Transici¨®n h¨ªdrica justa

El Consejo de Ministros aprob¨® el martes la planificaci¨®n hidrol¨®gica de 12 cuencas, con el preceptivo informe del Consejo de Estado, y se volvi¨® a desatar un conflicto sobre la gesti¨®n del agua, protagonizado especialmente por las comunidades que se sienten afectadas por su incidencia en el trasvase Tajo-Segura. La aplicaci¨®n de la Directiva Marco del Agua del a?o 2000, que obliga a establecer caudales ecol¨®gicos, supone reducir el volumen a trasvasar y esto choca, en un contexto de cambio clim¨¢tico que conlleva menor disponibilidad de este recurso, con las demandas de los agricultores de Valencia, Murcia o Andaluc¨ªa.

Los conflictos de esta naturaleza no son nuevos y muestran que las urgencias del presente muchas veces est¨¢n re?idas con la exigencia de velar por la conservaci¨®n de recursos para el futuro. Apenas hace unos meses se han vivido situaciones parecidas con los regad¨ªos ilegales de Do?ana y un poco antes saltaban todas las alarmas ante el desastre del mar Menor. Hay quien dice que las guerras del agua reaparecen, y esto no es un buen augurio. Lo que tienen en com¨²n todos estos problemas es la constataci¨®n de que en un escenario de cambio clim¨¢tico, con una reducci¨®n notable de agua en buena parte de las cuencas espa?olas, es obligado replantearse sus usos y demandas. O lo que es lo mismo, que ya no sirve el marco actual y que es inevitable explorar nuevas soluciones cuando un recurso de tanta importancia como el agua es cada vez menor. Es cierto que cualquier modificaci¨®n legislativa a la que est¨¢ obligando el cambio clim¨¢tico puede afectar gravemente a determinadas actividades, pero utilizar de manera partidista y al hilo de las pr¨®ximas citas electorales los temores que produce cualquier cambio que altera el statu quo complica y distorsiona lo que es una obligaci¨®n, la de cumplir las leyes.

Europa se adelant¨® a esta inquietante realidad y en el a?o 2000 aprob¨® la Directiva Marco del Agua, que deja claro que el primer usuario de este recurso, una vez garantizado el consumo humano, es el r¨ªo, porque solo de esa manera podr¨¢ seguir siendo un r¨ªo y generando econom¨ªas en torno a ¨¦l. La aplicaci¨®n de esta directiva con los criterios de protecci¨®n de los ecosistemas establecidos es la que est¨¢ provocando conflictos sociales por lo que supone de replanteamiento de los usos tradicionales.

?Qu¨¦ cabe esperar, por tanto, de las fuerzas pol¨ªticas que nos gobiernan ante una situaci¨®n as¨ª? En primer lugar, huir de todo populismo h¨ªdrico. Negar las evidencias de la reducci¨®n de disponibilidad de agua, o articular promesas haciendo caso omiso de la legislaci¨®n, es meter la cabeza bajo la tierra, como el avestruz, en lugar de afrontar el desaf¨ªo. Por otro lado, se deben articular mecanismos de transici¨®n h¨ªdrica justa. Si bien es innegable que la reducci¨®n de caudales de todos los r¨ªos por el cambio clim¨¢tico, incluido el Tajo, obliga a reconsiderar las concesiones de agua y adaptarlas a la nueva situaci¨®n, tambi¨¦n lo es que urge articular procesos de di¨¢logo en los que acordar c¨®mo abordar los cambios dando salidas tanto a las personas como a los territorios afectados. La desalaci¨®n suele aparecer como una soluci¨®n, y en parte lo es, siempre y cuando no oculte la necesidad de adaptar las demandas y usos del agua a la nueva situaci¨®n.

Las pol¨ªticas que se han puesto en marcha en torno a los convenios de transici¨®n justa en las zonas de cierre de minas de carb¨®n marcan la pauta de c¨®mo abordar estos procesos de cambio y transici¨®n obligada con criterios de justicia social.