Rebajar penas por malversar sin ¨¢nimo de lucro favorecer¨ªa a numerosos condenados o procesados por corrupci¨®n del PSOE y del PP

Rebajar las penas (ahora de hasta ocho a?os de c¨¢rcel) para quienes han destinado dinero p¨²blico a fines il¨ªcitos siempre y cuando no se hayan lucrado personalmente con esa actividad podr¨ªa beneficiar a dirigentes del PSOE y del PP que han sido ya condenados a penas de c¨¢rcel o est¨¢n procesados por graves casos de corrupci¨®n.

La reforma del C¨®digo Penal para reducir castigos est¨¢ promovida por ERC y amparada por el Gobierno para ¡°normalizar¡± la situaci¨®n en Catalu?a evitando altas penas de c¨¢rcel para dirigentes independentistas que a¨²n est¨¢n pendientes de juicio o huidos de la justicia por el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El cambio legal a¨²n tiene que pasar el filtro del Congreso y el Senado, pero ya cuenta con el rechazo de significados dirigentes territoriales del PSOE y de toda la oposici¨®n de derechas.

La controvertida reforma legal se centra en el art¨ªculo 432 del C¨®digo Penal, reformado por el Gobierno del PP en 2015 para endurecer las penas por malversaci¨®n y que impuso castigos m¨¢s graves para la administraci¨®n desleal de fondos p¨²blicos y el da?o al patrimonio com¨²n. Este es parte de su articulado:

¡°1. La autoridad o funcionario p¨²blico que cometiere el delito del art¨ªculo 252 (administraci¨®n desleal) sobre el patrimonio p¨²blico, ser¨¢ castigado con una pena de prisi¨®n de dos a seis a?os, inhabilitaci¨®n especial para cargo o empleo p¨²blico y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez a?os¡±.

¡°3. Se impondr¨¢n las penas de prisi¨®n de cuatro a ocho a?os e inhabilitaci¨®n absoluta por tiempo de diez a veinte a?os si en los hechos a que se refieren los dos n¨²meros anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes: a) se hubiera causado un grave da?o o entorpecimiento al servicio p¨²blico, o b) el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros. Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondr¨¢ la pena en su mitad superior, pudi¨¦ndose llegar hasta la superior en grado¡±.

Numerosos casos de grave corrupci¨®n juzgados en los ¨²ltimos a?os o que est¨¢n pendientes de juicio est¨¢n afectados por ese art¨ªculo 432. Lo que sigue es solo una peque?a muestra de los casos pol¨ªticamente m¨¢s relevantes que se pueden ver beneficiados por la reforma legal que se tramita en el Congreso, aunque el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, haya afirmado que la modificaci¨®n no deber¨ªa afectar a la lucha contra la corrupci¨®n:

¡®Caso Kitchen¡¯. Una mafia policial a las ¨®rdenes de la c¨²pula pol¨ªtica del PP en el Ministerio del Interior perpetr¨® entre 2013 y 2015 un espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis B¨¢rcenas, y a su familia, con la intenci¨®n de sustraer documentaci¨®n que pudiera implicar en varios delitos al Gobierno de Mariano Rajoy, seg¨²n la investigaci¨®n judicial.

El juez instructor, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, dict¨® hace unos meses auto de procesamiento para sentar en el banquillo al exministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Mart¨ªnez, y a media docena de excomisarios, implicados en los hechos. Entre ellos, Jos¨¦ Manuel Villarejo, el polic¨ªa que durante m¨¢s de 20 a?os simultane¨® su trabajo de polic¨ªa con sus negocios privados para ejercer actividades ilegales a favor de empresarios que le pagaban grandes cantidades de dinero, o de dirigentes del Partido Popular, para intentar obstaculizar la labor de la justicia y ocultar los delitos que hubieran podido cometer.

El juez lleva a juicio a la c¨²pula pol¨ªtica y policial del Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 tras acumular numerosos indicios de diversos delitos, entre ellos el de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos de los art¨ªculos 432 y 433 del C¨®digo Penal. En el sumario del caso no hay una sola prueba de que el exministro o su n¨²mero dos, el exsecretario de Estado, se lucraran con la operaci¨®n ilegal que pusieron en marcha y que se financi¨® toda ella con fondos p¨²blicos.

¡®Caso P¨²nica¡¯. El caso P¨²nica investiga desde hace ocho a?os una trama de corrupci¨®n masiva en la Comunidad de Madrid durante los gobiernos de Esperanza Aguirre (PP) e Ignacio Gonz¨¢lez (PP). El juez instructor finaliz¨® la investigaci¨®n de una de las piezas separadas del proceso referida a la financiaci¨®n ilegal del PP de Madrid entre 2007 y 2015. El auto de procesamiento sienta en el banquillo a quienes fueron altos cargos del Gobierno de Aguirre, como Isabel Gallego, directora general de Comunicaci¨®n, o Borja Sarasola, exconsejero de Medio Ambiente. La investigaci¨®n de esa pieza separada sobre la financiaci¨®n ilegal del partido en la comunidad madrile?a no ha recabado pruebas del lucro personal de ambos en los hechos investigados, que beneficiaron a la reputaci¨®n en internet de sus jefes inmediatos, Esperanza Aguirre e Ignacio Gonz¨¢lez, absueltos en esta causa penal. Sin embargo, tanto a Gallego como a Sarasola el juez les atribuye un delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos.

¡®Caso ERE¡¯. El Tribunal Supremo confirm¨® la condena a seis a?os de c¨¢rcel al expresidente andaluz y exconsejero de Hacienda, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, junto a los exconsejeros y ex altos cargos de la Junta, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, Jes¨²s Rodr¨ªguez Rom¨¢n y Miguel ?ngel Serrano Aguilar. Ninguno de ellos trabajaba en la Consejer¨ªa de Empleo desde la que desviaron de manera fraudulenta grandes cantidades de dinero p¨²blico a empresas. Tampoco ninguno de ellos, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, obtuvo lucro personal por aquellos hechos, pero todos han sido condenados por un delito de malversaci¨®n por permitir que se pagaran las ayudas conociendo que en la gesti¨®n de las mismas se estaban produciendo grav¨ªsimas ilegalidades. Dos de los cinco magistrados que juzgaron los hechos en el Tribunal Supremo firmaron un voto particular donde rechazaban que los cinco condenados a penas de c¨¢rcel hubieran cometido el delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos que les atribu¨ªan.