Investigar la corrupci¨®n

Los ocho tomos que abarca el sumario de la causa abierta por la jueza de instrucci¨®n de Santa Cruz de Tenerife contienen la informaci¨®n m¨¢s relevante ahora disponible sobre las maniobras presuntamente delictivas ¡ªmordidas, favores, gestiones ventajistas¡ª del ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado Tito Berni, del general de divisi¨®n de la Guardia Civil jubilado, Francisco Javier Espinosa Navas, y del mediador que da nombre a la causa, Marco Antonio Navarro Tacoronte, cuyo historial delictivo es amplio (con diversas condenas que suman cerca de 10 a?os de c¨¢rcel). Las declaraciones ante la jueza de Navarro Tacoronte y las pruebas que aport¨® ¡ªim¨¢genes y grabaciones sacadas de su tel¨¦fono m¨®vil¡ª dieron inicio a la investigaci¨®n sobre esta supuesta trama corrupta. Contra el criterio de la jueza, el exdiputado est¨¢ en libertad provisional (dado que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n no pidi¨® un encarcelamiento que ella s¨ª cre¨ªa ¡°aconsejable¡±) mientras que de los 12 detenidos solo el general de divisi¨®n permanece en prisi¨®n al hallar la polic¨ªa ocultos en su domicilio 61.000 euros que el auto atribuye a los pagos de los empresarios de la trama.

La fulminante expulsi¨®n de Fuentes Curbelo del PSOE y la entrega del esca?o ante las informaciones que lo vinculaban a la trama justifican la apertura de una investigaci¨®n interna en el partido. La respuesta encarna de forma clara la intransigencia ante la corrupci¨®n que ha calado en un partido que sufri¨® en sus propias carnes los efectos de la trama de los ERE en Andaluc¨ªa. Entre los hechos que la jueza considera acreditados est¨¢ el desv¨ªo de fondos, supuestamente hacia el bolsillo del exdiputado, de 5.900 euros que donaron varios empresarios al club deportivo que presid¨ªa Fuentes Curbelo a cambio de que les ayudara con distintas gestiones. El auto incluye tambi¨¦n como presunto regalo en especie al exdiputado canario de unos paneles fotovoltaicos. El investigado asegura que una comisi¨®n judicial registr¨® su domicilio sin hallar rastro del supuesto cohecho, aunque s¨ª dispone de un panel comprado en 1987. La declaraci¨®n de bienes que registr¨® el diputado en el Congreso tampoco da pistas de su posible enriquecimiento il¨ªcito.

La sensibilizaci¨®n de la sociedad espa?ola ante los casos de corrupci¨®n (grande, peque?a o liliputiense) es una noticia favorable sobre la salud democr¨¢tica del pa¨ªs y ha tenido efectos pol¨ªticos recientes de considerable envergadura (como la p¨¦rdida del poder por parte del PP en el Gobierno central o del PSOE en el Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa). El Partido Socialista ha reaccionado con firmeza y prontitud ante un uso sospechoso del Congreso de los Diputados y ese es el camino deseable tambi¨¦n para cualquier partido que pueda verse en circunstancias parecidas. Los tejemanejes de un diputado canario con varios empresarios pedig¨¹e?os de favores, un mediador con un firme historial delictivo y las supuestas gratificaciones obtenidas en especie ¡ªprostituci¨®n, coca¨ªna y cajas de puros¡ª revuelven el est¨®mago de la ciudadan¨ªa ante la evidencia de haber accedido a la trastienda sucia de una parte de la sociedad. La repugnancia moral de saber que algunos empresarios celebran sus compadreos con prostitutas y coca¨ªna y el tufo insoportable de ranciedumbre moral que despierta son razones suficientes para que la investigaci¨®n judicial de este y otros casos, sea cual sea su origen y partido, llegue hasta las ¨²ltimas consecuencias.

Estamos en a?o electoral y no puede sorprender la magnificaci¨®n pol¨ªtico-medi¨¢tica de este caso pese a las dimensiones que a fecha de hoy tiene. Al fondo hay una reclamaci¨®n democr¨¢tica inexcusable para el PP. El principal partido de la oposici¨®n tiene todo el derecho de exigir explicaciones al PSOE y tiene tambi¨¦n la obligaci¨®n de ofrecerlas sobre la legalidad del patrimonio de la alcaldesa de Marbella, ?ngeles Mu?oz (tal como le exige el Senado), la causa abierta por el Supremo contra el diputado Alberto Casero en su etapa de alcalde de Trujillo o las actuaciones del Ministerio del Interior cuando su titular era Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, para quien la Fiscal¨ªa acaba de pedir 15 a?os de c¨¢rcel y 31 de inhabilitaci¨®n por el caso Kitchen.