Frenar la matanza en Gaza

Espa?a se sumar¨¢ a la demanda de Sud¨¢frica contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU por presunto incumplimiento de la Convenci¨®n para Prevenci¨®n y la Sanci¨®n del Delito de Genocidio. Ser¨¢ as¨ª el primer pa¨ªs de la Uni¨®n Europea en comparecer en el proceso como parte. Son ya 13 los firmantes de la Convenci¨®n que han expresado su intenci¨®n de litigar contra otro Estado tambi¨¦n firmante, el israel¨ª, por vulnerar el acuerdo promovido en 1948 para evitar precisamente que se repitieran genocidios como el sufrido por el pueblo jud¨ªo en Europa bajo el r¨¦gimen nazi.

Esta es, junto al reconocimiento del Estado palestino, la segunda iniciativa con la que Espa?a se sit¨²a en vanguardia de la diplomacia continental mientras Estados Unidos, Egipto y Qatar pugnan por imponer una tregua. No es la espa?ola una iniciativa que se pueda minimizar como simb¨®lica, ya sea por parte de quienes proponen medidas m¨¢s dr¨¢sticas ¡ªy probablemente in¨²tiles o incluso perjudiciales, como la ruptura de relaciones diplom¨¢ticas con Israel¡ª, ya sea por quienes descalifican los pasos del Ejecutivo como parte de la campa?a electoral europea. Los instrumentos del derecho internacional son el recurso apropiado para presionar a un Estado que lo est¨¢ vulnerando reiteradamente al tiempo que desobedece las medidas cautelares ¡ªde obligado cumplimiento¡ª impuestas en enero por el propio Tribunal Internacional de Justicia.

El Gobierno espa?ol pretende que Israel obedezca esa orden y pare la guerra, pero no se ha pronunciado sobre la acusaci¨®n de genocidio expresada personalmente por algunos de sus ministros y, sobre todo, por sus socios de coalici¨®n o de investidura. Tampoco el tribunal internacional ha entrado hasta ahora en el fondo de la acusaci¨®n sudafricana. Cuando lo haga ¡ªpueden pasar a?os¡ª ser¨¢ probablemente demasiado tarde como para que tenga alg¨²n efecto sobre la destrucci¨®n y el sufrimiento inferido a la poblaci¨®n civil de Gaza. Su resoluci¨®n, adem¨¢s, tiene car¨¢cter de arbitraje entre Estados, no efecto penal, algo que corresponde a la Corte Penal de Justicia.

Lo urgente no es pues la prueba del supuesto genocidio sino la aplicaci¨®n cautelar de medidas para evitarlo. Lo que se exige a Israel es que cese en sus bombardeos indiscriminados, garantice los suministros a la poblaci¨®n y termine con la hambruna. A Ham¨¢s, por su parte, se le exige que libere a los rehenes. Tales objetivos validan por s¨ª mismos la iniciativa espa?ola.

Es inevitable, no obstante, relacionar la demanda con el cierre decretado por Israel de los servicios consulares que Espa?a presta a los ciudadanos palestinos en Jerusal¨¦n desde 1853, cuando el territorio se hallaba a¨²n bajo el imperio otomano y, posteriormente, el mando brit¨¢nico. Esta restricci¨®n es una represalia por el reconocimiento del Estado de Palestina que finalmente recae sobre una poblaci¨®n sin responsabilidad alguna en la decisi¨®n espa?ola, pero constituye una vulneraci¨®n adicional de las costumbres y convenios multilaterales, en este caso ejercidos en un consulado abierto el siglo XIX, mucho antes de la creaci¨®n del Estado de Israel.

La respuesta espa?ola se limita a utilizar las armas pac¨ªficas del derecho internacional y demuestra ejemplarmente el valor de la diplomacia, temida por el extremista Ejecutivo israel¨ª por sus efectos sobre el conjunto de la Uni¨®n Europea. No es el Gobierno de Espa?a sino el de Netanyahu el que est¨¢ cada vez m¨¢s aislado.