Por un nuevo modelo de las comisiones de investigaci¨®n

Es evidente que las comisiones de investigaci¨®n, como cualquier otro instrumento parlamentario, est¨¢n condicionadas por intereses pol¨ªticos de oportunidad o de periodicidad electoral que incorporan a su funcionamiento importantes elementos de distorsi¨®n en su genuino dise?o y funci¨®n.

Es indudable que, en algunos casos, las herramientas democr¨¢ticas han devenido, por la instrumentalizaci¨®n de su propio funcionamiento, en elementos que la acci¨®n pol¨ªtica coloniza o sustituye en sentido contrario a su propia naturaleza.

Adem¨¢s, nuestro dise?o institucional ¡ªcasi siempre otorgado, siempre con un exquisito respeto hacia la autoridad¡ª otorga a la mayor¨ªa parlamentaria un papel predominante tanto en su funci¨®n legislativa como de control del Gobierno, una mayor¨ªa que, como en todo sistema parlamentario, es la que normalmente sustenta dicho Gobierno.

Sin embargo, si deseamos ofrecer a las nuevas generaciones una democracia cre¨ªble, sana y acorde con las nuevas demandas de transparencia, necesitamos repensar ese dise?o y, en general, los l¨ªmites que han desequilibrado el papel de los poderes p¨²blicos, dotando de elementos objetivos, funcionales y de rigor los mecanismos que sostienen el Estado democr¨¢tico de derecho.

En pocas palabras: necesitamos que las cosas sean lo que dicen que son.

Por contra, las comisiones de investigaci¨®n siguen siendo usadas para casi todo menos para conocer una verdad o para dilucidar las responsabilidades pol¨ªticas de nuestros representantes.

Estas comisiones tienden m¨¢s bien a desarrollar un trabajo medi¨¢tico buscando un refrendo parlamentario para la posici¨®n pol¨ªtica hegem¨®nica de la C¨¢mara. No es de extra?ar, por tanto, que acab¨¢ramos llegando al estrambote de tener en nuestras dos C¨¢maras legislativas sendas comisiones de investigaci¨®n sobre el mismo asunto, la presunta corrupci¨®n en los contratos p¨²blicos durante la pandemia, y con contrario pero id¨¦ntico objetivo: la exclusiva conveniencia de la mayor¨ªa en cada una de ellas representada.

Bastar¨ªan, sin embargo, no tantos cambios reglamentarios para que, convenientemente articulados, en Espa?a desarroll¨¢ramos adecuadamente el art¨ªculo 76 de nuestra Constituci¨®n. Lo complejo, no obstante, no es pensarlos. Lo dif¨ªcil es conjugar esa conciencia democr¨¢tica exigente y real entre la sociedad y sus representantes que les obligue a implementarlos.

En primer lugar, en cuanto a su creaci¨®n ser¨ªa necesario permitir que la propuesta pueda ser presentada por una cuarta o una quinta parte de los miembros de la C¨¢mara ¡ªcomo en Alemania o en Portugal¡ª, poniendo al alcance de las minor¨ªas una herramienta tan relevante de control.

Es importante tambi¨¦n regular plazos concretos para su aprobaci¨®n en el Pleno y, a partir de ah¨ª, exigir un lapso m¨¢ximo para su constituci¨®n. Esto permitir¨ªa paliar de alguna forma que las comisiones de investigaci¨®n tengan ese sesgo de oportunidad partidista m¨¢s que de eficaz control y averiguaci¨®n. Hay que regular tambi¨¦n la elecci¨®n de la Mesa y de su presidencia, incluyendo un elemento de aleatoriedad o, al menos, de objetividad en su elecci¨®n, dada su importancia en la ordenaci¨®n de los plazos y la participaci¨®n en la comisi¨®n.

Es necesario valorar tambi¨¦n la impertinencia ¡ªo la suspensi¨®n¡ª de la comisi¨®n de investigaci¨®n cuando se haya sustanciado un procedimiento judicial sobre el asunto a investigar, subrayando la importancia de la responsabilidad pol¨ªtica como algo independiente de la responsabilidad penal, lo que resulta especialmente importante en estos dif¨ªciles tiempos de lawfare.

Y es absolutamente necesario revisar el car¨¢cter ponderado en el voto de los representantes en la comisi¨®n para evitar trasladar la representaci¨®n de los grupos en el Congreso a sus trabajos. Debe tenerse en cuenta que la decisi¨®n final de aprobaci¨®n del dictamen de la comisi¨®n de investigaci¨®n siempre ser¨¢ decisi¨®n del Pleno ¡ªmucho m¨¢s visible para la opini¨®n p¨²blica¡ª, pero el dictamen ha de estar dotado de la mayor objetividad.

Es igualmente determinante que los parlamentarios puedan desarrollar su trabajo con eficacia, lo que implica habilitar los recursos econ¨®micos, de conocimiento y personales que faciliten ese trabajo. Al margen del reconocido d¨¦ficit democr¨¢tico de nuestra legislaci¨®n en cuanto a la informaci¨®n reservada, la documentaci¨®n es crucial para la informaci¨®n e investigaci¨®n del objeto de la comisi¨®n. En Francia, en Italia o en Estados Unidos los requerimientos de documentaci¨®n cuentan con la m¨¢xima coerci¨®n como representantes de la soberan¨ªa.

En definitiva, en nuestra mano est¨¢ regular el correcto funcionamiento de las comisiones de investigaci¨®n como herramientas para detectar, corregir y prevenir los comportamientos pol¨ªticos leg¨ªtimamente sometidos a investigaci¨®n y para determinar y subrayar el car¨¢cter distintivo de las responsabilidades pol¨ªticas.

Y no es solo el prestigio del parlamentarismo lo que est¨¢ en juego. Lo que de verdad est¨¢ en juego es la legitimidad de nuestro sistema pol¨ªtico como eficaz mecanismo de control del poder.

Porque solo una democracia que se controla a s¨ª misma desde la verdad y la objetividad cierra a sus enemigos la puerta de esa impugnaci¨®n general basada en la politizaci¨®n de la verdad y en la ineficacia de nuestras instituciones.