El Constitucional aplaza al lunes el pleno para estudiar si paraliza la reforma sobre su renovaci¨®n

El Tribunal Constitucional ha retrasado hasta el pr¨®ximo lunes el pleno de urgencia para estudiar la petici¨®n del PP de paralizar la tramitaci¨®n de la reforma legal que facilita la renovaci¨®n del propio tribunal de garant¨ªas, una reforma que el Congreso ha aprobado en la tarde de este jueves. El pleno del Constitucional ha comenzado a las 13.00 con un retraso de tres horas sobre el horario inicial, y finalmente se ha pospuesto hasta el lunes a petici¨®n de los cinco magistrados del bloque progresista, que han pedido tiempo, por la complejidad del asunto y para revisar las nuevas peticiones presentadas por las partes. Entre estas se encuentra una recusaci¨®n a dos de los miembros del tribunal planteada por Unidas Podemos.

Los magistrados del sector progresista han pedido el aplazamiento para contar con ¡°el tiempo indispensable¡± para ¡°el estudio completo del asunto¡±. En su escrito, hacen hincapi¨¦ en ¡°el volumen de la documentaci¨®n aportada¡±, ¡°la complejidad de la cuesti¨®n que plantea el recurso¡± y ¡°la relevancia de la decisi¨®n¡±, a lo que unen los ¨²ltimos escritos presentados. Seg¨²n una carta dirigida al presidente del Constitucional, la suma de estas circunstancias les ¡°imposibilita [...] participar en la deliberaci¨®n y votaci¨®n¡±. El escrito est¨¢ firmado por el vicepresidente del tribunal, Juan Antonio Xiol R¨ªos, y los magistrados C¨¢ndido Conde-Pumpido Tour¨®n, Mar¨ªa Luisa Balaguer Callej¨®n, Ram¨®n S¨¢ez Valc¨¢rcel e Inmaculada Montalb¨¢n Huerta.

El sector progresista considera que el aplazamiento del pleno es un ¨¦xito porque, adem¨¢s de permitirles preparar la deliberaci¨®n, supone que el Congreso ha podido votar este jueves las reformas legales propuestas por el Gobierno. No obstante, el tribunal de garant¨ªas a¨²n tiene tiempo para actuar sobre las enmiendas impugnadas, ya que estas no ser¨¢n aprobadas definitivamente hasta ser debatidas en el Senado el pr¨®ximo 22 de diciembre y publicadas posteriormente en el BOE.

La reforma legal impulsada por el Gobierno es una modificaci¨®n expr¨¦s del C¨®digo Penal (para derogar el delito de sedici¨®n y rebajar las penas del de malversaci¨®n) en el que, adem¨¢s, se han incluido dos enmiendas que facilitan la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional, pendiente desde hace seis meses por el bloqueo impuesto por los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial. Esas dos enmiendas no tienen nada que ver con el asunto de la proposici¨®n de ley (la reforma del C¨®digo Penal), algo que la jurisprudencia del Constitucional proh¨ªbe, y por eso el PP y Vox hab¨ªan pedido que el tribunal paralizase la tramitaci¨®n con una medida cautelar¨ªsima, alegando que lesionaba los derechos de los diputados.

En su recurso, los populares argumentaron, adem¨¢s, que la reforma atenta contra el Estado de derecho, la libertad y la justicia. ¡°Se ha infringido mediante los acuerdos recurridos la lealtad debida por la misma a la noci¨®n de Estado Democr¨¢tico de Derecho, a valores superiores de libertad, justicia y pluralismo pol¨ªtico y, por lo dem¨¢s, a los compromisos internacionales que el Reino de Espa?a mantiene con la Uni¨®n Europea y el Consejo de Europa¡±, reza el texto. Y a?ade que los grupos proponentes han incurrido en ¡°fraude de ley parlamentaria¡±, fruto de la ¡°deriva progresiva y progresiva¡± de aquellos ¡°hacia la degradaci¨®n de nuestro sistema democr¨¢tico¡±.

