Asesinatos de l¨ªderes ind¨ªgenas: pasividad
La realidad clama una acci¨®n, tanto preventiva como de reacci¨®n, eficaz. La lenidad tiene que terminar y, de no ocurrir cambios, el sistema pol¨ªtico debe determinar las responsabilidades que pudieran existir
El drama se repite y repite. El ¨²ltimo asesinato ocurri¨® hace menos de una semana, el 8 de abril, en que el l¨ªder ash¨¢ninka Santiago Camilo Contoric¨®n Ant¨²nez fue asesinado de un balazo en la provincia peruana de Satipo (regi¨®n de Jun¨ªn). En realidad, tr¨¢gico ¡°pan de cada d¨ªa¡± en varios pa¨ªses de la regi¨®n frente a lo cual se hace poco o nada.
Al ritmo de la inacci¨®n -o la acci¨®n deficiente- del Estado y la sociedad ¨¦sta se ...
El drama se repite y repite. El ¨²ltimo asesinato ocurri¨® hace menos de una semana, el 8 de abril, en que el l¨ªder ash¨¢ninka Santiago Camilo Contoric¨®n Ant¨²nez fue asesinado de un balazo en la provincia peruana de Satipo (regi¨®n de Jun¨ªn). En realidad, tr¨¢gico ¡°pan de cada d¨ªa¡± en varios pa¨ªses de la regi¨®n frente a lo cual se hace poco o nada.
Al ritmo de la inacci¨®n -o la acci¨®n deficiente- del Estado y la sociedad ¨¦sta se repite tantas veces cuantas la vida de dirigentes ind¨ªgenas en Latinoam¨¦rica es amenazada o lisa y llanamente aniquilada. De acuerdo a informes de la organizaci¨®n Global Witness, en torno a 1.800 defensores de derechos humanos en zonas asediadas por sus recursos naturales habr¨ªan sido asesinadas en los ¨²ltimos diez a?os en el mundo.
No se puede soslayar el hecho lamentable de que, en torno a este asunto, la mayor¨ªa de medios masivos de comunicaci¨®n, acaso por ser hechos recurrentes, no le otorga mucha atenci¨®n. Hago excepci¨®n en ello de EL PA?S (Am¨¦rica) y de La Rep¨²blica (LR) de Per¨², medios a los que sigo diariamente que s¨ª tratan este drama con tanta frecuencia como ¨¦ste se presenta. As¨ª, la portada del pasado martes 11 de abril de LR destaca este drama como su titular de portada acompa?¨¢ndolo con la fotograf¨ªa de 20 ¡°l¨ªderes ind¨ªgenas asesinados con total impunidad¡± en el Per¨².
Lo que hoy ocurre es dram¨¢tico y a ratos parece guardar semejanza con etapas hist¨®ricas en los que intereses predadores -tanto durante la colonia como despu¨¦s de ella- hicieron de los ind¨ªgenas objetivos a abatir para apropiarse de sus territorios. En eso, con otras modalidades, se est¨¢ ahora.
Si las im¨¢genes narradas con dramatismo por Bartolom¨¦ de las Casas o fray Bernardino de Sahag¨²n sobre la conquista espa?ola y el avasallamiento de los derechos de los pueblos ind¨ªgenas eran terribles, al fin, eran ¡°cosas del pasado colonial¡±. En plena rep¨²blica, el ¡°genocidio del Putumayo¡± por la Casa Arana en la explotaci¨®n del caucho en Colombia/Per¨² (r¨ªos Putumayo/Caquet¨¢) en el per¨ªodo 1879-1912 fue otra historia de horror, masacres, esclavitud y abusos.
Pero el horror contin¨²a. Bajo otras modalidades en pleno siglo XXI destacan dos asuntos en este panorama desolador.
