Estado de derecho y ¡®lawfare¡¯: manual de instrucciones

El acuerdo suscrito entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya el pasado mes de noviembre incorpora un buen n¨²mero de contenidos pol¨¦micos. Entre ellos, merece una especial atenci¨®n el referido a la creaci¨®n de comisiones parlamentarias de investigaci¨®n para determinar la existencia de lawfare o judicializaci¨®n de la pol¨ªtica en relaci¨®n con las investigaciones judiciales relacionadas con el proc¨¦s. Seg¨²n reza el texto del acuerdo, de corroborarse la instrumentalizaci¨®n con fines pol¨ªticos de dichas causas jurisdiccionales, las conclusiones alcanzadas no solo ¡°se tendr¨¢n en cuenta en la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa¡±. Asimismo, se abre la puerta a que las consecuencias derivadas de las mismas ¡°en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas¡±. Esta iniciativa merece una valoraci¨®n abiertamente negativa en t¨¦rminos constitucionales, tanto por cuestionar el principio de sometimiento del poder judicial a la Constituci¨®n y el resto del ordenamiento como por el profundo desconocimiento que demuestra sobre las funciones atribuidas a las comisiones parlamentarias de investigaci¨®n.

En Espa?a, la Constituci¨®n proclama, asumiendo un valor esencial del Estado de derecho, que los jueces y magistrados que integran el poder judicial son ¡°independientes, inamovibles, responsables y sometidos ¨²nicamente al imperio de la ley¡± (art¨ªculo 117.1 CE). El desarrollo de sus funciones ¡ª¡±juzgar y hacer ejecutar lo juzgado¡±¡ª, por lo tanto, se rige en exclusiva por par¨¢metros jur¨ªdicos. Es as¨ª y no puede ser de otra forma, porque para el caso de que un juez se aparte del terreno de lo jur¨ªdico en la resoluci¨®n de un caso sometido a su jurisdicci¨®n, dej¨¢ndose guiar por consideraciones pol¨ªticas o de otra ¨ªndole, se prev¨¦n mecanismos para depurar tal irregularidad y exigir la correspondiente responsabilidad. Por lo tanto, si se prueba que una sentencia ha sido dictada a sabiendas de su car¨¢cter injusto, por no estar basada en derecho, estaremos en presencia de un delito de prevaricaci¨®n judicial, castigado con severas penas por el C¨®digo Penal. Porque, no nos enga?emos, al traer a colaci¨®n sospechas de lawfare o apelar a la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica cuando se juzgan causas relacionadas con cuestiones pol¨ªticas, se est¨¢ dando p¨¢bulo a la hip¨®tesis de que los jueces se han prevalido de su condici¨®n para castigar injustamente conductas dotadas de relevancia penal. Resulta leg¨ªtimo que el independentismo se interrogue sobre la posibilidad de un uso espurio de la justicia en la persecuci¨®n de determinadas actuaciones que han merecido reprobaci¨®n jur¨ªdica. Que se disipe toda sombra de duda sobre si se han producido supuestos de prevaricaci¨®n u otras irregularidades en las causas judiciales de las que han sido parte, adem¨¢s, es imperativo en todo Estado de derecho. Ahora bien, para despejar las aludidas sospechas no vale cualquier medio, debiendo acudir a los cauces legalmente establecidos. Y puesto que dichos cauces se circunscriben al ¨¢mbito judicial, en modo alguno pueden las comisiones parlamentarias de investigaci¨®n asumir tal funci¨®n. Asimismo, para el caso que se hubieran producido infracciones merecedoras de reprobaci¨®n disciplinaria, su constataci¨®n y sanci¨®n tampoco corresponder¨ªan a dichas comisiones, sino al Consejo General del Poder Judicial (titular exclusivo de tal potestad).

Pueden investigar ¡°cualquier asunto de inter¨¦s p¨²blico¡± las comisiones de investigaci¨®n que se creen en el Congreso, en el Senado o, con car¨¢cter conjunto, en las Cortes Generales (art¨ªculo 76.1 CE). Al ser ¨®rganos de naturaleza pol¨ªtica (su creaci¨®n debe ser aprobada por la mayor¨ªa parlamentaria), no cabe perder de vista que su actividad no resulta equiparable a la que llevan a cabo los ¨®rganos judiciales. Precisamente por ello, la Constituci¨®n prev¨¦ que sus conclusiones no resultan ¡°vinculantes para los tribunales, ni afectar¨¢n a las resoluciones judiciales¡±. Ahora bien, en la hip¨®tesis de que los resultados obtenidos arrojen indicios de conductas contrarias a la ley, estos se pondr¨¢n en conocimiento del ¡°Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas¡±. Con la finalidad de favorecer el adecuado desempe?o de sus tareas, la comparecencia solicitada por una comisi¨®n de investigaci¨®n resulta obligatoria para sus destinatarios (art¨ªculo 76.2 CE), los cuales incurrir¨¢n en un delito de desobediencia grave en caso de incumplimiento.

