La memoria de la democracia

La respuesta del Partido Popular y Vox a las recomendaciones formuladas este viernes por la ONU sobre las denominadas ¡°leyes de concordia¡± de los Gobiernos regionales de Castilla y Le¨®n, Arag¨®n y la Comunidad Valenciana vuelve lamentablemente a abrir un debate que parec¨ªa resuelto. Hace tiempo que no deber¨ªamos preguntarnos por la posici¨®n de las derechas respecto a un tema capital: las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Espa?a durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y el respeto y reparaci¨®n debidos a las v¨ªctimas de tales atropellos.

No es la primera vez que el Partido Popular frivoliza de forma irresponsable la memoria hist¨®rica utiliz¨¢ndola como parte de su estrategia de desestabilizaci¨®n del Gobierno, pero no deja de ser c¨ªvicamente descorazonador que un organismo internacional tenga que recordarle sus obligaciones a una democracia plenamente consolidada como la espa?ola. Seg¨²n los expertos que han redactado el informe a partir de la documentaci¨®n de los propios Parlamentos y Ejecutivos auton¨®micos, las leyes aprobadas por los gobiernos del PP sostenidos por la ultraderecha ¡°ordenan la supresi¨®n de m¨²ltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria hist¨®rica¡±.

M¨¢s all¨¢ de la gravedad de tales medidas en un momento en el que el propio PP dice abanderar la causa de la verdad y la libertad de expresi¨®n, no deber¨ªamos olvidar que un partido de Estado ha de asumir las leyes, principios y tratados internacionales que dice respetar. La Ley de Memoria Democr¨¢tica responde a una obligaci¨®n jur¨ªdica que deriva de los compromisos internacionales asumidos por todos los gobiernos de Espa?a, incluidos los del Partido Popular. Pero la formaci¨®n liderada por Alberto N¨²?ez Feij¨®o contin¨²a, 46 a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, utilizando los argumentos de la ultraderecha de VOX y relativizando la dictadura, es decir, contradiciendo interesadamente el ampl¨ªsimo consenso historiogr¨¢fico mundial en torno al siglo XX, establecido por decenas de historiadores de todas las nacionalidades e ideolog¨ªas.

La oposici¨®n pol¨ªtica no es solo leg¨ªtima sino necesaria para el buen funcionamiento de toda democracia, pero la estrategia del PP da?a gravemente tanto la convivencia entre espa?oles como la imagen internacional de Espa?a en un momento de delicado equilibrio geopol¨ªtico y de contestaci¨®n reaccionaria a las formas b¨¢sicas del Estado de derecho en todo el mundo. Dejar de utilizar la memoria y el dolor de las v¨ªctimas como moneda de cambio en la lucha por el poder es algo que una democracia consolidada como la espa?ola deber¨ªa haber desterrado hace mucho, como han sabido hacer otras democracias europeas.

El respeto por la verdad de los hechos debe prevalecer sobre cualquier fin partidista, m¨¢s a¨²n si hablamos de violaciones de los derechos humanos. Uno de los relatores del informe sobre las leyes del PP y Vox ha sido claro al respecto: ¡°Es una ofensa a la inteligencia decir que no existe algo que existe¡±. Por eso es una exigencia ¨¦tica que los l¨ªderes pol¨ªticos sean inequ¨ªvocos a este respecto. Sin embargo, a la vista de la respuesta del Partido Popular, cabe preguntarse cu¨¢l es la parte que no asume de la obligaci¨®n legal de adoptar ¡°las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los est¨¢ndares internacionales en materia de preservaci¨®n de la memoria hist¨®rica de graves violaciones de derechos humanos¡±. En un tema como ese no puede haber margen para el revisionismo irresponsable ni la manipulaci¨®n electoralista.