Operaci¨®n Kitchen

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha pedido 15 a?os de c¨¢rcel y 33 de inhabilitaci¨®n para cada uno de los principales integrantes de la c¨²pula pol¨ªtica y policial del Ministerio del Interior durante el primero de los dos ¨²ltimos mandatos del Partido Popular (2011-2016). Los dos fiscales que han investigado el caso atribuyen al exministro Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, a su secretario de Estado, Francisco Mart¨ªnez, y a su director adjunto operativo de la polic¨ªa, Eugenio Pino, los delitos de encubrimiento, malversaci¨®n y contra la intimidad. Junto a ellos, tres veteranos comisarios de Polic¨ªa perpetraron los hechos m¨¢s graves y bochornosos que ha conocido este ministerio desde el caso GAL, que llev¨® a la c¨¢rcel en 1998 al exministro socialista Jos¨¦ Barrionuevo y a su secretario de Estado, Rafael Vera.

Los hechos investigados ahora en el denominado caso Kitchen demuestran la existencia de un enorme agujero en los sistemas de control de una democracia moderna: un butr¨®n en el coraz¨®n de la Seguridad del Estado, perpetrado por el mismo poder pol¨ªtico encargado de velar por su buen funcionamiento. Seg¨²n la investigaci¨®n, el Ministerio del Interior, a cuyo cargo est¨¢ la polic¨ªa que investiga los delitos a las ¨®rdenes de un juez, planific¨® una operaci¨®n secreta para robar documentaci¨®n a la familia del extesorero del PP Luis B¨¢rcenas, con el ¨²nico fin de tapar la corrupci¨®n de la formaci¨®n pol¨ªtica que en ese momento gobernaba Espa?a e intentar anular as¨ª la causa abierta en la Audiencia Nacional por supuesta financiaci¨®n ilegal. Un grupo de comisarios, a las ¨®rdenes del ministro y del secretario de Estado, iba eliminando las pruebas que buscaba otro grupo a las ¨®rdenes del juez que investigaba el caso.

El Partido Popular est¨¢ embarcado desde hace 10 a?os en una peligrosa huida hacia adelante para ocultar u obviar los 20 a?os de financiaci¨®n ilegal (1990-2009) que su tesorero Luis B¨¢rcenas recogi¨® en unos papeles publicados por EL PA?S. La primera estrategia fue desmentir esos papeles y denunciar a este peri¨®dico en los tribunales, pero todos los jueces archivaron esas iniciativas. Como el esc¨¢ndalo estall¨® cuando el PP gobernaba con mayor¨ªa absoluta, desde el Ministerio del Interior que dirig¨ªa Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz se puso en marcha un operativo para destruir otras pruebas de esa caja b que pudiera ocultar B¨¢rcenas. Los comisarios y altos cargos de Interior no fueron los ¨²nicos que trabajaron para obstaculizar esa investigaci¨®n judicial. Los audios de la corrupci¨®n publicados por EL PA?S han demostrado que la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, maquin¨® junto al comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo todo tipo de maniobras para salvar a la formaci¨®n conservadora de una condena segura en los tribunales. Pese a esas evidencias, ni la Audiencia Nacional ni el juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n han visto, de momento, materia suficiente para incluir a Cospedal en la lista de los implicados en esta operaci¨®n ilegal.

Mientras tanto, el PP no acaba de asumir su colosal error ni ha pedido perd¨®n a la sociedad espa?ola por los 20 a?os de financiaci¨®n ilegal que han destapado las distintas investigaciones judiciales durante los mandatos de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y Mariano Rajoy. Una sentencia de la Audiencia Nacional acredita ya parte de esos hechos. El PP tampoco se ha disculpado por el funcionamiento del Ministerio del Interior con Fern¨¢ndez D¨ªaz, calificado como delictivo por la Fiscal¨ªa. Es ya muy tarde, en efecto, pero un partido que aspira a gobernar de nuevo Espa?a deber¨ªa saber limpiar esa mancha que afecta al coraz¨®n del Estado.