En primer lugar que, si en el pasado colonial y republicano la ¡°masa¡± ind¨ªgena como tal parec¨ªa ser el objetivo a abatir y someter directamente, para convertirla en fuerza de trabajo asalariada o esclavizarla, en la actualidad el objetivo son los dirigentes ind¨ªgenas defensores de los derechos de sus pueblos y los territorios que representan. Porque el objetivo, intimidando o asesinando dirigentes, que busca esencialmente generar terror para ocupar territorios o apropiarse de ellos para sembrar plantas de coca, la extracci¨®n forestal predadora o la miner¨ªa ilegal del oro.
Ese es el panorama dentro del que, por ejemplo, en los ¨²ltimos diez a?os, 322 personas han sido asesinadas en Colombia por su trabajo dirigencial y de representaci¨®n para defender la tierra y el medioambiente. Sobre el Per¨² Global Witness ha registrado al menos 51 asesinatos de dirigentes ind¨ªgenas defensores de derechos humanos entre 2012 y 2021. De acuerdo al reciente informe de la organizaci¨®n peruana Pro¨¦tica entre abril de 2020 y abril de 2022, 21 personas defensoras fueron impunemente asesinadas o desaparecidas cuando estaban actuando en contextos de defensa de sus derechos en la amazon¨ªa. Caso excepcional dentro del marco de la extendida impunidad es la condena por la justicia peruana a 28 a?os y tres meses de c¨¢rcel a los cinco acusados del asesinato, ocurrido en setiembre del 2014, de cuatro l¨ªderes ind¨ªgenas en la comunidad de comunidad nativa Alto Tamaya Saweto, distrito de Masisea (Ucayali).
En segundo lugar, es visible y lamentable la inacci¨®n o, en el mejor de los casos, actuaci¨®n deficiente de los Estados. En mayor o menor medida, sean M¨¦xico, Honduras, Colombia o Per¨², las medidas preventivas o de protecci¨®n son inexistentes o deficientes, as¨ª como las posteriores de investigaci¨®n y sanci¨®n. Dentro de esas condiciones dif¨ªciles y de acci¨®n estatal, lo que la realidad clama es una acci¨®n, tanto preventiva como de reacci¨®n, eficaz. La lenidad, pues, tiene que terminar. De no ocurrir cambios, el sistema pol¨ªtico debe determinar las responsabilidades pol¨ªticas, administrativas o penales que pudieran existir.
Algo se ha hecho pero sin mayor impacto. En el Per¨², por ejemplo, se cre¨® el 2019 un mecanismo interinstitucional en el Gobierno central para abordar el problema de la violencia creciente contra las personas defensoras, agrupando a nueve entidades del poder ejecutivo con una serie de obligaciones en materia de prevenci¨®n y protecci¨®n. De acuerdo con lo expuesto en el informe de Pro¨¦tica, si en el Ministerio de Ambiente se cre¨® -correctamente- la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (UNI-DA), el sistema institucional en su conjunto esta signado por una serie de falencias y deficiencias en su funcionamiento. Por ejemplo, en el Ministerio del Interior -clave en el tema de la seguridad- no se ha elaborado el protocolo de actuaci¨®n sectorial. Ser¨ªa importante asegurar que un mecanismo como este se refuerce, funcione debidamente y se adopten acciones como las que se sugiere en el informe de Pro¨¦tica.
Sin perjuicio de ello, debe tomarse en cuenta, a la vez, que, junto a esa mara?a de intereses oscuros, ilegales y predadores, puede haber proyectos empresariales limpios y leg¨ªtimos. Por ejemplo, en el ¨¢mbito forestal. Estos pueden ser aliados de las buenas causas para promover espacios de respeto rec¨ªproco y de protecci¨®n del medio ambiente en el que puedan coexistir los pueblos ind¨ªgenas del lugar junto con proyectos empresariales serios. Este no tiene que ser considerado in genere como predador como experiencias positivas en otros lares lo demuestran. La madera, por ejemplo, es una de las principales exportaciones de Finlandia. Chile, por su lado, es el exportador de madera aserrada n¨²mero doce en el mundo y desde zonas que no est¨¢n siendo depredadas.
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