El cerco represivo del chavismo

Cada vez que Nicol¨¢s Maduro advierte una amenaza pol¨ªtica, opta por una respuesta represiva. El ¨²ltimo contraataque lleva gest¨¢ndose desde enero y desemboc¨® la semana pasada en la detenci¨®n de la activista y abogada Roc¨ªo San Miguel. La embestida contra la oposici¨®n est¨¢ orquestada por la Fiscal¨ªa y por su m¨¢ximo responsable, Tarek William Saab, alto funcionario encargado de ejecutar los designios del Gobierno. Primero denunci¨® cinco supuestas tramas para asesinar al presidente Maduro. M¨¢s tarde puso en marcha una operaci¨®n policial en la que fueron detenidas decenas de personas, entre ellas algunos colaboradores de Mar¨ªa Corina Machado, candidata de las fuerzas antichavistas y ganadora de las primarias, hoy inhabilitada. Por ¨²ltimo, orden¨® la captura de San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano y con doble nacionalidad, espa?ola y venezolana.

La abogada fue detenida en el aeropuerto de Caracas y durante tres d¨ªas las autoridades no informaron de su paradero. A su arresto se sumaron tambi¨¦n los de algunos familiares, que despu¨¦s quedaron en libertad. Sin embargo, San Miguel fue enviada al Helicoide, la prisi¨®n del servicio de inteligencia, bajo las acusaciones de terrorismo y traici¨®n a la patria. El aparato gubernamental suele recurrir a la supuesta amenaza de desestabilizaci¨®n en los momentos m¨¢s cr¨ªticos, lo que facilita a la vez la movilizaci¨®n de sus bases y la construcci¨®n de un relato. Un sector de la oposici¨®n sirvi¨® en bandeja a Maduro esa estrategia porque s¨ª existieron intentos probados de derrocar al mandatario, como la llamada Operaci¨®n Gede¨®n, que en 2020 termin¨® en un disparatado desembarco con mercenarios extranjeros en dos playas de Venezuela.

El caso de San Miguel, no obstante, es radicalmente distinto: la ¨²nica evidencia presentada es un v¨ªdeo editado en el que un militar la vincula con una presunta conspiraci¨®n. Estados Unidos, la Uni¨®n Europea y decenas de ONG rechazaron su detenci¨®n. Dentro de su pol¨ªtica de acallar a los testigos inc¨®modos, el Gobierno decret¨® este jueves la expulsi¨®n en 72 horas del personal de la oficina de Derechos Humanos de la ONU. Esta arremetida se da, adem¨¢s, en un contexto preciso. La celebraci¨®n de elecciones presidenciales, previstas para este a?o, sigue en el horizonte, aunque de momento no existe ninguna claridad sobre el calendario. Una de las pocas cosas que el chavismo ha dejado clara es que no permitir¨¢ la participaci¨®n de Machado. Una decisi¨®n ampliamente cuestionada por la comunidad internacional y que, con todo, supone un dur¨ªsimo golpe para la unidad de las filas opositoras, donde ya ha aflorado el debate sobre un nuevo posible candidato.

El supuesto giro de Nicol¨¢s Maduro hacia la apertura ha sido un espejismo. En 2023 acept¨® acercarse a la oposici¨®n y las partes incluso alcanzaron importantes acuerdos en una mesa de di¨¢logo desplegada en Barbados. En paralelo, Caracas obtuvo algunos beneficios pol¨ªticos y econ¨®micos: Washington relaj¨® las sanciones al sector petrolero y acord¨® un intercambio de presos que permiti¨® la liberaci¨®n del empresario Alex Saab, acusado de ser el testaferro del presidente venezolano. El Gobierno no parece temer ahora una represalia de la Casa Blanca, ha vuelto a activar su maquinaria represiva y hasta ha amenazado con procesar a quien ponga en duda la teor¨ªa del complot. Una t¨¢ctica que, aunque pueda tener como efecto inmediato la probable permanencia de Maduro en el poder, queda lejos del camino democr¨¢tico de unas elecciones libres y con garant¨ªas que demandan los venezolanos.