Sacar el dinero de la caja

Las corporaciones locales acumulaban a 31 de diciembre de 2022 m¨¢s de 37.000 millones de euros en dep¨®sitos y efectivo, seg¨²n el Banco de Espa?a, una cantidad equivalente a cerca de la mitad del gasto en sanidad. Estos ahorros son el resultado de una d¨¦cada de super¨¢vits ininterrumpidos, fruto de una r¨ªgida disciplina fiscal y de unos ingresos y gastos muy estables y poco sensibles al ciclo econ¨®mico. La paradoja es que est¨¢n pr¨¢cticamente inmovilizados. La Ley de Estabilidad aprobada en 2012 proh¨ªbe a las corporaciones locales (ayuntamientos, cabildos, diputaciones¡­) incurrir en d¨¦ficit, ni emplear sus ahorros para financiar gasto, salvo en casos muy limitados. Mientras tanto, sus fuentes de ingresos, como el IBI o el impuesto de plusval¨ªa, crecen incluso en periodos de crisis, y los gastos (alumbrado p¨²blico, limpieza viaria, etc¨¦tera) no se ven muy alterados por la coyuntura, lo que les permite ahorrar con m¨¢s facilidad.

Carece de sentido mantener inmovilizada o infrautilizada una formidable cantidad de dinero que podr¨ªa destinarse a urgencias sociales m¨²ltiples como las que asaltan a los ayuntamientos, en particular en un momento de desequilibrio de las cuentas p¨²blicas y ante los retos a los que se enfrenta el Estado de bienestar, desde el envejecimiento de la poblaci¨®n al cambio clim¨¢tico o la atenci¨®n a las familias m¨¢s pobres. Adem¨¢s, es incoherente que haya ayuntamientos en n¨²meros rojos y administraciones con un desfase cr¨®nico entre ingresos y gastos, como las comunidades aut¨®nomas o el sistema de pensiones. La suspensi¨®n de las reglas fiscales a ra¨ªz de la pandemia, que ha dado m¨¢s flexibilidad a los ayuntamientos en el uso de los excedentes, tampoco ha logrado revertir la tendencia. El mismo Programa de Estabilidad que el Gobierno mand¨® la semana pasada a Bruselas constataba que en 2021 y 2022 su remanente de tesorer¨ªa (que no es del todo asimilable al dato de dep¨®sitos y efectivo del Banco de Espa?a, pero refleja la tendencia) hab¨ªa vuelto a crecer.

La soluci¨®n, sin embargo, no pasa por reventar el cors¨¦ presupuestario. El riesgo es que los excedentes acaben financiando el gasto corriente, que necesita estar respaldado por fuentes permanentes de ingresos por su naturaleza plurianual y la discrecionalidad de los alcaldes. La Autoridad Fiscal (Airef) alertaba en un reciente informe de que las 24 mayores corporaciones locales sufragaron 1.500 millones de gasto en 2022 con ahorros de a?os anteriores gracias a la suspensi¨®n de las reglas fiscales, el 35% para gasto corriente.

Se impone la necesidad de pensar otro modo de repartir las competencias entre administraciones. Las comunidades son quienes gestionan los pilares del bienestar (sanidad, educaci¨®n y servicios sociales), pero podr¨ªan transferir algunas pol¨ªticas a las corporaciones locales. La cesi¨®n tambi¨¦n podr¨ªa ir en direcci¨®n inversa y afectar a las fuentes de ingresos. Por ejemplo, las autonom¨ªas o la Administraci¨®n central podr¨ªan asumir la recaudaci¨®n del IBI o de otras figuras que ahora son competencia de los consistorios. Otra alternativa es prestar los remanentes: las corporaciones locales podr¨ªan conceder pr¨¦stamos a un tipo de inter¨¦s ventajoso a otras administraciones o municipios con desfases en sus cuentas. En cualquier caso, es necesario abrir el debate en todos los niveles de la Administraci¨®n para dar un destino ¨²til a unas cantidades de dinero que hoy por hoy no lo tienen. Podr¨ªa, de hecho, desembocar en la necesaria reforma del sistema de financiaci¨®n, que lleva a?os pendiente.