El PSOE y Podemos se han opuesto a esa paralizaci¨®n de la votaci¨®n; y, adem¨¢s, Podemos ha recusado esta ma?ana al presidente del tribunal, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, y al magistrado Antonio Narv¨¢ez, cuyo mandato est¨¢ caducado desde el 12 de junio y que fueron nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Ambos tendr¨ªan que haber sido sustituidos por el Ejecutivo, pero el bloqueo actual lo impide.

El PSOE ha pedido al Constitucional que proteja la ¡°autonom¨ªa parlamentaria¡± y deniegue la petici¨®n del PP de suspender el proceso legislativo. En su escrito, argumenta que, de acordarse la suspensi¨®n, ¡°s¨ª existir¨ªa una vulneraci¨®n del derecho de participaci¨®n pol¨ªtica de los diputados establecido en el art¨ªculo 23 de la Constituci¨®n¡±. Tambi¨¦n pide al tribunal que evite incurrir en ¡°una injerencia¡± en el proceso legislativo, algo que colocar¨ªa al ¨®rgano de garant¨ªas ¡°en una posici¨®n que no le corresponde¡±, afirma.

Los socialistas subrayan como doctrina consolidada del Constitucional que la suspensi¨®n es una medida ¡°de car¨¢cter extraordinario y de aplicaci¨®n restrictiva¡± y que en este caso no existen ¡°perjuicios de dif¨ªcil reparaci¨®n¡± porque el procedimiento legislativo no ha concluido. Por otra parte, el grupo socialista expone que el procedimiento legislativo se ha desarrollado en las C¨¢maras respetando las distintas fases: toma en consideraci¨®n, apertura de plazo de enmiendas, debate de totalidad, ponencia en la Comisi¨®n de Justicia y aprobaci¨®n por parte de dicha comisi¨®n. Y que las decisiones las han ido tomando los diferentes ¨®rganos de gobierno de la C¨¢mara: Mesa del Congreso, Junta de Portavoces y Mesa de la Comisi¨®n de Justicia.

El PSOE considera que la admisi¨®n de una medida cautelar que produzca la suspensi¨®n del procedimiento parlamentario ¡°impide que el conjunto de diputados y diputadas ejerzan leg¨ªtimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberan¨ªa popular¡±. El escrito subraya que ¡°una injerencia del Tribunal Constitucional de esta naturaleza colocar¨ªa al int¨¦rprete supremo de la Constituci¨®n en una posici¨®n que no le corresponde, adelantando, mediante una medida cautelar, una resoluci¨®n de fondo respecto de un eventual vicio procedimental, que, de darse, podr¨ªa constatarse posteriormente¡±.

El escrito de Podemos coincide en esencia con el del PSOE, aunque pone el ¨¦nfasis en la circunstancia de que los magistrados Trevijano y Narv¨¢ez tienen un inter¨¦s personal y directo en este asunto, porque, si el Constitucional se hubiera renovado en tiempo y forma, tendr¨ªan que haber dejado sus cargos el pasado junio. Podemos alega, por tanto, que ellos est¨¢n ¡°directamente afectados por la reforma planteada en la proposici¨®n de ley¡± ¡ªque busca precisamente la renovaci¨®n del ¨®rgano, lo que implicar¨ªa que ambos abandonaran sus puestos¡ª, lo que cuestiona su imparcialidad. Por ello, solicita que se abstengan o que se les tenga por recusados.

El recurso de amparo de Vox argumenta que ¡°la adopci¨®n de la medida cautelar [suspender la tramitaci¨®n] no provoca ninguna perturbaci¨®n, pues no existe un inter¨¦s leg¨ªtimo superior a la protecci¨®n de la esencia de nuestro sistema constitucional, que no es otro que la unidad de Espa?a¡±.

El partido de Santiago Abascal plantea que los cambios legales propuestos por el PSOE y Podemos para facilitar la renovaci¨®n del Constitucional deber¨ªan haberse realizado en todo caso mediante un proyecto de ley, y que si no se ha hecho as¨ª ha sido ¡°con la exclusiva finalidad de eludir todas las garantias legales que acompa?an a un proyecto de ley y que, en textos normativos como el presente, de hondo calado constitucional, determinan invariablemente la vulneraci¨®n del derecho de los diputados y senadores¡±.