Justicia: la garra autoritaria avanza

Una aplanadora autoritaria recorre impunemente el mundo. Ella socava y arrasa con la democracia y, para hacerlo, remece la independencia judicial y la funci¨®n de la judicatura. Si antes eran los cuarteles el espacio a conquistar para construir un poder autoritario, hoy la justicia es el espacio prioritario a controlar.

En todos los continentes se extiende, como mancha de aceite, el prop¨®sito de controlar y someter a la justicia para poder marchar sin contrapesos ni interferencias en las decisiones del poder pol¨ªtico. Desde un poder as¨ª de inmune -e impune- se generan las condiciones perfectas no solo para el autoritarismo sino para la corrupci¨®n por falta de contrapeso judicial independiente. Convirtiendo al poder pol¨ªtico no solo en absoluto, sino en una potencial organizaci¨®n criminal; sin freno frente a sus prop¨®sitos.

Son varios los ejemplos en el mundo; y este peri¨®dico les ha venido dando cobertura en los ¨²ltimos meses. En un recorderis que no pretende ser exhaustivo hay varias ¡°perlas¡± como las siguientes. Y hay muchas m¨¢s, por supuesto.

El proceso creciente de concentraci¨®n de poder por el presidente Kais Saied en T¨²nez; el rodillo autoritario bajo la f¨¦rula de Jaros?aw Kaczy¨½ski en el coraz¨®n de Europa, Polonia; las incontinencias autoritarias en Centroam¨¦rica, tanto de Daniel Ortega (Nicaragua) o de Nayib Bukele (El Salvador). Y, tambi¨¦n en Centroam¨¦rica, el desgajamiento sostenido del sistema de fiscales y jueces en Guatemala que ha acabado con m¨¢s de 30 fiscales o jueces/zas en el exilio por prevenci¨®n frente a las argollas del poder arbitrario y de la corrupci¨®n. Por ejemplo, la ex fiscal general Thelma Aldana, el fiscal Juan Francisco Sandoval y la jueza Erika Aif¨¢n.

Con este tel¨®n de fondo hay dos ejemplos recientes en las que esta opci¨®n autoritaria se ha venido expresando con claridad de manera evidente: Israel y Per¨². En planos y dimensiones muy diferentes, pero afectando en tiempo reciente y de distinta forma el principio de separaci¨®n de poderes.

En el caso de Per¨², el ataque no proviene del poder ejecutivo, como en los ejemplos mencionados o Israel, sino -parad¨®jicamente- de un componente de la propia justicia que es el Tribunal Constitucional (TC). Ello en una reciente y muy cuestionada sentencia que cercena inconstitucionalmente nada menos que las facultades judiciales de control del poder pol¨ªtico. Se estaba ante decisiones judiciales regulares que frenaron un oscuro y cuestionado proceso en el Congreso para seleccionar a la cabeza de la Defensor¨ªa del Pueblo. Con el a?adido de que el TC llama represivamente, adem¨¢s, a que se investigue y sancione a los miembros de la judicatura que, en ejercicio de sus funciones, han enfrentado, en ejercicio de su funci¨®n judicial, el cuestionado proceso para escoger al Defensor/a del Pueblo.

La decisi¨®n del TC es para el caso espec¨ªfico. Pero establece un peligroso principio general y precedente que cercena la facultad de la justicia de actuar ante una actuaci¨®n indebida de un espacio pol¨ªtico (el Congreso). La reacci¨®n ha sido firme y contundente dentro de lo que destaca la de la Corte Suprema del pa¨ªs, tribunal crecientemente independiente, que ha denunciado p¨²blicamente ¡°los graves efectos que puede tener para la protecci¨®n de los derechos fundamentales de los ciudadanos¡± la sentencia del TC.

Lo que ¡°en peque?o¡± se perpetra desde el TC peruano ante ese caso puntual es lo que ha venido ocurriendo en Israel a partir del proyecto pol¨ªtico autoritario y de extrema derecha desde el Gobierno de Benjam¨ªn Netanyahu. Las recientes y gigantescas movilizaciones de los ¨²ltimos d¨ªas han logrado suspender su el proyecto; pero no ha quedado enterrado. Frente a la amenazante dimensi¨®n del ¡°proyecto Netanyahu¡± destaca la reacci¨®n vigorosa de la ciudadan¨ªa israel¨ª.

Se enfrent¨® la ciudadan¨ªa a una propuesta que apa?aba asuntos como los proyectos extremistas de construir, en contra del derecho internacional, m¨¢s asentamientos en Cisjordania o para enfrentar las medidas destinadas a deportar a los llamados ¡°infiltrados¡± africanos, solicitantes de asilo que han entrado ilegalmente en Israel. Se opone el proyecto autoritario, tambi¨¦n, a decisiones de la Corte Suprema de dejar sin efecto leyes de exenci¨®n religiosa que absolv¨ªan de facto a estudiantes ultraortodoxos del servicio militar. Y, tambi¨¦n, como tel¨®n de fondo, est¨¢ el hecho de algunos pol¨ªticos que han sido investigados, acusados o condenados penalmente por el sistema judicial, que desean que este pierda poder.

Uno de los aspectos claves del proyecto gubernamental es cambiar la composici¨®n del comit¨¦ de selecci¨®n judicial. Eso para darle al poder ejecutivo el peso decisivo en el mismo sobre el nombramiento, promoci¨®n y destituci¨®n de jueces en todos los niveles del poder judicial, incluida la Corte Suprema. Adem¨¢s, subir del 80% al 100% la proporci¨®n de votos en la Corte Suprema para anular una ley por inconstitucional y, en general, hacer que las leyes b¨¢sicas sean inmunes a la revisi¨®n judicial.

Por el momento, y gracias a la ejemplar reacci¨®n de la sociedad israel¨ª, este proyecto autoritario, como se sabe, queda en hold pero la independencia judicial y la democracia siguen amenazadas. Pues una de las principales v¨ªas de arrasar con el Estado de derecho y la democracia es precisamente acabar con la independencia del sistema judicial teniendo en cuenta que el estado de derecho, para sostenerse, requiere un sistema eficaz de separaci¨®n de poderes.

Eso es lo que est¨¢ en cuesti¨®n en casos como los aqu¨ª mencionados, incluida la peque?a lista que a modo de recorderis aqu¨ª se incluye. No son, pues, asuntos que ata?en exclusiva ni centralmente a quienes integran la profesi¨®n legal. Lo ha demostrado con vigor y eficacia la sociedad israel¨ª en los ¨²ltimos d¨ªas.

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