Trazados los rasgos configuradores b¨¢sicos de estos ¨®rganos parlamentarios, cabr¨ªa estimar, como ha sido puesto de manifiesto desde el independentismo catal¨¢n, que nada impide su creaci¨®n para dilucidar supuestos de prevaricaci¨®n o irregularidades jurisdiccionales aludidas, al tratarse de un asunto dotado de indudable de inter¨¦s p¨²blico. Asimismo, que los jueces citados a comparecer ante las mismas estar¨ªan obligados a hacerlo, ya que de lo contrario incurrir¨ªan en responsabilidad. Y, en ¨²ltimo lugar, que si se verificase que, efectivamente, se han producido casos de lawfare, se deber¨¢ poner en conocimiento de la Fiscal¨ªa para que act¨²e en consecuencia.

La realidad constitucional de la cuesti¨®n, empero, resulta diametralmente opuesta a esta percepci¨®n. En primer lugar, porque como ha manifestado expresamente el Tribunal Constitucional las comisiones parlamentarias de investigaci¨®n no pueden ejercer ¡°funciones constitucionalmente reservadas a los ¨®rganos judiciales¡± (STC 77/2023), incluy¨¦ndose entre estas ¡°la declaraci¨®n de hechos constitutivos de delito¡±. La imposibilidad se?alada aparece directamente conectada con la circunstancia de que tales comisiones emiten ¡°juicios de oportunidad pol¨ªtica¡±, por lo que ¡°carecen jur¨ªdicamente de idoneidad para suplir la convicci¨®n de certeza que solo el proceso judicial garantiza¡± (SSTC 46/2001 y 133/2018). Por lo tanto, la tarea de fiscalizaci¨®n parlamentaria no puede consistir en ¡°calificar jur¨ªdicamente eventuales actos o conductas punibles, ni efectuar una imputaci¨®n o atribuci¨®n individualizada a los sujetos investigados¡±, ya que esta actividad es propia y exclusiva de los procesos judiciales. Ni que decir tiene la importancia esencial que juega en este planteamiento el debido respeto al derecho fundamental a la presunci¨®n de inocencia, puesto que con el desempe?o de las actividades vedadas se produce un serio cuestionamiento del mismo al margen de las garant¨ªas que brindan los procesos judiciales.

En todo caso y a pesar de lo expuesto, no puede descartarse que la propuesta de la creaci¨®n de comisiones salga adelante gracias al respaldo manifestado por la mayor¨ªa del Congreso. En tal caso, ya se ha anunciado que ser¨ªan convocados a comparecer aquellos miembros de la judicatura sobre los que recaen las sospechas de lawfare, algunos de los cuales ya fueron expresamente se?alados en una reciente intervenci¨®n ante la C¨¢mara baja por Miriam Nogueras, portavoz de Junts. Tal eventualidad ha merecido el rechazo un¨¢nime del Consejo General del Poder Judicial, que ha recordado que la ley impone a las autoridades civiles y militares la obligaci¨®n de abstenerse ¡°de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia¡±. La preservaci¨®n de la independencia en el ejercicio de la funci¨®n jurisdiccional es la clave explicativa de la oposici¨®n manifestada, cerrando el paso a la interferencia de otros poderes estatales sobre el judicial. Consecuentemente, si se formulasen solicitudes de comparecencia a jueces y magistrados, el Consejo no las autorizar¨¢ en ning¨²n caso. Los citados, por lo tanto, no estar¨¢n obligados a comparecer y, lo que es m¨¢s importante, de su negativa no se derivar¨¢ ninguna responsabilidad jur¨ªdica.

Act¨²a en t¨¦rminos institucionalmente correctos el ministro de Justicia cuando reivindica la independencia de la judicatura y manifiesta el compromiso del Gobierno con el poder judicial. Cabr¨ªa esperar, sin embargo, que tan positiva ¡ªy, por lo dem¨¢s, l¨®gica¡ª actitud superase el terreno de lo meramente te¨®rico para adquirir un contenido efectivo. As¨ª suceder¨ªa si, obviando lo acordado, el Ejecutivo se negara a apoyar la creaci¨®n de estas comisiones de investigaci¨®n, apart¨¢ndose de lo pactado y abogando para que las hipot¨¦ticas responsabilidades judiciales se sustancien ante los ¨®rganos competentes. El respeto a nuestro Estado de derecho as¨ª lo exige. La preservaci¨®n de la separaci¨®n de poderes, tambi¨¦n. Hasta aqu¨ª llega el razonamiento en clave constitucional. Veremos qu¨¦ nos depara la realidad pol¨ªtica.