad de las leyes una vez han sido aprobadas, pero adelantarse a su aprobaci¨®n e impedir el trabajo parlamentario supondr¨ªa una extralimitaci¨®n de funciones que lo deslegitimar¨ªa seriamente, adem¨¢s de que dif¨ªcilmente encontrar¨ªa acomodo en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Conviene recordar c¨®mo se ha llegado a una situaci¨®n de esta gravedad. Ante la resistencia del CGPJ, tambi¨¦n caducado desde hace cuatro a?os, a nombrar sus candidatos a renovar el Constitucional, el Gobierno adopt¨® un procedimiento expeditivo y cuestionable para incluir en la reforma expr¨¦s del C¨®digo Penal la norma que permitir¨ªa desbloquear los nombramientos. De acuerdo con la reforma, si pasados tres meses los nombramientos que corresponden al CGPJ no se alcanzan por acuerdo de tres quintos de sus miembros, se nombrar¨¢ a los dos candidatos m¨¢s votados, sin necesidad de ninguna mayor¨ªa cualificada y sin el requisito de qu¨®rum.

La excepcionalidad del d¨ªa de ayer ¡ªy la posibilidad de que esa excepcionalidad se materialice el lunes¡ª es un reflejo del insostenible atrincheramiento que vive el poder judicial en estrecha connivencia con el PP. Perpetuar a toda costa sus mayor¨ªas conservadoras en el gobierno de los jueces sigue siendo objetivo irrenunciable de la derecha, a pesar de las reiteradas recomendaciones de la UE para deponer su abierta insumisi¨®n constitucional. Para ello, parece dispuesto a llevar hasta el l¨ªmite las costuras del sistema en una peligrosa maniobra de desestabilizaci¨®n y descr¨¦dito de las instituciones.

Al utilizar una v¨ªa de urgencia como la proposici¨®n de ley, el Gobierno ha privado a la ciudadan¨ªa del debate reposado que merecen asuntos como la reforma de la sedici¨®n, la malversaci¨®n y la renovaci¨®n del Constitucional. V¨ªas que se han utilizado en otras ocasiones y que los mecanismos de la democracia ¡ªel propio TC¡ª han corregido o censurado. Pero entre un atajo legislativo y un intento de sabotaje del trabajo de las Cortes espa?olas hay un largu¨ªsimo recorrido. A estas alturas hay que apelar a la responsabilidad y a la autoestima del Constitucional para evitar ahondar esta grav¨ªsima crisis entre instituciones.